De injusticias y derechos: el comercio informal en Quito

Jorge Andrés Cubillos

El año pasado fue uno particularmente complicado para el comercio informal en Quito, la Alcaldía en un afán de ‘recuperar’ espacios en el casco colonial de la capital, implementó tres ordenanzas municipales que ponen en evidente riesgo el libre derecho al trabajo de muchos comerciantes informales.

La primera ordenanza, la 280, referente a la prohibición de todo tipo de actividad comercial informal en el casco colonial; la segunda, la 321, criminalizándola hasta el punto de no distinguir una sanción flagrante de una no flagrante (algo delicado, debido a que los efectivos de la policía metropolitana están en potestad de decomisar productos a una persona así no esté estática en un punto fijo); y, la tercera, la 332, que no establece multas diferenciadas en relación con los montos de la mercadería decomisada.

Está claro que existe un problema en torno a ello. ¿Pero cuál?

Existen muchos. Si nos remitimos al ámbito jurídico, y entendiendo que la Constitución de la República del Ecuador garantiza el trabajo como un derecho fundamental, ¿por qué entonces, no se permite el libre ejercicio de una actividad comercial informal? Con el discurso de la recuperación de espacios, la Alcaldía ha estado atacando de forma sistemática a diversos sectores populares que componen el espectro de nuestra ciudad. Como lo ha venido haciendo con los artistas callejeros, empleando una estrategia de “divide y vencerás”, cooptando a una minoría y brindándole áreas con temáticas elegidas convenientemente (¿Quito sin qué cosa?) para justificar la discriminación de la mayoría.

La situación se volvió similar para los vendedores ambulantes en Quito. Hay cifras contundentes que expresan la situación de desempleo y subempleo en el país, la pregunta de rigor es, si vivimos en un país con una complicada situación laboral, ¿por qué se persigue a quienes buscan alternativas para subsistir?

Está claro que, dadas las condiciones propias de la sociedad ecuatoriana, y la situación económica arrastrada desde el anterior gobierno, el comercio informal general, llámese subempleo o emprendimientos, etc., no es tan sólo una consecuencia, es una condición estructural. Condición que no sólo no se atiende como es debido, sino que además se la concibe como si fuera lo contrario: mostrando reducciones en las tasas de desempleo y un aumento en la participación laboral (https://bit.ly/2thTGZA); no se habla del aumento del subempleo con políticas como la flexibilización laboral o los acuerdos que intentan ‘dinamizar’ la economía en sectores estratégicos, entre otros.

Pero volvamos a Quito. Actualmente la situación de los comerciantes ambulantes es alarmantemente compleja. En el ámbito jurídico y en el día a día, con los constantes abusos de las autoridades, decomisos injustificados, multas desproporcionadas y una afluencia cada vez mayor de comerciantes extranjeros.

En este punto vale aclarar que, es necesario separarse de la falsa acusación que se les hace a los inmigrantes de venir a quitarnos el empleo, pues ellos son víctimas de sus respectivas crisis políticas y económicas, y su lucha por sobrevivir los trae a nuestro país, cuyos gobiernos no han sabido manejar de forma responsable sus políticas.

Así entonces volvemos al principio. Sabemos que hay un problema muy grave con respecto al comercio informal en nuestro país y en Quito, especialmente; pero empecemos por entender que el problema no es el comercio informal en sí, es su criminalización sistemática, y la inoperancia de las autoridades acentúa las injusticias y hacen trizas los derechos.