30S: ¿Prohibido analizar?

Lucía Cabrera

No me sorprende constatar que quienes hoy han constituido un nuevo bloque en el poder son los mismos actores que participaron en el intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010, frustrado ese mismo día por la acción de un mandatario y un gobierno coherentes y por un pueblo que asumió su responsabilidad histórica y no se dejó arrastrar por la vorágine golpista. Ese ensayo de golpe de Estado puso en escena la contra ofensiva de las élites para impulsar la acción directa, radical y violenta contra el progresismo, encarnado en el Gobierno de la Revolución Ciudadana, que era uno de los importantes eslabones de la gran tendencia latinoamericana instaurada con el surgimiento de la Revolución Bolivariana.

Hoy he vuelto a leer, con detenimiento, el texto del Informe Democracia, verdad, justicia que hiciera público, la Comisión de Investigaciones en el año 2014, informe que ha contribuido significativamente al esclarecimiento de la verdad sobre el 30S. Pasaré a recoger brevemente las conclusiones del informe.

En este documento se establece que la asonada no fue una acción espontánea de la Policía Nacional, fruto del desacuerdo con la promulgación de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP). Por el contrario, fue producto de una acción planificada varios meses atrás que se inició con una campaña concertada de desinformación que progresivamente se fue intensificando hasta lograr, en las últimas tres semanas, la unanimidad de los principales medios de comunicación privados de cobertura masiva, con el objetivo de crear un clima propicio para legitimar socialmente el golpe de Estado. Esta incidencia buscó converger con las acciones dirigidas a soliviantar los estamentos de base tanto de la policía como de las FFAA, a través del envío masivo de mensajes de correo electrónico, que llamaban a las tropas a oponerse a la LOSEP, manipulando los contenidos del proyecto de ley al señalar que afectaba directamente sus intereses y derechos.  Los mismos medios de comunicación hegemónicos, que hoy han establecido el cerco mediático contra Rafael Correa, son los que confluyeron el 30S con las acciones desestabilizadoras del golpismo.

En el terreno de las operaciones realizadas por los sujetos políticos de oposición, tanto de los partidos, como de los dirigentes de organizaciones sociales sometidas a ellos, también se observó la misma convergencia y concertación. La ocupación de la Asamblea Nacional operada desde la mañana –que excluyó con el uso de la violencia policial el ingreso de los asambleístas de AP-, sí como el intento de convocar a una sesión en horas a de la tarde  para desconocer al poder constituido y dar paso a la sustitución del Presidente de la República auguraban el rompimiento del Estado de Derecho. 

Estos propósitos quedaron manifiestos y documentados en la propuesta de cambio del Orden del Día presentada por los partidos de oposición, la misma que pretendió dar paso a la amnistía de todos los amotinados y sus cómplices civiles. Como tod@s conocemos, la sesión fue suspendida y esto desmanteló el golpe parlamentario al estilo de los que depusieron de sus mandatos constitucionales a Fernando Lugo en 2012 y a Manuel Zelaya en 2009.

La presencia directa del Primer Mandatario en el Regimiento Quito 1 ha sido denigrada sistemáticamente desde entonces y hasta hoy por los medios de comunicación y portavoces de la oposición, que la han calificado como irresponsable y provocadora, sin asumir que precisamente su alto sentido de responsabilidad democrática y respeto a la institución y a sus miembros lo abocaron a la decisión de dialogar en forma urgente y sin mediaciones con los demandantes. La presencia del Presidente determinó, en los hechos, que el componente central de la intentona, la sublevación policial en el regimiento, permaneciera circunscrita al teatro del amotinamiento y con ello no pudiera extenderse y concretarse territorialmente dentro la institución policial y tampoco en los ámbitos de la respuesta ciudadana, de los actores políticos y aún menos en la esfera internacional. Fue decisiva para el desmantelamiento del golpe y la recuperación del control político sobre el Estado y la orientación a la sociedad.

Las conversaciones sostenidas por el Presidente Correa con los representantes de los amotinados demostraron el total desconocimiento del contenido de la LOSEP por parte de los sublevados en armas. La inexistencia de elementos atentatorios contra sus derechos, determinó su incapacidad para sostener las demandas planteadas y el incremento de la confusión y las distancias con los mandos que dirigieron las operaciones. El motín perdía fuerza momento a momento, se desvanecían las posibilidades de intervención de los otros actores y por ello la exasperada posibilidad del magnicidio se incrementaba.

Todavía podemos escuchar esos patéticos audios en los que voces de mandos policiales llamaban a asesinar a Rafael Correa, señalando que esa era la forma que les quedaba para resolver la crisis. La brutalidad de los ataques físicos y verbales contra el Presidente ha quedado registrada en una infinidad de vídeos y audios registrados por los propios medios de comunicación y por la ciudadanía. No cabe duda que la vida de Rafael Correa, físicamente disminuido por su reciente operación de la rodilla, corrió peligro a lo largo de la jornada y aún más en el momento de la evacuación, nadie podría ocultar las huellas de los disparos que impactaron en el vehículo presidencial y también en el de la asambleísta Irina Cabezas en el momento de su salida del Hospital de la Policía, los que muy probablemente obedecieron al mandato de asesinarlo.

Los medios de comunicación privados, opositores al gobierno, no solo cumplieron el papel de crear un clima favorable para la desestabilización, sino también para reorientar y redefinir el carácter y los efectos del Golpe de Estado de cual fueron parte.

El análisis a profundidad de estos hechos, realizada desde distintas vertientes por académicos y expertos en temas de seguridad, política nacional, internacionalistas, sociólogos, comunicadores, dirigentes políticos y sociales y líderes ciudadanos coincide en señalar las causas del fracaso de la asonada:

  • La presencia inmediata y directa del Presidente de la República en el escenario del Regimiento Quito No 1, que desarmó el núcleo del conflicto y desarticuló la planificación golpista.
  • El dominio de la movilización popular y su reversión hacia la defensa del Primer Mandatario, sometido a un secuestro y con su vida amenazada en forma creciente.
  • La neutralización de los medios de comunicación privados, mediante disposición emanada por el Ejecutivo, con base en la declaratoria del Estado de Emergencia en todo el país.
  • El posicionamiento de las FFAA en contra del golpe, producido por la gestión política de las autoridades responsables de la defensa nacional.
  • El repliegue de las principales fuerzas de oposición, ante el fracaso de la sublevación policial, expresado en la declaración del alcalde Guayaquil, Jaime Nebot.
  • La solidaridad internacional expresada tanto por la OEA, como por la UNASUR y los países agrupados en el ALBA.

Ocho años después de estos hechos vergonzosos, vemos cómo sus principales protagonistas, alzados en armas con el apoyo de los grupos fácticos de poder en el país, vuelven a la escena, intentando culpabilizar a las víctimas de un levantamiento armado de quienes debían proteger a la ciudadanía.

Si ahora algo me queda claro, es que nada es claro ni transparente en este período de gobierno transicional dirigido hacia el embrujo del mercado; y que la lucha social se levanta y se va construyendo día por día a través de la resistencia y el reclamo, una lucha cada vez más generalizada entre los más pobres, pero también entre los sectores medios, que sienten vapuleada y traicionada su esperanza, por unas medidas económicas y una contra reforma política irresponsables, irracionales y coyunturales. Esa tendencia es la del descontento popular y ciudadano que pronto hallará mejores cauces e incidencia política.