El uso pérfido del derecho se extiende por América Latina

Gina Chávez y Manuela Soto

Ecuador no ha quedado fuera de la lista de países de América Latina en que se aplica la modalidad conocida como lawfare. Con el reciente pedido de prisión preventiva contra Rafael Correa Delgado, ex Presidente Constitucional de Ecuador (2007-2017), se observa la fuerza que viene adquiriendo esta nueva estrategia bélica contra los procesos políticos progresista de la región.

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El proceso judicial que se le ha iniciado a Rafael Correa Delgado tuvo, este 4 de julio de 2018, un desenlace siniestro que demuestra a las claras el uso manipulado y malicioso del derecho por parte del Poder Judicial y de los actores políticos locales.

Pese a que el ex Presidente, amparado en la Convención de Viena de Relaciones Consulares (suscrita por Ecuador el 25 de marzo de 1964), cumplió con la orden judicial que se le impuso, presentándose ante el Consulado de Ecuador en Bélgica dado que allí reside de manera permanente desde el año 2017, la jueza que lleva a cabo la causa alegó “incumplimiento” y ordenó su extradición y prisión preventiva. Esto a través de un oficio a Interpol para concretar su captura en territorio europeo.

Semejante mise en scène solo puede comprenderse en el marco de la figura que representa Rafael Correa como líder emblemático de una de las experiencias gubernamentales de izquierda más exitosas que se desarrolló en los primeros lustros del siglo XXI.

En los 14 meses de gobierno de Moreno Garcés, la versión ecuatoriana del lawfare opera orgánicamente en una cerrada alianza entre gobierno, cámaras empresariales y medios de comunicación. También entra en ésta una dirigencia gremial y movimientos sociales históricamente volubles en términos ideológicos y programáticos. Básicamente porque su relación con el poder gubernamental de turno está determinada por sus posibilidades para obtener cargos públicos y capturar agencias burocráticas a favor de los miembros de sus corporaciones. Finalmente en esta “mancomunidad” se integra de manera palpable el gobierno norteamericano y los organismos de crédito internacional (Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), que reaparecieron con fuerza desde el inicio del gobierno de Moreno a través de la restauración de la vieja política de seguridad frente al tema de la droga y la migración y la política de apertura comercial ligada tanto a la firma de tratados de libre comercio como a la suscripción de contratos de crédito externo.

Una de las características del lawfare en clave ecuatoriana es el irrelevante papel que cumple el Presidente Moreno en el engranaje de poder real, limitado a oficializar lo que se decide en los “espacios de diálogo” que funcionaban en los primeros momentos de su mandato, y ahora, en los Ministerios de Economìa y Finanzas, Comercio Exterior y Relaciones Laborales.

Moreno, elegido Presidente en una dura campaña electoral en la que sin duda Rafael Correa fue su principal jefe de campaña, relevaba los logros de la Revolución Ciudadana pero ya advertía, de manera poco enfática por cierto, su voluntad de imprimir cambios necesarios al estilo de gobierno, concretamente alejándose del estilo confrontativo de Correa, abriéndose al “diálogo” con sectores de oposición y comprometiéndose a cumplir un ambicioso e irreal programa social. No pudieron advertirse en esos tiempos de campaña sin embargo los alcances de esa “voluntad” que hasta parecía políticamente correcta, porque como han resaltado varios analistas de su discurso, más que mensajes, tiene dichos.

La maraña política que hace que un Fiscal encargado inicie una indagación penal en contra del ex Presidente Correa, se puede contar en cuatro actos teatrales, tal como se cuentan los buenos y malos chistes.

Así, el primer acto está escenificado por la cruzada contra la corrupción que arranca el gobierno de Moreno con la puesta en escena del Caso Odebrech, en el que la Fiscalía General da un duro golpe de efecto al allanar el domicilio del ex Contralor de la Nación, y de otros involucrados de menor renombre. El caso Odebrech también alcanza para trazar un vínculo de responsabilidad en contra del ex Vicepresidente de la República. El acto termina con la huída del país del ex Contralor y su juzgamiento en ausencia; y por otro lado, con la notificación de destitución del cargo de Sub Contralor de la Nación que Carlos Pólit hace a Pablo Celi (notificación que éste rompe en una escena dramática que circula en redes sociales) y la “toma” por parte de Pablo Celi de la Contraloría. Es importante indicar que Celi sigue siendo hasta la fecha el Contralor y es el que encara la oleada (literalmente) de procesos contra ex funcionarios correístas. No solo se trata de cantidades (algunos calculan en más de 400 contando al Poder Legislativo y Ejecutivo que funcionó durante el mandato de Correa), sino del tipo de proceso, ya que en algunos casos la Contraloría de Pablo Celi ha establecido glosas millonarias a esos ex funcionarios. Procesos celerísimos y reñidos con la Constitución y la Ley ya que este ente no puede realizar control de gestión y sin embargo es lo que viene haciendo.

El segundo acto lo compone la trama de desinstitucionalización general del Estado, con las siguientes escenas: 1) El Ejecutivo promueve la remoción del presidente del Consejo Nacional Electoral CNE, al que se lo cambia por la actual presidenta Nubia Villacis; 2) Moreno anuncia la convocatoria a una consulta popular, al tiempo que llama a la ciudadanía a presentar propuestas de reforma constitucional; reciben 450 propuestas pero la consulta se articula con tan sólo 7 preguntas; 3) Moreno, mediante dos decretos ejecutivos, el 229 y 230 convoca a consulta popular bajo el argumento que la Corte Constitucional CC no habría cumplido los plazos legales para emitir el respectivo Dictámen de Constitucionalidad de las preguntas de la consulta; 4) el CNE acoje el pedido del Poder Ejecutivo de convocar a consulta popular sin el obligatorio dictámen de la CC; 5) el CNE niega la participación de organizaciones que pretendían hacer campaña por el NO dentro de la consulta y todos los medios de comunicación  más relevantes del país tiene una línea editorial a favor del SI y apoyan en su programación esta opción; 6) el domingo 4 de febrero de 2018 se realiza la consulta popular en donde triunfa la tesis del Gobierno; 7) al amparo de los resultados de la consulta, el Presidente Moreno envía una lista a la Asamblea Nacional para que escoja los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, CPCCS-T, que reemplazarían al fenecido Consejo; 8) el CPCCS- T arranca su trabajo asumiendo que sus normas tienen rango constitucional, que sus decisiones están por sobre la Constitución y que en caso de conflicto entre sus normas y la Constitución, prevalecen las suyas; 9) amparado en el mandato de “evaluar y si es del caso destituir”, el CPCCS-T, entra en un frenético ritmo de “evaluación-destitución” de los Organismos del Estado: primero al Superintendente de Comunicación; a continuación el Defensor del Pueblo, el Superindente de Economía Social y Solidaria, el Consejo de la Judicatura, el Superintendente de Ordenamiento Territorial, el propio CNE que avaló y permitió la consulta popular que dio vida a los Transitorios y la Corte Constitucional; y, 10) en paralelo la Asamblea Nacional destituyó al Fiscal General mediante juicio político, luego de lo cual el CPCCS-T designó un Fiscal encargado (figura inexistente en la legislación ecuatoriana). Esta escena termina con la invensión, por parte del Consejo Transitorio actuando al margen de la legislación nacional, de autoridades “Encargadas”, de las que no se sabe cómo justificarán la legitimidad de sus actuaciones al momento en que se restituya el Estado de Derecho en el país.

Es importante indicar que estas autoridades encargadas, puestas a dedo y por fuera de los procedimientos establecidos para el nombramiento de las autoridades definitivas, ejercerán sus funciones por un periodo que supera al propio mandato de la administración de Moreno, comprometiendo las actuaciones de futuros gobiernos

Neutralizadas, cooptadas o disciplinadas las funciones y organos del Estado: la CC, el CNE, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, el tercer acto está representado por el juicio instaurado en contra del ex Vicepresidente Jorge Glas, quien termina siendo sentenciado a la máxima pena de 6 años de prisión por delito de asociación ilítica, en un juicio plagado de irregularidades legales y procesales, entre las que se cuenta la falta de pruebas judiciales y el juzgamiento aplicando un Código derogado. El chiste se cuenta solo!

En fin, el cuarto acto lo representa el inicio de la instrucción fiscal que lleva a cabo el Fiscal encargado en contra de Rafael Correa, que antes que un final es el inicio de una saga que tendrá muchos capítulos atractivos para mantener entretenida a la audiencia mientras la real politic avanza a paso firme en la reinstalación del Estado corporativo, la economía neoliberal, la política de la negociación y el reparto, la pérdida de la soberanía nacional.

El uso pérfido del derecho nos hace reflexionar sobre las nuevas características que asumen los regímenes políticos en América Latina. Seguimos hablando de democracia a secas, sin embargo a las históricas debilidades parecen sumarse otras de nuevo cuño que las cuestionan en su núcleo fundamental. El debate clásico de la ciencia política sobre las transiciones a las democracias fue pensado inicialmente para tratar el tránsito de las dictaduras militares a regímenes que cumplan características poliárquicas. Empero, ahora debemos ver un proceso inverso en el que rasgos autoritarios se instauran con una fuerza inusitada tales como la concentración e indivisión de poderes del Estado, la descomposición del componente liberal de las democracias, el montaje de estados de excepción en el marco de la cruzada anticorrupción, el control y manipulación de la opinión pública a través de medios de comunicación cartelizados, así como un intervencionismo extranjero bajo formas novedosas que ponen en jaque el mismísimo monopolio del uso legítimo de la violencia física por parte del Estado nacional (como diría Max Weber el Estado es la única fuente del “derecho” a la violencia) y su control del territorio.

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