Empresarios: siguen las presiones

Juan Paz y Miño

Hace una semana, el 27 de febrero de 2018, el Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) dirige un nuevo oficio al presidente Lenín Moreno. El documento está suscrito por el presidente del CEE, y se adhieren a él las múltiples y variadas “cámaras de la producción”, un extenso listado de toda la elite de gremios del sector en Ecuador.

Desde luego, no se encuentra allí ni una sola organización campesina, montubia, indígena, de trabajadores; algún gremio de medianos o pequeños empresarios, peor microempresarios o “informales”; nadie de la economía popular y solidaria, ni organizaciones barriales; imposible que estén académicos, profesores universitarios, intelectuales; ningún otro tipo de profesionales o estudiantes. Naturalmente estos sectores tienen intereses distintos a los empresarios del CEE y sus adherentes.

De modo que la carta empresarial debe ser entendida como la expresión de los intereses de un sector minoritario, pero que es, además, el que concentra los ejes del poder económico privado en el país.

Nadie les negará el derecho a exponer sus planteamientos y a ofrecer recetas económicas para el Ecuador. Solo que hay que visualizarlas bajo otras perspectivas, ya que lo que se plantea en el oficio al Presidente Moreno son intereses económicos de una clase social, no políticas nacionales, ni políticas de Estado, que tomen en cuenta al conjunto de la sociedad y peor a los intereses de otros sectores sociales como los que he nombrado y que, en conjunto, representan la enorme mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas.

Todos coincidiremos en que es necesario “crecimiento económico, estabilidad fiscal, defensa de la dolarización, más empleo productivo y programas sociales sostenibles”, como afirman los empresarios. Pero también otros sectores de ecuatorianos queremos que, al mismo tiempo, se profundice la redistribución de la riqueza, se mantenga la soberanía económica nacional, se garantice el medio ambiente saludable, se consideren las estructuras regionales y la multiplicidad social y cultural del país, se mejoren las condiciones del trabajo y de los trabajadores, se equilibre el desarrollo social sin exclusividad para el sector privado, e incluso que se fortalezcan las capacidades estatales, incluyendo fuertes impuestos a los ricos y sus patrimonios, para que sea posible financiar la amplia extensión de servicios públicos como salud, educación, pensiones y seguridad social, pero siempre con calidad y gratuidad.

Naturalmente estos planteamientos no se hallan en el documento del CEE. Y no por un asunto ético o de olvido, sino porque el recetario que se ofrece está ligado a la mentalidad del pasado, no se ha modernizado un milímetro, permanece anclado a las décadas finales del siglo XX, cuando hegemonizó el ideal aperturista y neoliberal.

En cambio, abiertamente se lanza contra el “modelo económico” de la pasada década, suponiéndolo ser el causante de los males nacionales e incluso se pide que el gobierno retire a los ministros que representan a ese pasado. Hasta se realiza un alineamiento político e ideológico bajo su exclusiva responsabilidad, pues se demanda “una posición firme en contra de la ruptura del orden democrático y la violación de Derechos Humanos en Venezuela”.

Entre los planteamientos económicos están: fortalecer alianzas público-privadas, ajuste gradual para reducir la caja fiscal en 9.000 millones de dólares los próximos 4 años, prohibir el uso de recursos del BCE y del IESS para financiar el déficit estatal, superar el endeudamiento existente, suscribir un acuerdo de comercio con los EEUU, renegociar Tratados Bilaterales de Inversión, adhesión a la Alianza del Pacífico, eliminar obstáculos al comercio, aliviar su carga tributaria, revisar el impuesto a la renta y eliminar su anticipo; y, obviamente, “modernizar las modalidades de trabajo”, que se concreta en: “reducción de costos de transacción de inicio y cierre de relación laboral; modalidades eficientes de contratación y jornadas de trabajos especiales adaptables a ciclos de producción; reducción de recargos por jornadas; traslado de figura de jubilación patronal al IESS; modernización de seguridad social incluyendo regímenes especiales para informales, jóvenes y autónomos”. Si se decodifican las palabras usadas, se está diciendo: suprimir indemnizaciones laborales, contratos individuales flexibilizados, jornadas laborales desreguladas, supresión de la jubilación patronal y que pase al IESS (ni una sílaba de cómo capitalizar al IESS), y ¿privatizar la seguridad social?

Desde luego, es imposible que se haga referencia a algunos datos, que contradicen lo que plantea el documento: de acuerdo con CEPAL, en América Latina la media de recaudación tributaria es del 20% del PIB y Ecuador no llega a esa media; la tasa impositiva en la región apenas es del 2,3%, mientras en Europa es del 13,3%; de acuerdo con el SRI, 215 grupos económicos adeudan  $ 2.260 millones al Estado; son $ 655 millones de perjuicio al fisco por empresas fantasmas; $ 4.700 millones salieron a paraísos fiscales, un monto equivalente al déficit fiscal; en aduanas el perjuicio por facturas falsas es casi de $ 2.000 millones; un estudio de la PUCE (2014) demostró que dominan en la economía ecuatoriana los monopolios y los oligopolios, que hay baja responsabilidad social de esos grupos, que tienen una fuerte estructura ‘familística’, y que sus ingresos representan el 46% del PIB.

Cabe preguntarse, por tanto, si el tradicional y conservador recetario empresarial permitirá la felicidad de los ecuatorianos o provocará nuevas condiciones adversas para la gran mayoría nacional. Y cabe preguntarse también ¿por qué no nace todavía en Ecuador una clase empresarial moderna, con mentalidad social renovada y capaz de asumir sus responsabilidades privadas con respecto al Estado y a la sociedad?