Camino al Museo de la Memoria, Ecuador. Parte I: el remedo de holocausto

Jimmy Herrera

El terror de Estado en este país quiere deshacerse de su pasado, minimizándolo y así pasar por alto a sus responsables. Por eso, es común encontrarse con criterios espurios como los de Paco Moncayo, solidario con varios de sus colegas de alto rango de las Fuerzas Armadas, acusados de crímenes de lesa humanidad. “Acaso aquí pasó lo que sucedió en Argentina, Uruguay, Paraguay o Chile…”, se refirió el ex general en el marco de su opinión respecto a la voluntad de destruir a los militares por parte del gobierno anterior. Así, dio a entender que los oficiales implicados son víctimas de aquello. Además, enalteció el restablecimiento de la coordinación del gobierno ecuatoriano actual con su homólogo norteamericano, en el campo de la seguridad.

El posible candidato a la alcaldía de Quito se equivoca, no es un asunto de cantidad de desaparecidos o torturados, sino el hecho de ejercer terrorismo de Estado. Cierto es que en Chile, según archivos del Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos (MMDDHH), los militares golpistas contra el primer gobierno socialista elegido democráticamente en América Latina, no solo asesinaron a la cúpula de Allende, sino que desaparecieron o ejecutaron a 3.218 personas, y otras 38.254 vivieron la prisión política y/o tortura; entre ellos 153 menores de 18 años ejecutados en protestas; 40 detenidos desaparecidos y 2.200 niños presos y torturados.

En Ecuador, apenas se registraron 118 casos graves de violaciones a los derechos humanos con un total de 456 víctimas, de las cuales 269 sufrieron privación ilegal de la libertad, 365 torturas, 86 violencia sexual, 17 desapariciones forzadas, 68 ejecuciones extrajudiciales y 26 atentados contra la vida. La lógica de este político deja entrever que la crueldad de los pinochetistas no se equipara con el remedo de holocausto criollo. También querrá minimizar la responsabilizar del febrescorderato en tales prácticas. Según la Fiscalía General del Estado, más de un 60% de los atropellos se cometieron en el régimen de Febres Cordero (1984-1988).

Paco Moncayo en la entrevista sostenida en el programa radial Buenos Días, maniquea como lo hacen sus colegas.

En septiembre de 2014, a partir de la legalización del primer juicio por crímenes de lesa humanidad en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), uno de los defensores de los perpetradores reconoció que Luis Vaca permaneció en las mazmorras militares por casi tres años (1985 a 1988), en calidad de protegido porque sus coidearios, miembros del movimiento insurgente Alfaro Vive Carajo (AVC), lo perseguían. Hace tres décadas, no solo fueron militares los que detuvieron a Luis Vaca junto a Susana Cajas y Xavier Jarrín en Esmeraldas, en noviembre de 1985 (todos ellos dirigentes de AVC que asistían a la Segunda Conferencia Nacional del movimiento); sino que también lo torturaron, desaparecieron, borraron su registro como ciudadano, silenciaron su detención y a su hermano militar, que lo encontró en los calabozos del Batallón de Inteligencia Militar, lo asesinaron.

Se equivoca Moncayo al confundir criterios y contextos, siendo un político que hoy quiere el voto del electorado quiteño.

Otros más tienen similar posición al respecto, como la del gobierno estadounidense anterior que le dio asilo político al ex comandante de Policía Edgar Vaca, quien falleció en ese país, en enero del año pasado, prófugo de la orden de detención preventiva por ser uno de los acusados como responsable de las prácticas de terror en el juicio referido. En las sendas de la justicia ecuatoriana coinciden las artimañas, cuando los miembros de la Sala Especializada de lo Penal, Militar, Policial y Tránsito de la CNJ, han dilatado por 4 años dictaminar justicia, manteniendo la impunidad sobre este tipo de crímenes. En cambio, en la ruta de la politiquería electoral, Jaime Nebot, otro político de vieja data en el país quiere tomar ahora distancia de su padrino socialcristiano Febres Cordero, y hacer “borra y va de nuevo” en su emperro de ser candidato presidencial, sabiendo que todos los intentos y pérdidas electorales anteriores se deben a su silencio respecto a ese régimen de terror, cuando fue, nada menos que su representante en Guayas, como Intendente.   

La memoria vive

Una semana después de las declaraciones de Paco Moncayo, el 13 de agosto pasado, Mauricio Rojas, el flamante Ministro de las Culturas chileno, se vio obligado a renunciar debido a que tres años atrás escribió que el MMDDHH “se trata de un montaje cuyo propósito, que sin duda logra, es impactar al espectador, dejarlo atónito, impedirle razonar”. Buena parte de los chilenos reaccionaron en contra del presidente Piñera y le recordó que no se pueden minimizar tales crímenes, ni que su ex ministro sostenga que el Museo de la Memoria sea un montaje manipulador.

Acá no hay Museo de la Memoria, aunque la Ley lo estipule desde diciembre de 2013. Es una obligación del Ejecutivo crear un espacio dedicado a documentar y conmemorar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos en el Ecuador.  

Tanta equivocación con el pasado se mantiene en los niveles de los poderosos porque creen se debe relativizar u olvidar la represión sistemática que durante las décadas de los 70, 80 y 90 la implementaron ciertos políticos, policías y militares, aliados de la Guerra Fría contra el movimiento social ecuatoriano. Estas personas, que tienen nombres y apellidos -porque no se debe generalizar- determinaron en aquellos tiempos que los estudiantes, obreros, indígenas, curas rojos, mujeres y las izquierdas eran los enemigos internos y los reprimieron por tener proyectos de inclusión y equidad que ahora los califican de anacrónicos.

No hay crimen de lesa humanidad pequeño, no hay como minimizarlo y sacarlo de su contexto. Basta recordar que a dos adolescentes de apellido Restrepo los detuvieron en enero de 1988 y el andamiaje de una simple redada los trató como a enemigos internos por ser colombianos y jóvenes. No solo los desaparecieron, luego armaron un sainete institucional para ocultarlo.

La memoria social es fuerte y tiene agenda política: lucha por la verdad, la justicia y un futuro de dignidad. El Museo de la Memoria en Ecuador es urgente.