Los criminales andan sueltos y tienen padrinos poderosos

Jimmy Herrera

La política en el Ecuador vive un momento decadente una vez que se develaron ciertos manejos de manipulación y corrupción de algunas altas autoridades actuales. Este revuelo ha motivado al sector neoliberal a arremeter contra todo el modelo que reforzó al Estado en torno a lo social. Esta reacción no es aislada, tampoco busca corregir errores ni sancionar a los responsables; más bien, sigue un guión de desestabilización permanente contra el progresismo en la región y profundiza la impunidad y la segregación.

Tal como sucedió en Perú, en las navidades pasadas, el indulto a Fujimori no solo representó una burla a los peruanos, sino que recalcó que estas tretas de la política debilitan a la justicia y tienen el carácter regional. En Ecuador, los responsables de crímenes de lesa humanidad también andan sueltos y tienen padrinos poderosos.

La Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) acogió la legalidad de instaurar el primer juicio por crímenes de lesa humanidad en el Ecuador recién en septiembre de 2014. Desde entonces han pasado 42 meses sin audiencia de juzgamiento al respecto. La nueva audiencia prevista para el 5 de marzo próximo, busca marcar un antecedente de verdad y justicia respecto a lo que sucedió hace más de treinta años, en 1985, cuando torturaron, violentaron sexualmente y desaparecieron a tres jóvenes en Esmeraldas por parte de miembros del Ejército (caso Cajas, Vaca Jarrín).

Hace diez años se conformó en nuestro país la Comisión de la Verdad para revelar las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el país desde los años 80. Un informe de dicha instancia ciudadana motivó una investigación judicial en la cual la Fiscalía General de la Nación registró 118 casos graves de violaciones a los derechos humanos con un total de 456 víctimas, de las cuales 269 sufrieron privación ilegal de la libertad, 365 torturas, 86 violencia sexual, 17 desapariciones forzadas, 68 ejecuciones extrajudiciales y 26 atentados contra la vida. Este proceso de verdad y justicia corre serios riesgos en el panorama actual que pretende deshacer todos los avances institucionales en la década anterior.

La agenda política neoliberal lejos está de construir principios democráticos y de soberanía, mucho más lejos de construir un país de dignidad y ordenamiento jurídico. Así lo evidencian los medios de comunicación al hacer eco a ciertos voceros ligados a los regímenes de terror revelados por la Comisión de la Verdad y que perviven en estructuras de lealtad. ¿De qué otra manera se puede entender las expresiones de los involucrados en el intento de golpe del 30 S?

En la última audiencia convocada en diciembre de 2016 para el juzgamiento de este emblemático caso de crimen de lesa humanidad en el país, los poderosos presionaron para que se suspenda, incluso estuvo presente la cúpula del Alto Mando de entonces. ¿Acaso los perpetradores mantienen padrinos institucionales? ¿Acaso las tretas de los poderosos siguen el guión de encubrir a los criminales?

La memoria del pueblo representada en la lucha de los familiares y amigos de los hermanos Restrepo, Consuelo Benavídez, Las Dolores, Paúl Guañuna, Gustavo Garzón, Los Tauras, Los Putumayo, Susana Cajas, Javier Jarrín, Luis Vaca, entre tantos miles más; ha dignificado a la democracia y la ha fortalecido. Las prácticas de crimen de Estado han sido afectadas desde estas históricas y permanentes reivindicaciones. A nombre de la decadencia de la política actual se quiere pescar a río revuelto. La justicia no puede estar atropellada por la política y sus padrinos del terror.