El aborto, tema postergado

César Paz-y-Miño

Tanto el Código penal como el actual Código de salud penalizan el aborto y no hay quien, en el Gobierno, plantee un argumento contundente y claro, para que se incluya dentro de la ley la posibilidad individual, libre y voluntaria de interrumpir un embarazo.

La mayoría de países con alto desarrollo (39,5%) no tienen restricciones para el aborto. Pero mientras más subdesarrollados estén los países y mientras más esté la religión unida al Estado –de forma directa o tácita–, las restricciones sobre el aborto son mayores. Solo un 25,5% lo aprueban para salvar la vida de la madre; un 21,3% lo aceptan por razones socioeconómicas, y un 13,8% para preservar la salud.

En el mundo, desde el 2014, se han producido 25 millones de abortos peligrosos, es decir en malas condiciones de asistencia sanitaria para la mujer, lo que representa el 45% de todos los abortos. El 95% de estos abortos mal practicados se produce en África, Asia y América Latina, lo cual determina 23 mil muertes de madres al año. En el Ecuador, en 10 años se registraron 430 mil abortos –y la mitad clandestinos–, con una mortalidad de madres del 14%.

Resulta curioso que en los países donde es permitido el aborto, las campañas de educación, el uso de anticonceptivos (incluyendo la píldora del día después), de manera irrestricta, y la conciencia de los derechos reproductivos, son mayores que en los otros países. Las cifras muestran una tasa de abortos baja en los países que lo permiten, si se compara con el aumento de esa misma tasa cuando las leyes son más severas.

Esto significa que, aunque exista mayor presión legal y moral, no habrá cambios en las tasas de aborto sin campañas de educación y ejercicio de los derechos reproductivos. De otro lado, si la tasa de abortos se mantuviera igual, la posibilidad de permitir el aborto por lo menos haría bajar la tasa de mortalidad materna.

El aborto no debería pasar por una discusión religiosa, pero en el Ecuador la presión en este sentido es tremendamente alienante para la población. No se informa a la población, por ejemplo, que en Italia, sede del Vaticano, el aborto está vigente desde hace 40 años. Ni siquiera se menciona las doctrinas de Santo Tomás o de San Agustín, que consideran que el embrión no tiene alma. Tampoco se utiliza las encuestas sociales, en las cuales se refleja que el 66% de las sociedades católicas está a favor de la interrupción del embarazo por causales médicas, por violación y por problemas genéticos y malformativos en el producto. Estos países no necesitan de referéndums para resolver los problemas complejos alrededor del aborto.

Desde el punto de vista genético, y a la luz de los datos genómicos actuales, ya ni siquiera se discute sobre si el embrión es o no vida. De hecho, las células originarias de los óvulos y de los espermatozoides tienen vida, como la tiene cualquier otra célula. El tema central biomédico discute si el embrión es un individuo o una persona y aquí la Genómica actual tiene mucho que decir. Esto ha sido explicado con claridad por varios científicos, como el biólogo y doctor en ciencias químicas Alberto Komblihtt, quien recientemente dio un discurso ilustrativo en el Congreso de la Nación en Argentina.

Hoy se sabe que una vez formado el embrión, este es solo un cúmulo de células con determinantes genéticas que lo llevarán, si todo sale bien, a desarrollar un ser humano autónomo. Es clave en este camino la relación biológica con la madre, ya que se activan o no algunos genes y secuencias de ADN que comandan funciones. Por tanto, el embrión solo no podría vivir. La placenta incluso induce a la activación de genes del embrión. Como somos mamíferos placentarios, sin placenta no podríamos vivir, pero tampoco podríamos activar genes.

De la misma manera, durante el crecimiento y desarrollo de embrión a feto, existen determinantes genéticas y genómicas, que hacen del producto del embarazo un ser inviable por sí solo. Se podría decir que el producto es solo un órgano más de la madre, ya que sin ella no existiría. Incluso, es pertinente conocer que luego del nacimiento, cuando aún no ha madurado el sistema nervioso ni el cerebro, se necesitan casi 2 años para que esta madurez llegue y se activen y desactiven genes, para lograr un individuo con salud biopsicosocial. Es este proceso de activación y desactivación de genes el que se relaciona con la llamada Epigenética, o sea la modulación genómica por influencias externas. Por eso, a la pregunta de si el embrión es o no persona, se responde con un no, pues faltan muchas funciones del ADN para llegar a serlo. Así, en el aborto o en la interrupción del embarazo, en cualquier estadio, no se puede considerar que se trata de una persona ni siquiera jurídicamente hablando. Por tanto, la interrupción de un embarazo en estado embrionario no debería producir problemas de interpretación de la vida en términos de persona.

El problema surge por las implicaciones morales o de creencia sobre la vida humana pero no por hechos biomédicos. La Biología moderna solo define la vida, mas no la vida humana. El resto son concepciones impuestas según el grado de desarrollo de la conciencia o por la idea arraigada de que somos la especie superior en la Tierra.

Para la Biomedicina el embrión es un cúmulo más o menos definido de células vivas y no es por sí mismo un individuo. ¿Qué sentido entonces tendría el equiparar a una persona con un embrión?, pues biológicamente no son lo mismo. De igual manera, ¿qué sentido tendría penalizar el aborto, si el producto no es considerado persona, sino embrión?

Dentro de los derechos de las madres está el derecho al diagnóstico prenatal. Este debería incluirse en cualquier plan de salud, como una prestación de salud, que además brinde la alternativa de interrupción terapéutica del embarazo en caso de detectar algún problema genético. Como no es así, en forma absurda se responsabiliza a la madre y a la familia de la atención de por vida de un hijo con problemas graves y costosos, y así el Estado y la sociedad se desentienden del problema. Esta práctica evidencia la doble moral del Estado y de las sociedades opuestas a la despenalización del aborto. Sin que el Estado brinde las herramientas adecuadas económicas, sociales y de salud, para la prevención de los embarazos o para la interrupción de los mismos en casos de violación o malformaciones genéticas, se condena el aborto.

Finalmente, es importante reconocer que se debe proteger la vida de un embarazo, pero debe existir la posibilidad legal de que una madre libre y voluntariamente lo interrumpa, si no por cualquier causal, al menos que se considere en casos de violación o por problemas malformativos y genéticos. Quienes hacen las leyes deberían entender que en torno al estatus del embrión la discusión debe superar los aspectos legales, morales y religiosos, y darle crédito a la ciencia. También es preciso diferenciar las creencias y dogmas sobre el embarazo, de las evidencias científicas. Existe el hecho real de los abortos y por tanto se debe apuntalar a leyes con perspectiva científica, de salud y de equidad socioeconómica.