Los migrantes: ¿un “problema” de moda?

Jacques Ramírez G.

En estos tiempos mucho se habla de los migrantes y en varias latitudes del globo. Los flujos migratorios por el mar Mediterráneo continúan y la acogida que brindó el nuevo gobierno de España a los tripulantes del barco Aquarius da una dosis de esperanza en medio de unas políticas migratorias de la Unión Europea que cada vez más pierden el sentido de humanidad, refuerzan su mirada securitista y que ha dado como resultado alrededor de 14.000 migrantes muertos entre el 2013 al 2017.

En nuestro continente la suerte de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos es igual de trágica. Ya señalamos en otro artículo que, en una década, 2006-2016, más de 70.000 migrantes en tránsito desaparecieron en México. Y con la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, no solo que ha dado marcha a su proyecto de ampliar el muro en la frontera sur, sino que bajo su política de “tolerancia cero” a la inmigración fuimos testigos estos últimos meses de la detención y separación de 2.300 hijos de migrantes de sus padres.

En nuestro espacio suramericano también se habla y se discute bastante sobre migración, especialmente la venezolana. Se calcula que un 10% de la población llanera ha salido de su territorio rumbo a algún país de la región. Colombia, que en los últimos 50 años ha expulsado migrantes, la mayoría forzados y que constituye el primer país en el mundo con mayor desplazamiento interno (7.2 millones según el último informe del Consejo Noruego para Refugiados) superando a Siria e Iraq, ahora recibe a cientos de miles de venezolanos, muchos de ellos colombo-venezolanos o hijos de migrantes colombianos. El gobierno saliente de Juan Manuel Santos, al igual que otros de la región como Perú o Chile emitieron algunas resoluciones o decretos “parche” (permisos temporales/especiales de permanencia) para hacer frente a este flujo, más preocupados en golpear al gobierno de Nicolás Maduro que en defender los derechos de los migrantes (Sebastián Piñera creó la visa de “responsabilidad democrática” para venezolanos).

En otros países como en la Argentina refuerzan su enfoque de control. La publicación del Decreto de Necesidad Urgente (DNU 70/2017) emitida por Mauricio Macri estableció impedimentos para el ingreso y permanencia de migrantes, aceleró los trámites de expulsión, eliminó la unidad familiar como condición para evitar la deportación, así como el programa de abordaje territorial para documentar a los migrantes. En Brasil gobernado por Michel Temer, la semana pasada cerró la frontera del extremo norte en Roraima para impedir el paso de migrantes venezolanos, muchos de ellos indígenas pertenecientes al pueblo Warao que se empezaron a asentar en los municipios de Pacaraima y Boa Vista.

Casa adentro también el tema migratorio está presente. Aunque el caso venezolano es el más visible, y tanto la Ley de Movilidad Humana como el Estatuto Migratorio entre la República del Ecuador y la República Bolivariana de Venezuela -ambos firmados en el anterior gobierno- contemplan mecanismos y facilidades para otorgar residencia (a través de las conocidas visa Unasur y visa Convenio), preocupa la noticia que dio el gobierno de pedir pasaporte desde el 18 de agosto a todos los venezolanos que quieran entrar al país.

Tal medida anunciada por el ministro del Interior, Mauro Toscanini, justo después de la reunión de Lenín Moreno con un grupo de migrantes venezolanos, no solo que viola la Ley Orgánica de Movilidad Humana (art.84), sino también acuerdos internacionales suscritos por Ecuador en el marco de la CAN (Decisión 503/2001) y MERCOSUR (Decisión 18/2008) que permite entrar, salir y circular por la región con la sola presentación de la cédula de identidad.

Resulta indignante y ofensivo que después de tomarse una foto el Presidente con los migrantes venezolanos en Carondelet, el Ministro del Interior haya señalado que: “Escuchamos la delicada situación de los hermanos venezolanos. Fueron testimonios desgarradores que no pueden pasar por alto… El Gobierno ecuatoriano preocupado por la grave situación humanitaria de miles de venezolanos que ingresan al país y para garantizar la seguridad, desde el sábado exigiremos la presentación del pasaporte como requisito de ingreso a Ecuador”.

Esta medida (formalizada en el Decreto Ministerial 000242) también será aplicada por Perú y, pese a que la mayoría de venezolanos cuentan con pasaporte, vulnera sus derechos, pues para quienes no lo tienen, empujará a que utilicen vías clandestinas y, por ende, que prolifere el negocio de pasadores y ‘coyotes’ ya que seguirán migrando con o sin ese documento. Vale señalar que sacar el pasaporte hoy en día en Venezuela es una odisea que puede demorar entre 6 meses y un año, salvo que tengan entre 400 y 1000 USD y utilicen las redes de corrupción con las cuales se puede sacar pasaporte en una semana como señalan varios informantes.

Estas últimas medidas tomadas por el gobierno de Ecuador se suman a otras implementadas anteriormente que confirman el retorno del enfoque de seguridad y control. En efecto, en lo que va del régimen de Lenín Moreno se han incrementado las deportaciones e inadmisiones. Hasta diciembre del 2017 Ecuador deportó a 26 personas. En el primer cuatrimestre de 2018 deportó a 191. Un crecimiento del 635%. En 2017 Ecuador inadmitió a 234 personas, prácticamente el mismo número solo en el primer cuatrimestre de este año (221 personas). El 94% de los deportados son latinoamericanos (la mayoría de ellos colombianos), mientras que la mayoría de inadmitidos provenía de la India y Cuba.

A esto hay que sumar el excesivo costo en el cobro de multas para migrantes tal como quedó estipulado en el Reglamento de la Ley y en el Acuerdo Ministerial No. 0907, los cuales pueden llegar a casi los 800 dólares (tres salarios básicos por concepto de faltas migratorias como tener “irregular visa caducada” por ejemplo), lo que hace que muchos migrantes queden en la irregularidad dada la imposibilidad de pagar dicho monto. Llama la atención que estas multas también recaigan para migrantes suramericanos pese a que el Acuerdo de Residencia Mercosur –del cual Ecuador es signatario- contempla la exención de pago de multas o sanciones (art. 3), así como la Ley de Movilidad Humana en el acápite sobre los ciudadanos suramericanos (art. 89) y el Acuerdo Ministerial anteriormente citado (disposición general única).

No solo que es absolutamente claro el reforzamiento del enfoque de seguridad y control a nivel nacional, regional y mundial, sino que desde los propios Estados, gobernantes y dirigentes políticos, apoyados por los medios de comunicación, se construye la idea de que las y los migrantes son un problema, una amenaza, una invasión, una avalancha de ‘cabecitas negras, sudacas o venezolanos’, que ha dado como resultado el aumento de muertos, desaparecidos, hijos separados, personas sin papeles y deportados.

Lamentablemente en las sociedades actuales cobran cada vez más fuerza estos discursos antiinmigrantes e incluso se apoya a políticos que plantean dichas tesis y, por el contrario, cada vez son menos las voces de aquellos que antes decían defender los derechos de los cruzadores de frontera…