La agenda política y los derechos de las mujeres

Consuelo Bowen Manzur

Los derechos de las mujeres en la agenda política pueden tener varios sentidos. De legitimadores de tendencias políticas, hasta de pautas para calificar que tan progresista es una actuación o discurso político. Puede ser satisfactoria esta posición pero también es peligrosa.

En los últimos 10 años la atención prestada al lenguaje del poder político, en referencia al respeto que guarda para con las “sujetas” sociales no ha tenido parangón en la historia, puesto que la exigencia en este aspecto, hacia gobiernos de izquierda, es mayor que para los ubicados a la derecha en el espectro ideológico. El patriarcalismo ecuatoriano pudo soportar los excesos machistas de León Febres Cordero, la dulcificación de Borja, o la posición neófita de Gutiérrez, sin mencionar el olvido absoluto por parte de otros mandatarios, pero es implacable ante cualquier expresión de presidentes como Rafael Correa, que pueda ser calificada de machista.

Expresiones como “gordita horrorosa” o referencias a la belleza femenina por parte de Correa, sirvieron para que sectores políticos de oposición, tradicionalmente indiferentes ante las reivindicaciones de las mujeres, afirmaran que se retrocedió en la década pasada. Y he ahí el peligro, es decir, con descontextualizaciones que nada tienen que ver con el feminismo, se trata de desconocer hechos concretos que han significado logros para nosotras.

Ejemplos de cómo la revolución ciudadana, conjuntamente con organizaciones de mujeres, dio pasos firmes hacia la igualdad real entre mujeres y hombres, existen muchos y de gran importancia. Ningún gobierno antes consideró como eje de trabajo la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Recién en 1995 se expidió la Ley contra la Violencia a la Mujer y la Familia; durante su vigencia de 19 años, se crearon apenas 33 comisarías para juzgar estos casos, para los que se otorgaban medidas de “amparo” que casi siempre autoridades policiales y judiciales desconocían, pues estas comisarías dependían del Ejecutivo y no de la Función Judicial, siendo la única respuesta que desde el Estado hubo para las víctimas de violencia en esa época.

El 10 de septiembre de 2007 se declaró la Erradicación de la Violencia de Género hacia la Niñez, Adolescencia y Mujeres como política de Estado y se elaboró un plan de acción, en el marco del cual, se proporcionó recursos a centros y casas de acogida para atención gratuita a víctimas. Se realizó la Primera Encuesta Nacional sobre relaciones familiares y violencia, se crearon Unidades Judiciales para juzgar casos de violencia, se incorporó a la Escuela Judicial la enseñanza del enfoque de género para administradores de justicia, se implementaron dispositivos como el botón de auxilio para ayuda inmediata de la policía, así como protocolos para que el ECU911 pueda atender adecuadamente emergencias relacionadas. A la par, durante esta década se realizaron tres campañas nacionales contra el machismo, y basados en la Ley Orgánica de Comunicación se sancionaron programas que naturalizaban la violencia como la recordada “Pareja Feliz”. El Código Orgánico Integral Penal, tipificó la violencia intrafamiliar no sólo como contravención sino como delito, y se denominó a las muertes por violencia machista como femicidio.

En el actual gobierno se expidió la Ley contra la Violencia, que recoge lo construido en estos 10 años, pero no se han tomado medidas para su aplicación, que permitan evaluar su posible eficacia, más allá de lo que ya existía, más allá de la difusión de discursos “políticamente correctos” a través de medios de comunicación, que por años invisibilizaron los resultados descritos y otros que también podrían ser citados, ni  sectores “feministas”, ahora cercanos al gobierno, exigen resultados concretos, no solo en materia de lucha contra la violencia sino en torno a otros aspectos como participación política, salud, educación que fueron de especial preocupación durante la década de los derechos de las mujeres.