¿La violencia va a terminar con la violencia?

Andrea Guillén Macías

El asesinato del grupo periodístico del diario El Comercio y los soldados caídos en los operativos de rescate sacudieron al país, y lo dejó indignado ante un conflicto, al cual, el Gobierno no parece haber estado preparado. El narcotráfico se desplazaba en el país sin hacer mucha bulla y con la venia, supuestamente, de algunos funcionarios de la anterior administración. La desmovilización de las FARC por los procesos de paz, provocó que grupos criminales organizados controlen estas zonas y sus poblaciones. Zonas donde no existen fuentes de empleo, abunda la pobreza, la inseguridad y el miedo. El Estado en su ausencia ha cedido estos espacios a otras lógicas de poder, donde conviven lo institucional y lo criminal como partes de un mismo proceso.

A pesar que la Constitución de nuestro país considera el uso de drogas como un problema de salud pública, sí se penaliza a los vendedores de estas sustancias. Las drogas no han dejado de producirse ni de consumirse. Sólo en lo que va del 2018 la Dirección Nacional Antinarcóticos ha incautado 138,9 millones de dosis de drogas, cuyo valor supera los $360 millones. No es novedad que el negocio del narcotráfico mueva cantidades gigantescas de dinero. De hecho según la Organización Global de Integración Financiera el narcotráfico moviliza anualmente alrededor de 652.000 millones de dólares, de los cuales solo el 1% de estos ingresos van a parar en manos de cultivadores.

Las cifras año a año, demuestran un aumento en el consumo y la producción de estupefacientes ilícitos en el país, no sólo como un lugar de tránsito hacia otros mercados, sino también como un productor incipiente de las mismas para el consumo interno y externo. Cada vez más gente privada de la libertad, por lo general adolescentes pobres, más toneladas de drogas incautadas y más muertos. ¿Esto ha solucionado el problema? Resolver el consumo de drogas no representa un asunto moral, no se trata de buscar un culpable, pues luego de obtener la cabeza de “Guacho” vivo o muerto, van aparecer otros capos y otras víctimas. Se trata de entender por qué se consume como un problema cultural de grandes complejidades. Volverlos tabú y criminalizarlos no nos ayuda a combatirlos ya que se encuentran en la zona de lo ilegal. La ilegalidad le permite a este negocio crecer y desarrollarse bajo mecanismos altamente corruptos e inequitativos, sin que podamos controlarlo.  

Tratarlo políticamente es tomar el asunto sobre la mesa y entender que las medidas de prohibición y guerra contra las drogas no han parado ni disminuido su tráfico y consumo, lo que sí ha aumentado es la violencia, la compra de armas, los asesinatos y los secuestros. Si realmente el Gobierno pretende tomar el asunto “con una mirada más humana” está ante una oportunidad histórica para abrir el debate nacional y proponer otro enfoque que no sea más violencia y represión.  

La legalización podría proteger a los productores desde un precio justo y condiciones laborales dignas, a los usuarios exigir información y seguridad en los productos, incluso se podría ganar el mercado a estas bandas criminales, y, como asunto de salud pública, controlar a los consumidores con problemas de adicción. No se trata tampoco hacer una apología de las drogas y su consumo, ni mirarlo como un tema de soluciones fáciles. Pero es necesario aprender de políticas que han llevado años fracasando, y la urgencia de voluntad política para acabar con un mercado que destila sangre a su paso.