Trole 3: primera parte de la doctrina del shock

Ezequiel O. Salinas

Moreno sabe que su rol es hacer el trabajo sucio para que el gobierno socialcristiano pueda simplemente dedicarse a cosechar. Cuando en su última entrevista Nebot solicita que las circunstancias le sean adecuadas para que él pueda ser “buen” presidente, se refiere a que el trabajo sucio lo debe realizar el gobierno de Moreno. A diferencia de Macri en Argentina, Moreno hace el trabajo sucio para Nebot. El delegado de Nebot para cumplir ese rol, dentro del gabinete de Moreno, es Santiago Cuesta.

Moreno admite ese rol, se concibe a sí mismo como una especie de mártir de la restauración conservadora. Sabe que concluirá su gestión desprestigiado y rechazado, pero a él le basta con que sus familiares más cercanos tengan riquezas para el consumo conspicuo y tengan reconocimiento de las élites con membresías en sus clubes. Él ha repetido que él ya cumplió su rol histórico con la Misión Manuela Espejo.

La Trole 3 es un paso gigante en la dirección del trabajo sucio encomendado a Moreno. Es la doctrina del shock, parte uno.

La remisión de impuestos, aportes patronales, multas de tránsito beneficiará desproporcionadamente a las grandes empresas y constituye lo más tangible y cuantificable de la Trole 3. Es muy importante que la sociedad continúe ejerciendo veeduría de esta remisión, monitoreando los juicios, informando a los trabajadores de las empresas de las utilidades que estarían perdiendo, haciendo pedidos de información para conocer desde qué cuentas las empresas hacen los pagos al SRI y exigiendo transparencia total y sistemática de los beneficiarios de la remisión. La sociedad debe preguntarse ¿cuánto empleo generarán en la economía ecuatoriana –no en los bancos offshore en paraísos fiscales– los beneficiarios de la remisión?

La Trole 3 no solo perdona deudas tributarias del pasado, también se anticipa a perdonar deudas del futuro. Hay artículos que legitiman el contrabando al permitir pagos diferidos de aranceles (en cómodas cuotas) cuando se descubren mercancías contrabandeadas. Se establece una reducción de las tasas de interés de las deudas de futuros juicios tributarios, cuando se impugnen las decisiones del SRI. Crea una remisión permanente, al permitir que los contratistas del Estado (indistintamente del tamaño) no paguen intereses de sus deudas tributarias. También hace extensivos los subsidios tributarios de forma retroactiva para empresas que hayan invertido desde diciembre de 2017.

Hay otros subsidios que contienen nombres y apellidos vinculados a familiares de miembros del gabinete de Moreno. Es el caso de Juan Sebastián Roldán, cuya suegra Ximena M. recibirá una condonación de cerca de $1 millón de dólares por el caso Ofivent gracias a la disposición general que extingue las deudas a la banca cerrada por el feriado bancario de los garantes de las empresas cuyos representantes legales hayan fallecido. ¿Qué tiene que ver la muerte de un representante legal (un empleado) con la empresa, cuyo capital pertenece a los accionistas, no al representante legal? Este caso está documentado en las actas de la Junta Monetaria y es una de las razones del reciente cambio del delegado de Moreno a dicha Junta.

También es el caso de Pablo Campana, con la empresa inmobiliaria ProCondor, de la cual fue primero accionista, luego apoderado y ahora hermano de la apoderada. ProCondor se apalanca en el modelo inmobiliario de ProNobis; ambos recibirán una exoneración de impuesto a la renta de por vida gracias a la Trole 3. ¿De cuántos millones estamos hablando solo en este caso? Por elemental ética, se debería aplicar la Constitución y excluir de todos estos subsidios a familiares o a empresas de familiares de quienes participaron en la redacción de los textos legales.

En una jugada verdaderamente cobarde y abiertamente inconstitucional, Esteban Albornoz incluyó un inciso en la moción de votación, sin ningún debate previo en la Asamblea ni en la Comisión Especializada, y sin constar en ningún informe, que la Ley Orgánica de Régimen Tributario ya no sea orgánica. Por otro lado, la Trole 3 sí fue calificada como orgánica. Los bufetes de abogados que enjuician al SRI podrán usar cualquiera de las leyes orgánicas para que prevalezcan por sobre la ley tributaria. La sociedad debe darse cuenta que esta acción por sí sola constituye un ataque a la institucionalidad y a la cultura tributaria que le costó construir a Nuestro País.

La supuesta apuesta por atraer inversión y generar empleo es un conjunto de subsidios tributarios para los próximos 8, 10 o 20 años (¡contados desde que comiencen a generar ganancias, es decir en unos 3 a 5 años!) si es que realizan la inversión en los próximos dos años. Si el objetivo era traer grandes proyectos de inversión –megaproyectos turísticos o industrias básicas– esta apuesta es imposible de cumplir. Es imposible porque los megaproyectos requieren años de estudios de factibilidad, estudios de ingeniería y demás planificación y financiamiento. Los únicos proyectos que parcialmente se podrían considerar “inversión” en ese lapso de tiempo son las industrias básicas cuyos estudios existieron, parcialmente, como parte del catálogo de inversiones que dejó el gobierno de Rafael Correa. Pero incluso en el caso de la Refinería del Pacífico, que siendo un proyecto estratégico de dimensión nacional, si plantean cambios sustanciales a su ubicación (Carlos Vera, vocero de Nebot, plantea que no se haga en Manabí), a su tamaño (300 mil versus 200 mil o 100 mil barriles diarios) o sus componentes (petroquímica versus petroquímica “light”), y les toca rehacer estudios de ingeniería, no se empezará a construir en los próximos dos años.

Si el objetivo era considerar a las reinversiones que igual hubieran hecho las empresas ya constituidas en el Ecuador, será un simple subsidio tributario de largo plazo. Ojalá el SRI ejerza su fortaleza institucional para regular adecuadamente estos nuevos mecanismos y no permita la elusión tributaria mediante estos nuevos escudos tributarios.

Especial atención debe darse a las reformas a las Asociaciones Público-Privadas. Es aquí donde se concentra la verdadera política de “atracción de inversiones”. Como saben que no se van a atraer capitales privados para invertir (es decir, construir nuevos activos fijos), el énfasis de Santiago Cuesta, Richard Martínez, Carlos Pérez y Pablo Campana será concesionar o vender los activos del Estado. Ciertamente, la valoración y venta de los activos estatales es un proceso más rápido que sí podría tener resultados en los dos años que establece la Trole 3. Para que la probabilidad de venta sea mayor, los precios deben ser menores y es aquí donde es indispensable el framing mediático de Estado inútil y corrupto. Al desprestigiar a los activos estatales y decir que están quebrados o dañados o no sirven (como lo hizo Moreno en España ante directivos de empresas energéticas españolas), el precio que los compradores están dispuestos a pagar baja. Y el desprestigio continuará hasta que los precios calcen y puedan venderlos a precios de gallina enferma. La misma Trole 3 contiene artículos que generan ineficiencia artificial en las finanzas de las empresas públicas y el Ministerio de Finanzas absorbió cientos de millones de dólares de liquidez operativa de las empresas públicas.

Los siguientes pasos legales también están en la Comisión de Desarrollo Económico. La sociedad debe ejercer veeduría profunda a las reformas a la Ley Eléctrica y a la Ley de Empresas Públicas que ya se están discutiendo y a la implementación del Decreto Ejecutivo sobre contratos petroleros que instrumenta el artículo de la Trole 3 que eliminó el artículo de la Ley de Hidrocarburos que establecía al menos 50% de renta petrolera para el Estado.

¿Quiénes serán los compradores? Muy probablemente consorcios de empresas transnacionales de Occidente junto con grupos económicos nacionales que triangularán mediante sus (ahora blanqueados gracias a la Trole 3) capitales en paraísos fiscales.

Insuficiente con la privatización, que recibirá “ayuda” del BID, la Trole 3 contiene un artículo que dispone al Ministerio de Finanzas emitir subsidios plurianuales para que las privatizaciones sean viables. Es decir, que si una empresa recibe como concesión una carretera, además de cobrarse el peaje, la empresa recibirá subsidios del Estado durante varios años (¡y no al revés!). Y si alguna instancia estatal, incluyendo la Corte Nacional de Justicia, decide afectar las “expectativas de ganancias” de la empresa privada, la empresa pseudo-extranjera podrá iniciar arbitraje internacional en contra del Estado para reclamar su correspondiente subsidio, por adelantado y con amenaza de embargo internacional.

Sin embargo, sin duda el principal elemento que constituye la doctrina del shock es el conjunto de reglas macrofiscales, incluyendo la prohibición que el Banco Central pueda financiar al Estado. Al igual que Temer en Brasil, se dispone que el gasto público no podrá crecer más del 3% cada año. Pero eso sí, no habrá límite de endeudamiento. Y no será deuda interna.

La elevación a rango de ley a la política fiscal de la doctrina del shock está generando una espiral de recesión y deflación, reflejada en desempleo y pobreza. Incluso Walter Spurrier, como si fuera algo menor, augura un período de desempleo y pobreza. Pero esto no es un accidente, es el modelo que construyeron y ejecutaron. La espiral se da porque los mismos empresarios (sobretodo los banqueros) saben que los recortes fiscales y la falsedad en la promesa de las inversiones causan que la demanda caiga al suelo; a más pobreza, menos clientes. No habrá crédito, no invertirán. Cualquier ínfima inversión que llegue, incluso como privatización, será una anécdota frente a la espiral recesiva y deflacionaria que estamos viviendo.

En algún momento, recesión y deflación requerirán alguna acción. Un camino sería una solución política que rompa esta espiral mediante inversión social y productiva protagonizada por el Estado. El otro camino sería desdolarización, devaluación, recorte y represión: doctrina del shock, parte dos.