Grupos económicos: paraísos fiscales, concentración y desigualdad

Jonathan Báez

Los grupos económicos más poderos (de los quintiles más altos de ingresos) son los que más utilizan paraísos fiscales para eludir impuestos. Se estima que se deja de pagar, en promedio, USD 1.9 millones por cada integrante domiciliado en un paraíso fiscal. En consecuencia, los grupos económicos más poderosos poseen una carga tributaria -en relación a sus ingresos- DE APENAS LA MITAD de la de los grupos económicos de menores ingresos .

El proceso de elusión fiscal le permite a los grupos de poder dejar sin recursos al Estado para realizar gasto social y, al mismo tiempo, genera condiciones para que estos grupos concentren ciertas ramas de actividad económica. Esto ocurre porque los grupos de poder que no pagan impuestos tienen la oportunidad de reinvertir una parte de dichos recursos (los que no fugan al exterior, motivo por el que es indispensable el impuesto a la salida de divisas) en abaratar sus mercancías, con lo cual realizan una competencia desleal en comparación con los empresarios que si pagan sus impuestos. Por consiguiente, logran acaparar grandes cuotas de mercado. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario el 68% de las sub-ramas poseen una presencia dominante de los grupos económicos. De esa manera no importa cuánto crece la economía, existen grupos de poder económico que aglutinan este crecimiento.

Desde esa perspectiva, la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, o Ley Trole 3, está formulada de tal forma que fomenta las prácticas económicas y legales de los grupos más poderosos en el país. Es decir, de aquellos que eluden impuestos y concentran la economía nacional. Incluso se promueve abiertamente el uso de paraísos fiscales. Se elimina de la Ley de Reactivación de la Economía la disposición sexta sobre paraísos fiscales y la exención de impuesto a la renta por dividendos o utilidades generados en proyectos públicos en alianza público privada (APP) que indicaba:

(…) las mismas no serán aplicables en los casos en los que el perceptor del pago esté domiciliado, sea residente o esté establecido en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición, o se trate de pagos efectuados a perceptores amparados en regímenes fiscales calificados por la Administración Tributaria como preferentes, salvo que se cumplan los criterios establecidos en el Comité de Política Tributaria mediante resolución general en términos de segmentos, actividad económica, montos mínimos, tiempos de permanencia y estándares de transparencia.

Y se sustituye por “las mismas serán aplicables a todo perceptor del pago en el extranjero, siempre y cuando se cumplan los criterios establecidos por Reglamento y con estándares internacionales de transparencia.” Sin una legislación a nivel internacional que sancione el uso de paraísos fiscales no es posible controlarlas. Por tanto, la Ley Trole 3 impulsa el proceso de elusión fiscal y los perniciosos efectos que provoca. La incógnita de ¿cómo es que este tipo de Ley se formuló?, tiene una clara respuesta: la presencia de las élites en los lugares de decisión del gobierno actual.

En este punto, es pertinente recordar que las élites del Ecuador se caracterizan por su accionar en tres dimensiones fundamentales: i) pugnar por la disminución del tamaño del Estado; ii) no permitir avances en temas laborales y; iii) impedir a toda costa el pago de impuestos – sobre todo progresivos. En conclusión, las élites económicas van a presionar porque se impulsen leyes que les permitan seguir eludiendo impuestos.

La presencia de representantes de grupos económicos en el Estado es lo que hace posible que esto ocurra, como pasa con casos emblemáticos como el Ministro del Trabajo que participó en la Cámara de Turismo e implementó la flexibilización de los contratos laborales en ciertos sectores, entre ellos turismo. Así también, el Ministro de Economía que durante varios años dirigió el Comité Empresarial Ecuatoriano; y, el Ministro de Comercio Exterior, muy cercano a Grupo Nobis y Grupo Noboa.

Estos dos grupos económicos mencionados se encuentran entre los grupos de mayores ingresos en el Ecuador y entre los 20 grupos que más paraísos fiscales poseen. Además, la empresa Bananera Noboa debe al Estado, es decir a todos los ecuatorianos, USD 70,9 millones, y con la remisión tributaria planteada en la Ley Trole 3, se beneficia del no pago de USD 41 millones (intereses y multas). A esto se le debe agregar que la empresa Consorcio Nobis se encuentra registrada como inversión extranjera directa, cuando es público y notorio que dicho grupo económico ES ECUATORIANO. Eso implica que los recursos generados en el país salen al exterior en lugar de quedarse en el país para dinamizar la economía. No obstante, esto no debería ser una sorpresa considerando que el Ministro de Comercio Exterior “ha sacado del país cerca de USD 2.086.598”, lo que es un dato curioso considerando que sus funciones como Ministro son precisamente atraer recursos para el país y no lo contrario.

En resumen, la presencia de las élites en el actual gobierno y su directa incidencia en las decisiones de política pública mediante la Ley Trole 3 tiene como fundamento aumentar el poder de los grupos económicos en el país. El resultado ya se hace presente: el incremento de la desigualdad, el aumento de la pobreza y la precarización laboral.