El “feriado constitucional” de Trujillo y compañía

O ya estamos curtidos de inconstitucionalidad o la enajenación política ha llegado a niveles extremos que declarar una “Vacancia Constitucional” por 60 días, siendo una aberración jurídica, parecería lo más normal y por tanto no provoca ninguna conmoción pública visible.

Para entender lo ocurrido, quienes se precian de respetuosos del orden, la ley y la Constitución, deberían revisar el Título IX, capítulo Segundo y los artículos 429, 430 y 431 de la Carta Magna para entender el delito cometido por Julio César Trujillo, su “tremenda corte” y sus padrinos invisibles. No hay nada que justifique la destitución de los nueve jueces y mucho menos, cosa de locos, inventarse una figura inexistente en la Constitución y traída de los pelos para justificar lo imposible. Si alguien prueba que existe en nuestra legislación la “Vacancia Constitucional”, también debería probar quién tiene la facultad de aplicarla. Y no será precisamente un ente transitorio, cuyas atribuciones están plenamente descritas en los anexos de la Consulta Popular del pasado febrero.

Con esto no se justifica la inoperancia y la irresponsable conducta ética y pública de los nueve magistrados. Pero ese no es el camino para su destitución. De hecho, en mayo debieron ser removidos, tal como dicta la Constitución, tres de los nueve por el mecanismo de renovación parcial, pero Trujillo no lo hizo y ya se intuía hacia dónde apuntaban sus luces direccionales: todo a la derecha.

Ahora nadie dice nada. Los presidentes de cuatro de las cinco funciones del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral) miran para otro lado, se van de gira por el exterior o simplemente cobran sus sueldos y siguen en sus cargos con la mayor desvergüenza política nunca antes vista. Si a eso se llama respeto a la independencia de las otras funciones pues bien mañana, tal como ocurrió con los entes de control, el señor Trujillo podría declararse Jefe Supremo, asumir todos los poderes y destituir al mismísimo Presidente de la República… ¡y aquí no ha pasado nada!

Lo que más sorprende es el silencio de quienes en la década pasada hacían escándalo por el más mínimo decreto o ley que supuestamente afectaba la constitucionalidad, las libertades y la independencia de poderes. Ahora se bota a un académico del IAEN por expresar sus opiniones, se nombra Fiscal y Procurador generales prácticamente a dedo y, por último, se destituye a la Corte Constitucional y se declara un feriado por 60 días, ¿y casi nadie reclama?

Las “dictaduras blandas”, como las que se sufren ahora en Brasil y Ecuador, se han instaurado para cumplir al pie de la letra un libreto que calza en la idea de lo que ya se ha dado en llamar el Nuevo Plan Cóndor: se organiza toda la legislación e institucionalidad de tal modo que la impunidad, la persecución y la arbitrariedad sean la norma del día y se ejecuten las disposiciones de una embajada determinada y los poderes fácticos internos.

Como están las cosas la irracionalidad es la ley, el desorden institucional es la regla y la Constitución sirve para limpiar el albañal de lo que devino de la Consulta Popular a la que apoyaron, sin condiciones, los fanáticos anticorreístas sin medir las consecuencias y movidos por el veneno de sus pasiones y la irresponsabilidad con el destino de la nación. El tiempo será el mayor juez, pero la “Vacancia Constitucional” se presta para el desorden jurídico que sospechamos a dónde lleva y en qué termina.