¿Dónde fue a parar el “diálogo”?

Editorial RutaKrítica

Menos de un mes le tomó al presidente Lenín Moreno lanzar la primera definición sustantiva de su gobierno, más allá de la retórica y de los golpes de efecto que caracterizaron sus declaraciones sobre el anterior mandatario y sus seguidores, con las cuales empezaba a ganar la confianza de los sectores de derecha y de los exponentes más destacados de las élites tradicionales.

El 20 de junio de 2017 quedó clara la forma que el gobierno ecuatoriano había elegido para trasladar a la acción política una palabra insistentemente repetida por Moreno antes, durante y después de la campaña presidencial. Ese día se anunció, con bombos y platillos, la llegada de una nueva política institucional a la que se denominó “Diálogo Nacional”. Este anuncio generó grandes expectativas en la población, reflejadas en unos índices de popularidad que bordeaban el 80% en esa coyuntura, según las encuestadoras más consultadas por las grandes empresas mediáticas.

Más allá de insistir en los desaciertos -o en la mala fe, según se piense- de ciertos funcionarios, al momento muy cercanos al Presidente, conviene preguntarse qué ha ocurrido con la información recopilada y con el trabajo realizado por las siete mesas que fueron convocadas mediante decreto ejecutivo, con el propósito de “fomentar espacios de diálogo social como eje estratégico en la administración pública para generar un Estado más próximo a los ciudadanos”.

En la integración misma de estos espacios desde los cuales concurrirían, según se dijo, “integrantes del Ejecutivo y de la sociedad civil”, empezó a aparecer una característica que define, hasta el día de hoy, el rol que el gobierno nacional ha llamado a jugar a la ciudadanía en el presente período: mesas integradas por personajes notables y notorios a las que se accedió por invitación directa del Presidente de la República.

Las preguntas de la última consulta popular no surgieron de las iniciativas de “la gente”, como se insistió en los ámbitos gubernamentales y en los medios de comunicación públicos y privados. No es seguro que fueran elaboradas previamente o que, por el contrario, hayan surgido en un proceso selectivo, ni se supo quiénes las definieron y ejecutaron, y tampoco los criterios desde de los cuales, partiendo de más de siete mil preguntas preliminares, se llegó a las siete (7) recogidas en el formulario electoral nunca fueron explicitados.  

El llamado a que los ciudadanos acerquemos nuestras propias preguntas para que “entre todos” podamos precisar qué consultar no produjo ningún resultado destacable, en términos de movilización y participación de la ciudadanía y, más bien, generó algunas expresiones aisladas de descontento. Este hecho, sin embargo, fue el primer síntoma de un proceso paulatino de segregación del ciudadano común de la política que parece reforzarse como tendencia.      

Su legitimación a través de la exaltación de la consulta y el referéndum como mecanismos por excelencia para escuchar la voz del pueblo ha contribuido a que olvidemos un detalle importante: fueron muchos los convidados a la participación y al diálogo pero, para las decisiones que van a marcar los senderos por los que discurrirá la política pública en las próximas décadas, es decir mucho después de la finalización de su período. Así, el gobierno nacional está recurriendo -y cada vez con mayor asiduidad- a las viejas dirigencias y a los representantes de las élites políticas y económicas, articulados en “juntas de notables”,  convocados a negociaciones palaciegas y reunidos en petits comités.

La designación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, a partir de unas ternas propuestas por el Ejecutivo en las que el componente de “alta sociedad civil” fue prácticamente exclusivo, es una clara muestra del modo en el que la nueva política propuesta por Moreno a pocas semanas de asumido, ha empezado a permear la institucionalidad estatal. 

Es notoria, en este marco, la absoluta falta de espacios abiertos para el análisis del carácter que tienen estas transformaciones iniciales y, sobre todo, de las consecuencias que traerían para el país la consolidación de esta tendencia, vale decir, la expropiación de la política que ha empezado a impactar con fuerza en la ciudadanía. Un pequeño ejemplo de ello es la avidez con la que televidentes y radioescuchas buscan hacer oír unas voces, en las que ningún funcionario parece reparar, cuando algún programa se abre a las intervenciones telefónicas.

Resulta evidente que los medios masivos no ofrecen los elementos básicos para que el ecuatoriano promedio pueda pensar la realidad de su país, más allá de coyunturas guionadas y escándalos producidos para la galería. Sabemos de sobra que la palabra pública mediatizada se articula de espaldas a la ciudadanía debido a que se alimenta, casi siempre, de la fuente oficial, del criterio experto y de las declaraciones de personas visibles, es decir, notables. Lo que sorprende en este momento es que la comunicación gubernamental y pública, en la que abundan los sinónimos de “diálogo”, haya otorgado espacios sin precedentes a esos mismos notables. Si lo que se busca es instalar el diálogo como herramienta de construcción política, la ciudadanía debe ser capaz de identificar a quiénes y con quiénes hablan las instituciones y los funcionarios. La falta de respuestas claras al respecto es, sin duda, otro signo de que la política está siendo expropiada a los ciudadanos comunes, que cada vez la sienten más ajena y extraña.

El filósofo alemán Jürgen Habermas, en su emblemática tesis doctoral, acuñó una sofisticada expresión para lo que aquí se ha señalado: refeudalización de la esfera pública. El concepto remite a un poder político que representa sus funciones, acciones y decisiones como obras teatrales o espectáculos masivos, mientras los ciudadanos observan desde sus butacas y pantallas. Así lo hacían los siervos y la plebe ante las ejecuciones públicas o frente al paso del monarca y del señor.

Es momento, entonces, de preguntarnos seriamente sobre las concepciones de ciudadanía, participación y sociedad civil que orientan la práctica política en la actualidad. Dicho de otro modo, ¿cuáles son las nuevas subjetividades políticas que se están construyendo, tanto desde la acción concreta como desde el discurso oficial?