Ecuador se entrega en ‘bandeja de oro’ a juicios por indefensión o denegación de justicia

Francisco Herrera Aráuz/EcuadorInmediato

Bien dice que lo que no pasa en toda una vida pasa en un segundo, y en este caso, un exabrupto puede destruir un proceso político finamente elaborado. El “siéntese o llamo a la fuerza pública” del doctor Julio César Trujillo, con el que amenazó “reducir al sitio que le corresponde” al doctor Gustavo Jalkh, en un incidente folklórico y arrogante dado por el anciano personaje, echó por la borda los efectos que tenía la consulta popular para acabar con el “correismo”. Sin duda que, además, abrió la puerta de manera pomposa al reclamo jurídico internacional por los abusos del estado ecuatoriano contra funcionarios y dignatarios, contra quienes se han dado atropellos a la ley, violación al debido proceso y la carencia de objetividad con la que se actuado desde el Consejo Transitorio.

Partamos por el hecho que un estado es un todo completo y total, y que su ordenamiento jurídico es fiel reflejo de esa armonía, así funcionan las naciones con sus leyes y costumbres. Ecuador no es la excepción, es más, en el neoconstitucionalismo que impera en la actualidad somos un estado de derechos, garantista, que perfecciona el valor de la persona y los beneficios que tiene el vivir en un grupo social donde la ley es la mejor salvaguarda de esos derechos. Como es lógico pensar no estamos aislados frente al mundo y, como estado nacional nos comprometemos a cumplir con las normas vigentes en el derecho internacional, bajo la modalidad de respeto por los acuerdos o tratados que suscribimos en pro del imperio del orden mundial.

Visto con esa lógica de comportamiento jurídico respetado y respetable, en la nación ecuatoriana se vive un momento de conflicto por no haber considerado a ese ordenamiento como válido para zanjar la disputa política que frecuentemente nos azuela. El poder ejecutivo, en complicidad con la clase política diversa, que buscó acabar con el correismo desde el 25 de mayo del 2017, se hizo de una consulta popular sin respetar ese todo integral del derecho. La norma constitucional manda y ordena que toda consulta debe contar obligatoriamente con un informe constitucional (Art 104.-) el cual tiene que salir de la Corte Constitucional, la que actúa por ley bajo una norma dictada que ordena plazos y términos para el trámite de los pedidos de referéndum. Si no se respeta desde lo menos, entonces viene el peligro de contaminar a lo más; así, el gobierno del presidente Moreno Garcés, sin respetar la obligación constitucional arrancó con esta consulta y con ello una cadena de ilegalidades que se van produciendo en cascada y que complican cada vez más el panorama jurídico de la nación por los comportamientos de quienes dicen actuar bajo mandato popular, sin considerar lo ilegal del origen.

Aprobada la consulta, la indefinición entre lo legal y lo legítimo genera conflictos precisamente por no contar con ese informe constitucional que a la larga esta pesando, porque no se establece hasta ahora con precisión, como en el caso de la pregunta 3, ¿Hasta dónde llega el mandato dado al Consejo de Participación Ciudadana Transitorio? El lio jurídico en el que le han metido al país los promotores de la consulta no logra hasta el momento explicar el tema, ni las irregularidades, excesos, atropellos al derecho, insultos e imposiciones con las que está actuando este organismo. Por eso, era indispensable el informe de los jueces constitucionales, es más, todavía lo sigue siendo, ya que los magistrados de la Corte Constitucional deben responder con un pronunciamiento que precise los límites que tiene el consejo transitorio, que a estas alturas corre como caballo desbocado, destruyendo el poco estado de derecho que tenemos.

Si se mira con precisión el Anexo a la pregunta 3ra, se manda conformar un consejo transitorio para evaluar y dar por terminado su período a las autoridades de su elección. ¡Nada más!, en ningún momento se les dio capacidad de judicialización, juzgamiento especial, selección, fiscalización política y hasta posesión de funcionarios, autoridades y demás. Pero, abusando del término mandato del pueblo, desde el Consejo Transitorio se ha procedido de tal forma que el atropello a las leyes, normas y disposiciones del ordenamiento jurídico ha sido motivo de noticia diaria, con el aplauso de opinadores, políticos desempleados, otros con hambre de empleos, y sobre todo de los medios de comunicación que antes reclamaban por todo derecho y que hoy se callan como cómplices y encubridores. Es más, hoy se exalta la figura arrogante del doctor JC. Trujillo, como el poderoso vengador justiciero, que va a acabar con el correismo tratando de que la sociedad ecuatoriana vea como normal a esta serie de violaciones a la ley y la constitución.

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