¿A meternos en la guerra de Colombia?

José Antonio Figueroa

Es urgente recuperar la frontera norte, pero cuando hablo de recuperar la frontera norte, hablo a favor de movilizarnos para tener ahí una presencia activa del Estado que vaya más allá de la presencia militar. Privilegiar exclusivamente la presencia militar y policial equivale a profundizar las condiciones que llevarían al Ecuador a regionalizar el conflicto colombiano, lo que sería una verdadera tragedia para el país. El conflicto colombiano tiene una serie de causas estructurales y la historia ha mostrado que la violencia en ese país mantiene una vigencia permanente porque es un negocio que favorece a unas minorías poderosas, a pesar del derrame de sangre que ha significado.

La violencia que se vive en la frontera norte del Ecuador y especialmente la frontera entre la costa nariñense y Esmeraldas está directamente ligada a la trágica historia reciente de la violencia en Colombia: en 1999, la extrema derecha colombiana, los grupos de poder internacionales y los sectores de la guerrilla que estaban interesados en la continuación de la guerra, a los que el investigador March Chernick denominó los saboteadores internos de las FARC, realizaron una campaña eficiente que condujo al fracaso de las negociaciones de paz del Caguán. Estas negociaciones se habían convertido en una de las mayores expectativas de paz en el país y el trabajo fino de los saboteadores condujo a su fracaso.

Vinculado al fracaso de las negociaciones del Caguán, el gobierno del presidente Andrés Pastrana firmó con el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, el denominado Plan Colombia, que ha significado la movilización de la astronómica cifra de alrededor de nueve mil millones de dólares, priorizando una ofensiva militar contra el narcotráfico y la guerrilla, estrategia que de antemano se sabía que era un fiasco a la hora de resolver la violencia política o el narcotráfico. Una de las acciones inmediatas que produjo la implementación del Plan Colombia fue el inicio de una ofensiva militar sin precedentes contra los cultivadores de hoja de coca ubicados en el Putumayo, frontera con Sucumbíos. La ofensiva militar y las aspersiones contra los cultivos de coca en el Putumayo produjeron un incremento inusitado de la violencia en las provincias amazónicas del Ecuador y el desplazamiento de campesinos hacia el departamento de Nariño. La llegada de los productores de coca hacia Nariño trajo consigo un dramático aumento de los niveles de la violencia en una región conformada por más de un 95% de afrodescendientes, con niveles de desempleo superiores al 80%. La costa de Nariño, así como el Putumayo y una gran vastedad del territorio colombiano reúne las condiciones del abandono del Estado, de la presencia de los agentes trasnacionales del negocio de las drogas y las condiciones ecológicas para producir la coca que satisfaga una parte de la demanda mundial, y las ofensivas militares sólo producen el desplazamiento de la producción de coca de un lugar a otro.

Al comparar la situación de la costa de Nariño con el norte de Esmeraldas nos encontramos con una intrigante similitud en los niveles de desempleo, déficits de educación y salud que golpean especialmente a la población afrodescendiente. ¿No es evidente el fracaso de la estrategia militar en Colombia y la obligación de tener una presencia democrática del Estado en la frontera colombo ecuatoriana?