“Mi palabra ya no es la de los empresarios”

Henrry Allan

El lunes de 14 de mayo a través de sus acostumbrados informes semanales, el presidente de la República, Lenín Moreno, anunció al país que había designado a Richard Martínez como nuevo Ministro de Economía. En el discurso de posesión, la flamante autoridad subrayaba que de ahora en adelante, su palabra “ya no es la de los empresarios” y que él “velará por el interés nacional”, esto en clara referencia a su relación con los gremios empresariales del país.

Hasta su designación, Martínez se desempeñaba como presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), presidente de la Cámara de Industrias y de la Producción, institución en la que empezó a laborar tempranamente, desde el año 2009. Anteriormente había trabajado como consultor en la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador (CORPEI).

El CEE es un organismo que aglutina a más de 40 gremios empresariales del país y fue creado el año 2004 para cumplir las funciones de vocería única y mediadora de los empresarios con la extinta comisión negociadora ecuatoriana del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos. En este contexto, en el año 2006, durante la administración de Alfredo Palacio, el CEE organizó una movilización a favor del TLC.

En el año 2007, el nuevo Presidente de Ecuador, Rafael Correa, trazó un plan de gobierno para terminar con lo que él llamó “la larga y triste noche neoliberal”. De esta manera, implementó en el ámbito económico un modelo neo-desarrollista; en lo político, una centralización del poder y una mayor participación del Estado; mientras que en lo social se creó una amplia política redistributiva. La mayoría de estas políticas afectaron a los gremios empresariales agrupados en la CEE.

A manera de ejemplo, entre las medidas económicas implementadas tenemos: restricción a las importaciones, salvaguardias cambiarias, impuestos a la salida de divisas, nueva ley tributaria (que volvía más eficiente el cobro de impuestos y evitaba la elusión fiscal), supresión de algunos cobros por servicios financieros, reducción de las tasas de interés, y, en general, la regulación de los distintos tipos de mercados: laboral, financiero, de servicios básicos, entre otros. En el ámbito social, el gobierno puso fin al sistema de tercerización laboral, incrementó los salarios, impuso la obligatoriedad de afiliación a la seguridad social de los trabajadores. En la esfera político-administrativa se organizó el país en regiones de carácter horizontal con lo cual, en términos geográficos, se descartó la posibilidad de levantar un proyecto autonómico como el de Guayaquil, y se crearon circunscripciones electorales, lo que rompía la hegemonía del PSC, y, sobre todo, se eliminó la representación corporativa de los gremios empresariales en instituciones del sector público.

En este contexto, el CEE rechazó los “constantes embates” del gobierno a la empresa privada; exigió garantías para un “adecuado funcionamiento” de la institucionalidad del país; reclamó por la libertad de expresión y, también, respeto al Estado de Derecho, la gobernabilidad democrática y la seguridad ciudadana; y apeló a la necesidad de “generación de certidumbres” frente a la nueva Carta Magna que la Asamblea Constituyente redactó en el año 2008.

Además el CEE se opuso a todos los cambios que introdujo el gobierno de la Revolución Ciudadana en el campo político-institucional, en específico la denominada descorporativización del Estado, que en términos concretos excluía la representación que los actores privados, especialmente los gremios empresariales tenían en las instituciones públicas y las reintegró al control estatal.

Recordemos que hasta el año 2007 existieron en el país 108 instituciones que duplicaban las funciones del Estado y debilitaban su capacidad para regular y desarrollar política pública. Los empresarios, a través de las Cámaras, tenían representación en 75 organismos, entre ellos, por citar un ejemplo, la Corporación de Promoción de Exportaciones del Ecuador (CORPEI), organismo donde laboró Richard Martínez.

En el año 2011, Rafael Correa creó el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras (ProEcuador) para reemplazar a la CORPEI. Su objetivo era (es) que la política pública de fomento de las exportaciones no responda al interés particular, es decir, de los empresarios; sino al interés nacional. Lo que estaba en el fondo de este reemplazo era evitar que los intereses privados se confundan con los públicos y que el Estado no sea utilizado para apalancar ciertos negocios privados. Así: “La bienvenida de Pro Ecuador y despedida de Corpei generaron reacciones divergentes entre los empresarios. En Corpei las cosas se hacían ‘a dedo’. Había mucha disparidad y solo se apoyaban entre ellos, amigos”, opinó Lourdes Delgado, fabricante de chocolates finos que exporta a Europa. Allí, dijo, no se promocionaba adecuadamente el cacao fino y aroma, ampliamente cotizado en el exterior.”, publicaba diario El Comercio el 2 de junio 2011. O sea, bienvenida para ProEcuador y despedida para Corpei.

El CEE también demandó al gobierno de Correa “seguridad jurídica” para inversión nacional y extranjera; el “fomento” de la actividad productiva con menos impuestos, uno de ellos el Impuesto de Consumos Especiales (ICE); otorgar prioridad a un acuerdo comercial con Estados Unidos; que no se “atente” contra la propiedad privada; y, en el contorno fiscal, exigió un mayor control del déficit, y objetó cualquier incremento del Presupuesto General del Estado, pues esto implicaría –según ellos- más impuestos, más gasto público, más gasto corriente y mayor burocracia.

Incluso, en el año 2008, el CEE se opuso a la Ley de Equidad Tributaria, por lo que los gremios empresariales demandaron al Gobierno y a la Asamblea (de entonces) ante el Tribunal Constitucional (TC) por aprobar la Ley. También se opuso al incremento de 30 dólares al salario mínimo unificado y el congelamiento de los precios de varios productos. En aquella ocasión incluso amenazó al gobierno con acudir a instancias internacionales como el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) si sus peticiones no eran cumplidas.

Como vemos el CEE rechazó casi todas las medidas de política económica y de fortalecimiento del Estado que emprendió el gobierno de Correa. Su actuación respondía al sentimiento de amenaza y al desplazamiento de la toma de decisiones en el Estado. Ahora uno de sus hombres ha ingresado al Estado.

La historia del Ecuador de los últimos 10 años no avala que esta vez, tal como lo señalara Richard Martínez, las políticas que plantee no respondan al interés empresarial, que no se confunda el interés privado con el público, o peor aún que el Estado sirva para apalancar negocios privados. Con muchísima sabiduría un estudiante de Ciencias Políticas de la Central colocaba en Facebook la semana pasada: entender esto es tan sencillo como la siguiente metáfora: “dejaremos que el lobo cuide el gallinero porque nos ha dicho que se ha convertido en vegano”.