Tras el dolor, ¿quién asume la responsabilidad?

Editorial RutaKrítica

El secuestro y asesinato de tres trabajadores de la comunicación en la frontera norte del país ha reabierto el debate sobre las condiciones de trabajo bajo las que están algunos periodistas en el país y la región, un debate con muchas aristas que aún no se han transparentado lo suficiente. Todo ello, si bien no es ajeno a la Ley de Comunicación, va mucho más allá de ella, pues implica a otros actores.

Los periodistas que laboran en zonas de peligro no sólo van a trabajar con la información, sino que se exponen a situaciones que no están bajo su control y ante las que deben estar mínimamente preparados. Un mal movimiento puede ser irreversible; una comunicación adecuada puede ser salvadora. Unesco y Reporteros sin fronteras compartieron un Manual de seguridad para periodistas en zonas de riesgo, pero no son los únicos: el Comité para la protección de los periodistas también arroja algunas luces sobre cómo trabajar en diferentes escenarios de violencia. ¿Conocían estos protocolos los periodistas asesinados? ¿Les brindó El Comercio todas las garantías de seguridad para que pudiesen desarrollar su trabajo en condiciones mínimas? ¿Han cambiado el ambiente y las circunstancias de los periodistas que siguen trabajando en esta o en otras empresas mediáticas? ¿Hemos aprendido algo?

Pero las preguntas continúan, porque desde el momento del secuestro asistimos a una incertidumbre mediática, a unas idas y venidas de rumores, silencios y vacíos que más que aportar claridad y respeto contribuían a crear una novela de lo que era un crimen. ¿Periodismo? Más tarde, el intento de calificar como “terrorismo” delitos que –por dolorosos que resulten– no lo son, da alas a las voces que abogan por ofrecer soluciones violentas a un problema político y que defienden que la ‘ayuda’ estadounidense puede ser la tabla de salvación, a pesar de que el paso o la presencia del ejército del norte no deja sino violencia y destrucción allí por donde transita.

Y las asociaciones de la prensa: ¿Dónde están? ¿Por qué callan? ¿Por qué no ofrecen herramientas para prevenir este tipo de situaciones? ¿Por qué no protegen a un gremio desamparado frente al poder económico? Es en estos momentos donde asociaciones, federaciones, colegios y uniones de profesionales de la comunicación deben demostrar que su existencia tiene un objetivo: la defensa de quienes ejercen la comunicación, no de sus dueños.

La duda ahora es si un medio que envía a sus periodistas a una zona de conflicto sin garantías de seguridad va a asumir responsabilidad penal alguna; es saber si el Gobierno va a asumir alguna responsabilidad política por la torpe y lenta gestión de una crisis cuya magnitud sigue escalando por su propia ineficacia; es saber si las asociaciones de periodistas y comunicadores han aprendido algo y van a entender cuál es su verdadera función.