Inclusión social versus filantropía

Consuelo Bowen

El Estado que garantiza el ejercicio de derechos de la población en su conjunto versus el Estado que suple necesidades y carencias individuales, es la disyuntiva que está detrás del título de este artículo.

La navidad se aproxima, al menos en los almacenes, y más allá de reflexionar sobre su naturaleza religiosa, queda el intento de sobrevivir a la filantropía gubernamental, que sin duda se hará presente, como sucede desde hace más de un año, regresando una vez más al análisis de qué le corresponde realizar al Estado y qué a la sociedad civil recargada de bondad en esa época.

En Guayaquil probablemente tendremos la ya acostumbrada Teletón, en beneficio de los “más pobres y necesitados”, en el lenguaje de una clase política poco acostumbrada a reconocer a todos y todas como sujetos de derechos y cuáles son las condiciones para su ejercicio las que deben garantizarse.

Y no se trata solamente de un lenguaje conservador sino de una forma de conservar la ideología de la filantropía, para no tener que entrar en los espinosos caminos de la reivindicación de igualdad e inclusión social. La filantropía o amor al género humano se utiliza para referirse a la ayuda que se ofrece al prójimo sin esperar retribución. Los filántropos son las personas u organizaciones que suelen desarrollar proyectos solidarios. 

Los y las ciudadanas no necesitamos un Estado amoroso, o con ternura como se denomina alguno de los proyectos de solidaridad del actual gobierno. El Ecuador es un Estado de derechos y justicia social que debe generar políticas públicas, para que todos y todas quienes habitamos en nuestro territorio podamos tener condiciones para desarrollarnos como seres humanos.  

Sin embargo en diciembre los medios de comunicación nos mostrarán, con mayor frecuencia que la acostumbrada, los casos dramáticos de personas de la tercera edad o niños cuyas condiciones de pobreza y necesidad tornan su situación insoportable en términos navideños, pero no harán referencia a la falta de políticas públicas de inclusión social para grupos de atención prioritaria que eviten la existencia de esos casos.

No mencionarán que de acuerdo a datos del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC) entre diciembre de 2017 y junio de 2018 la pobreza por ingresos pasó de 21,5% a 24,5%, mientras que la pobreza extrema registró un aumento del 7,9% al 9%. El Plan Nacional de Desarrollo propuesto por el gobierno actual pretendía reducir la pobreza extrema al 4,7%. La pobreza multidimensional se incrementó del 35,1% al 39,4%, la pretensión gubernamental era reducirla al 32%.

Nos harán soltar lágrimas que seguramente enjugaremos mientras normalizamos la creciente inacción gubernamental en materia social y saludaremos la existencia de los programas de la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, al fin y al cabo la mejor muestra de la filantropía estatal. Caridad con dinero público, que nos hará olvidar que del sector público se han desvinculado hasta mayo 2018 a 42.000 personas, según cifras de funcionarios del propio gobierno y que el empleo pleno cayó entre junio de 2017 y junio de 2018 en 161.689 puestos de trabajo, según el INEC.

Ante la renuncia por parte del Estado de generar políticas de inclusión social, queda la esperanza, que suele resaltarse en fechas tan espirituales, de que las grandes empresas y bancos a los que el gobierno perdonó más de 4 mil millones de dólares de deuda tributaria, devuelvan el favor a la sociedad ecuatoriana con actos de altruismo y responsabilidad social. No olvidemos que el trabajo infantil de 5 a 14 años aumentó del 4,9% al 8%. Según un reporte del Ministerio de Inclusión Económica y Social cerca de 360 mil niñas y niños laboran en Ecuador.

Las políticas públicas para la inclusión social han sido reemplazadas por acciones de solidaridad, encabezadas por la figura altruista de la ‘primera dama’, aquella categoría arcaica que creímos desaparecida y que dirige la benevolencia del Estado hacia “necesitados y pobres”, deshaciendo la conciencia de ciudadanía que habíamos empezado a construir en la última década y que nos permitía exigir derechos e igualdad de condiciones.