¿Por qué despenalizar el aborto por violación en el Ecuador?

Soledad Varea y Rebeca Sánchez

En el año 2011, Varea  realizó una “ruta de muerte” que consiste en una metodología utilizada por médicos del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en la cual se evidenciaba cómo una adolescente de 16 años fallece por un aborto en la Maternidad Enrique Sotomayor, luego de pasar por varios establecimientos públicos y privados, con un aborto en curso, en los cuales no fue atendida. Micaela (seudónimo) era adolescente, de escasos recursos que vivía en una zona rural del Guayas, es decir que atravesaba por una serie de desigualdades que algunas autoras denominan interseccionales: clase, género, intergeneración y geográfica. Su caso era tan común que personal de salud sensible al tema del aborto elaboró una metodología para investigar este tipo de situaciones que ocurrían frecuentemente en una ciudad en donde se albergaban en aquella época, la mayoría de colectivos y organizaciones conservadoras que se oponían radicalmente a la despenalización del aborto por violación.

En aquel entonces, la forma de castigo hacia las mujeres que recurrían a abortos era la indiferencia o darles atención en la misma sala de las mujeres que daban a luz culpándoles de distintas maneras, incluyendo el uso de estampitas religiosas y oraciones católicas. No obstante a partir del año 2013, salen a la luz una serie de casos de mujeres que son encarceladas por abortar, denunciadas por el personal de salud de las instituciones públicas.

Así por ejemplo en la investigación de Garay Zarraga, aparece la historia de vida de una mujer criminalizada por aborto en el Ecuador, la misma que fue detenida el 9 de mayo de 2013 en una maternidad pública, acusada de haberse provocado un aborto. Pasó 7 meses en prisión. La toma de misoprostol había tenido lugar semanas antes, de manera que se puede presumir que esta no tuvo ninguna relación con el aborto. Sin embargo, Josefa fue criminalizada por complicaciones obstétricas y fue encarcelada. Es más, en la primera audiencia se dictó prisión preventiva, de modo que fue trasladada a la cárcel aun estando delicada de su salud, y a pesar de la existencia de una serie de medidas sustitutivas a las cuales ella podría haber accedido, considerando su delicado estado de salud y su calidad de madre de un niño de un año.

Según Zaragocín y Cevallos, estas formas de criminalización comenzaron a partir  de los debates de las reformas del COIP, que, tal como afirman las autoras “representa un parteaguas para la criminalización del aborto: antes de este debate las denuncias por aborto eran casi inexistentes y no había un registro de estas”.

La historia de vida presentada por Garay Zarraga está relacionada con el COIP que entra en vigencia en agosto del 2014 y reconoce tres causales de legalidad para el aborto: para evitar riesgos en la salud, para evitar un riesgo para la vida de la mujer y cuando el embarazo es producto de violación a una mujer con discapacidad mental. Según datos de la Fiscalía General del Estado, en el año 2013 se presentaron 32 procesos penales por aborto consentido y 19 en 2014. En agosto del 2014, con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Integral Orgánico (COIP), no se registraron denuncias por aborto consentido hasta el final del año, lo cual no significa necesariamente que no se dieron. En el año 2015, con el COIP en plena vigencia, las denuncias vuelven a subir y se registraron 92 procesos penales por aborto consentido. En el año 2016, se reportaron 43 casos y desde enero a junio del 2017 las denuncias reportadas por aborto consentido son 62.

Según otras cifras del diario el Comercio del 2018, desde 2013 se registran 301 procesadas por aborto consentido, “siete de cada 10 mujeres son criminalizadas por llegar a hospitales públicos con emergencias obstétricas; la mayoría pobres. Seis de cada 10 denunciadas tienen menos de 19 años”.                        .

Adicionalmente, según datos de una investigación realizada por Diego Mosquera, durante el periodo 2004-2014 se reportaron un total de 431.614 abortos en el territorio ecuatoriano, de los cuales: “otros embarazos terminados en aborto” ocupan el 85 por ciento del total, seguidos del ‘espontáneo’ con el 9 por ciento y finalmente el ‘médicamente justificado’ con un 6 por ciento”. Lo que significa que diariamente se producen aproximadamente cien abortos inducidos, por tanto, en la clandestinidad.

Esta situación no es exclusiva del Ecuador, sucede en toda  América Latina y se debe en gran medida a la influencia de las Iglesias Católicas y evangélicas que se oponen al aborto y que han logrado tener incidencia política en los países de la región en donde se concentra el mayor número de católicos los cuales han influido en los ámbitos de salud, educación y medios de comunicación, haciendo incidencia política sobre poderes públicos mediante estrategias como la judicialización de la anticoncepción de emergencia o la objeción de conciencia para restringir la vigencia de derechos ya reconocidos.

En Ecuador, los grupos conservadores que se autodenominan provida cobran fuerza  desde el 2004, año en que se debatió públicamente el uso de la píldora anticonceptiva de emergencia, desde el año pasado 2017 y julio de 2018,  éstos se han complejizado, ahora también están ligados  al movimiento ‘Con mis hijos no te metas’, y hace poco se movilizaron de forma masiva para reclamar el tratamiento de la identidad de género en la ‘Ley para la erradicación de la violencia de género contra la mujer’, logrando retirar los literales b, c y d del proyecto de ley. En esta semana nuevamente salieron a las calles para protestar en contra de la sentencia de la Corte Constitucional, la cual otorga el derecho a los adolescentes desde los 12 años a “vida sexual satisfactoria y sin riesgos” y a decidir sobre su vida reproductiva “de forma libre, responsable e informada”, como sujetos plenos de derechos y en virtud del principio de autonomía, aduciendo que se está quitando protagonismo a la familia en cuanto a educación sexual basada en valores conservadores.

Ahora bien, ¿por qué la penalización del aborto tendría relación con la situación actual de los y las adolescentes de nuestro país? Sucede que muchas mujeres adolescentes ecuatorianas son madres, no porque ellas lo hayan decidido, sino porque tuvieron un embarazo producto de una violación, que muchas veces ocurrió al interior de la familia.

Los embarazos de niñas y adolescentes en Ecuador presentan cifras alarmantes. En nuestro país la edad de consentimiento sexual es de 14 años, lo que quiere decir que 20.052 niñas han sido madres producto de violencia sexual en nuestro país, esta cifra fue expuesta por Virginia Gómez durante la propuesta para despenalizar el aborto por violación en julio de este año. En Ecuador las niñas son obligadas a ser madres presentando además, complicaciones al momento del parto. Esta situación de violencia no es denunciada por el personal de salud, el mismo que juzga a las mujeres que llegan con abortos en curso.

El 65% de ecuatorianos está de acuerdo con la despenalización del aborto por violación, pues somos un país consciente de que las mujeres adolescentes que se enfrentan cotidianamente a la violencia sexual, merecen una vida libre de estereotipos ligados a la maternidad, libre de dominación masculina, y sobre todo merecen que se respeten aquellos derechos que el Estado ecuatoriano acogió y se comprometió a cumplir desde su participación el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo de El Cairo, y la Plataforma de Acción de Beijing, entre otros,  los derechos a  la libertad sexual, a la autonomía, a la privacidad, a la información, a la equidad y al placer. La mayoría sabemos que es el Estado y no las familias, quién debe garantizarlos a través de la educación sexual y el acceso a los avances modernos en materia de salud sexual y reproductiva.