No se puede gobernar destruyendo lo legal, acabando lo legítimo

Francisco Herrera Aráuz/EcuadorInmediato

Entre los ecos del discurso de la clase política, en la última semana, se evidencio una tendencia de alerta preocupante porque, a manera que avanzan los días en ejercicio del gobierno y del consejo de participación transitorio, de los dimes y diretes ante la opinión pública se nota que comienzan a sufrir las consecuencias de sus propios excesos. Sí, de los arrebatos en las decisiones que violentaron las leyes y tener que disculparse por las palabras hirientes dichas desde el poder, quizás ha llegado la hora de entender que sin ley y sin paz no se puede hacer gobierno y convivir en sociedad.
Una nación se desarrolla, crece y se perfecciona como sociedad al amparo de las leyes. Sus instituciones como los ciudadanos asumen que para convivir en forma conjunta deben tener una legislación, un cuerpo legal íntegro entre Constitución, códigos, leyes, normas, acuerdos, reglamentos, ordenanzas y disposiciones, sumadas a los tratados internacionales, las que hacen un todo que se aplican en forma ordenada y conjunta, una a una o varias a la vez conectadas entre sí, para poder ordenar la conducta social como individual. El respeto a las leyes es la parte vital de una nación que le permiten unir a todo un grupo humano en consonancia de intereses y, eso genera crecimiento, desarrollo, respetabilidad e institucionalidad.
Ecuador ha vivido una historia cruenta para construir su legalidad, con procesos turbulentos para tratar de establecerse como sociedad.  Para ello, muchas veces ha tenido que transformar sus leyes, volver sobre sus pasos, recomponer su legislación, porque en medio de voraces apetitos del poder se han atropellado leyes, normas y procedimientos provocando verdaderos desastres que siempre han sido castigados, al menos en la conciencia colectiva, aún cuando no en el campo de la justicia que es lo que amerita a quien violenta las leyes.
 

DESTRUYENDO LO LEGAL

En este último año que ha pasado en la vida política del país, con nuevo gobierno de la revolución ciudadana y Lenín Moreno, tras una década del mandato de Rafael Correa Delgado (2007-2017), el Ecuador ingresó de manera sospechosa y violenta en uno de esos períodos turbulentos de violación de la ley como una especie de comportamiento justificante de tratar de gobernar para sus afanes, diferenciándose del anterior.

Forma parte fuerte del manejo gubernamental actual el haber llamado a la consulta popular del 4 de febrero pasado, para tratar de alcanzar gobernabilidad acabando con el correismo según sus propias expresiones. El régimen apuró de manera fraudulenta la convocatoria sin respetar las normas establecidas y no querer valorar que las leyes se aplican en toda su integridad, que es válido desde la norma más simple hasta la disposición constitucional suprema, no debe violentarse ese proceso ya que el derecho es un todo completo. Y esto lo digo porque el trámite del pedido presidencial entregado el 2 de octubre de 2017 ante la Corte Constitucional debió respetar el Reglamento que norma la presentación de consultas, que manda que se postergan hasta 10 días mas por la presentación de los amicus curiae que para el caso rebasaron los 100, que pudieron exponer sus causas. El plazo debía cumplirse al 7 de diciembre con un debate certero, más, el 1 de diciembre el gobierno de Moreno Garcés optó por acusar de violación de tiempos y en forma apresurada llegó al CNE a exigir que se apruebe la consulta, y así se hizo.

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