UNASUR y la dinámica (auto) debilitante del movimiento indígena ecuatoriano (2)

Gina Chávez y Manuela Soto

En una dinámica que va entre luchas emancipatorias y luchas corporativas, el movimiento indígena ecuatoriano de finales del siglo XX colocó en su agenda reivindicativa la creación de la llamada Universidad Intercultural de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”.  En varios documentos que hablan de la propuesta educativa se lee: “Este proyecto político de la Amawtay Wasi fue respaldado por un proyecto epistemológico único, proponiendo un diálogo científico entre los saberes propios y los saberes occidentales, para descolonizar la ciencia a través de una estructura curricular y metodológica inspirada en la chakana andina.”.

Inicialmente se pretendía la creación de una universidad pública con financiamiento estatal que desde su fundación planteara un cambio epistemológico en la generación, transmisión y reproducción de conocimientos socialmente relevantes. Esto implicaba un modelo alternativo en el ámbito de la docencia universitaria, de la investigación científica (una alternativa al esquema científico occidental), de la gestión académica y de la vinculación con la sociedad. Incluso de la pedagogía de enseñanza. Sin embargo, poco de esto se pudo alcanzar. Aquella demanda quedó apenas cubierta con la creación de una universidad particular (ni siquiera cofinanciada con subsidio estatal), que se autofinanciaba con el cobro de aranceles a sus estudiantes. Una universidad lisa y llanamente privada.

En el año 2007 en el campo educativo surge el Mandato Constituyente Nro. 14 que exige a los organismos encargados de regular el sistema y garantizar la calidad de las instituciones de educación superior realizar una evaluación de desempeño con fines a su depuración. En este entorno la “Amawtay Wasi” es evaluada y los resultados son alarmantes. Bajo la normativa vigente se da un plazo para que mejoren sus indicadores, sin embargo en el año 2013 ante una nueva evaluación (planteada bajo parámetros que tuvieran en cuenta sus especificidades) y ante resultados igualmente deficitarios el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES), le declara clausurada por “falta de calidad”. Sin embargo, fue la única de las 17 universidades que obtuvieron malos resultados que no fue cerrada ni extinta a través de una Ley derogatoria de la Asamblea Nacional. Varios sectores del gobierno nacional creían que era necesario repensarla en el marco de una educación superior que coadyuve a la construcción de un Estado Plurinacional e Intercultural, aunque nunca se concretó dicho rediseño.

Su evaluación (Págs. 59-73), supuso la implementación de un proceso ad-hoc que implicó: diálogo con los directivos de la universidad para definir los parámetros de evaluación; revisión y análisis de su material técnico-institucional; diseño y aplicación de lineamientos interculturales para la evaluación; modificación del modelo general de evaluación para incluir criterios, subcriterios, parámetros e indicadores de carácter intercultural; sin embargo, los resultados cayeron en la categoría de “no aceptable”, lo que derivó en la posterior decisión de clausura de la Universidad.

En 2017, durante la campaña electoral el candidato oficialista Moreno Garcés hizo hincapié en asegurar la continuidad con los 10 años previos aunque bajo un nuevo estilo de gestión. Empero, en el marco de un remanida retórica “dialoguista y consensual”, tempranamente Moreno reveló la conformación de una alianza gubernamental con los sectores de la derecha ecuatoriana, esto es, partidos políticos como el PSC, PRE, CREO y SUMA; con las cámaras empresariales al entregarles la conducción del Ministerio de Economía, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio Coordinador de la Producción; y con los medios de comunicación privados a los que se les entregó la política editorial de los medios públicos y prácticamente la política comunicacional del gobierno. En este escenario, la dirigencia indígena y parte de su movimiento y organización no tardaron en sentarse en primera fila. El reclamo fue el que históricamente resultó efectivo: la conquista de un sector del Estado, especialmente en el campo de la educación. Desde este lugar adquiere sentido la “reconquista” de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe en el MINEDUC (que en breve se transformará en Secretaria de Estado, con más recursos y cargos). También la reapertura de las escuelas unidocentes que responden al modelo intercultural bilingüe.

Para completar el cuadro, Moreno decide reabrir la “Amawtay Wasi”, en un proceso que cuestiona los propios presupuestos del Mandato Constituyente, los resultados de su aplicación y quiebra todo lo legal y legítimamente actuado. El mensaje parece claro. Lo importante no es la calidad, lo importante es que el sector indígena tenga su universidad.

La frutilla de la torta será la entrega de la Sede de la UNASUR para que funcione allí la reabierta “Amawtay Wasi” y la aceptación y hasta festejo de la dirigencia y de buena parte del movimiento indígena de esta decisión. No obstante, entregar un edificio de 20.000 metros de construcción y 17.000 de exteriores a una universidad pública no solo que le constará al Estado más dinero por el mantenimiento de dicho edificio que la cuota que paga actualmente como miembro de dicho organismo; sino que no se ha discutido lo que implica para la universidad ecuatoriana  la propuesta de “Pluriversidad” no de una Universidad que sostiene la CONAIE, en donde las trayectorias de aprendizaje no transcurren en aulas sino en las dinámicas de vida de los pueblos indígenas. Sin negar que la propuesta de pluriversidad puede suponer un importante quiebre epistemológico desde una perspectiva decolonial e implica una importante crítica al pensamiento formal occidental, en dicha decisión no se han tomado en cuenta ni las consecuencia políticas y económicas de abandonar la UNASUR, menos aún ha sido discutido en el campo universitario el modelo educativo de “Pluriversidad”.

Si se revisa el Art. 26 del Acuerdo Constitutivo de la UNASUR se indica que: “La donación del inmueble de la Sede Permanente para el funcionamiento de la Secretaria General de la UNASUR establecida en el artículo 2 de este instrumento, se revertirá a favor de la República del Ecuador en los siguientes casos: a) si los países miembros deciden cambiar la sede de la secretaria general de la UNASUR a otro país miembro; b) si la República del Ecuador denuncia el tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericana ; o , c) si los países miembros deciden la terminación del tratado constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas lo cual extinguiría este organismo regional”. Esto implica que: o Moreno ya tomó la decisión de salirse de este organismo, o le miente al movimiento indígena dándole un espacio físico sobre el cual no puede decidir unilateralmente.

En todo caso, lo que sí es un hecho incuestionable es que con su beneplácito el movimiento indígena es cómplice, junto al gobierno de Moreno y los actores políticos que lo acompañan de dar la estocada de muerte a la política más ambiciosa de integración latinoamericana que ha existido, alineándose con la derecha regional más recalcitrante que se conoce en la era democrática del Continente. Pero quizás lo más importante es que con esto devela una vez más las debilidades históricas del actor indígena que ante los grandes desafíos que provocan las legítimas demandas de sus bases, sus dirigencias parecen subvertirlas al ocupar siempre un lugar funcional a los intereses que se niegan a trastocar el carácter colonial y nacionalista del Estado y la sociedad ecuatoriana. Ojalá el movimiento indígena pueda desde una lectura crítica recuperar de su historia reciente aquellas experiencias en las que logró combinar los objetivos étnico-culturales con las demandas por una sociedad descolonizada, igualitaria y justa. Sin embargo, por hoy no es más que un caminante que ha perdido sus pasos.