¿El 30-S nunca ocurrió y Jalkh fue juez y parte?

Editorial RutaKrítica

Para los actuales jueces de la moral y la ética pública todos los militares que se instalaron en la Base Aérea de Quito el 30 de septiembre del 2010 solo salieron tomar sol en la pista del Aeropuerto Mariscal Sucre. No violaron ninguna ley, entre sus atribuciones y derechos están la de abandonar su cargo, pintar carteles y gritar consignas políticas vestidos con sus uniformes. Si por ese camino vamos, los cinco muertos siguen vivos y sus familiares lloran de gana. Ellos son: Darwin Panchi, Jacinto Cortez Jhayac, ambos de las Fuerzas Armadas, los policías Efrén Calderón Landeta y Froilán Jiménez, además del joven estudiante Juan Pablo Bolaños.

Y para el Julio César de la legalidad y el respeto a la Constitución, Gustavo Jalkh cometió el delito más grave: ser amigo de Rafael Correa. Con ese argumento del supremo Julio César el actual ministro del Interior no podría ocupar ese cargo. Pero al mismo tiempo gracias a su romana indulgencia, Jalkh solo debe estar sentado donde él lo ubique, caso contrario será sometido por la Fuerza Pública. Y para más, el circo romano armado en la Universidad Central del Ecuador (donde se prohibió hacer un debate en febrero pasado sobre la Consulta Popular porque sus autoridades dijeron que un centro de estudios no puede ser escenario de proselitismo alguno) legalizó el linchamiento y el escarnio público gracias al enorme respeto que guarda a la institucionalidad del Consejo Transitorio.

No olvidar algo clave: a Jalkh se lo señala, en la “sentencia” de Julio César como juez, cuando nunca ha ejercido de tal, con lo cual se miente en documento público y al mismo tiempo se le otorga una condición para condenarlo sin justificación. Es como si al propio Julio César se le acusara de juez cuando en realidad es un nombramiento, a dedo, para evaluar y no para sentenciar, pero lo hace y nadie le podrá decir que usurpó funciones.

Pero hay algo más, Julio César Trujillo, acudiendo a sus providenciales mandatos ha determinado que el Consejo de la Judicatura lo debe dirigir un administrador. Los vocales suplentes no existen y por lo tanto seguirán en su suplencia como los niños no nacidos permanecen en el limbo. Por su propia cuenta y sabiduría ha decidido que Jalkh no tiene reemplazo sino hasta que los concursos se hagan a su modo (al de Julio César) y solo ahí la administración de justicia tendrá sentido, legitimidad y valor jurídico y político para toda la Nación.

Y ahora viene lo peor o lo mejor según se vea: “Luego de que la Corte Nacional de Justicia (CNJ), levantó la sentencia de un año en prisión a 51 militares y 12 policías, dentro del caso 30-S, los 63 uniformados piden una reparación porque, explican, hubo una vulneración de sus derechos en este proceso. Además, los integrantes de la Asociación de Víctimas del 30-S pedirán a la Asamblea Nacional la amnistía general para policías, militares y civiles involucrados en este caso”.

Todo esto contradice la actuación del Tribunal de Garantías Penales de Pichincha que en su sentencia del 8 de abril del 2015 señaló responsabilidades penales y condenó a un grupo de 63 policías y militares a un año y tres meses de prisión, cuando la pena máxima era de siete años. El argumento para la absolución fue: “errores de forma en la sentencia”. ¿No hay “errores de forma”, por ejemplo, en la sentencia contra Jorge Glas, cuando se lo condena con un código derogado?

Y para la Amnistía (que fue proclamada en su momento por el honorable Enrique Herrería) tienen ahora una Asamblea condescendiente con todo lo que huela a perdón y olvido, con tal de vivir en plena armonía y diálogo que solo conducirá a la apropiación de los átomos de la bienaventurada corte celestial de ángeles virginales.

Por todo ello queda claro que la apelación a una reinstitucionalización del Ecuador ni tiene sentido ni sustento cuando se trata de los supremos poderes de Julio César y de la Corte Nacional de Justicia, ahora sin fiscalización del Consejo de la Judicatura ni del escrutinio público y menos de la mal llamada opinión pública.

En otras palabras: el país de la regalada gana que añoraba León Febres Cordero está en plena actuación, con ribetes de “izquierdismo” trujillano y bajo el amparo de un aparato mediático que lo justifica todo. Y en ese sentido ya no hay código ni ley que valga, persona que se respete porque habiendo sido amiga de Correa tiene condena anticipada sin derecho a pataleo.