Reformas sin pies ni cabeza

Arturo Belano

El Presidente Moreno firmó la semana pasada los decretos con los que desaparece el Ministerio de Justicia y crea una versión 2.0 del mal recordado MICIP de la época pre Revolución Ciudadana, en línea con el argumento de los intelectuales de derechas que sostienen que, para salir de una crisis, es necesario crear otra peor que afectará, como no puede ser de otra manera, a los grupos de atención prioritaria y en beneficio de las élites económicas.

Hoy analizamos la reforma institucional en marcha. Esta reforma se alinea con el dogma de que es mejor un Estado reducido y que hay que dejar que el sector privado abarque los servicios que el Estado deja de atender. Demás decir lo falaz de este argumento en un país en proceso de desarrollo, con segmentos de la población que no tienen aún todas sus necesidades básicas atendidas plenamente y en donde se requiere generar empleo de calidad, de largo plazo y que permita mantener la línea de reducción de la pobreza que llevó adelante el Ecuador desde 2007 y que fue recientemente reconocido por UNICEF ante la mirada indignada de los ministros del sector que tienen la consigna de negarlo todo, siempre.

El tamaño de un Estado no se mide por la cantidad de organizaciones que tiene, o por la cantidad de personas que son funcionarios públicos. Aunque es la única medida que utilizan los contradictores para sostener su alegato. En la reforma en implementación, el Estado central está reduciendo 23 organizaciones, es decir una reducción del 18% y se suprimirán cerca de 70 mil cargos públicos, lo que equivale al 15% de la nómina total de funcionarios que trabajan para el Gobierno Central. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha notado que aún con estas reducciones, el impacto no será mayor, toda vez que el 85% del gasto corriente es remuneraciones de la gran masa de funcionarios que se concentran en policías, profesores, profesionales de la salud, militares, personal del sistema de protección social y del sistema de justicia. Esto quiere decir que el gran volumen de los 70 mil funcionarios que se quedarían sin trabajo son profesionales de otras áreas que requieren existir para no afectar la calidad de los servicios públicos. De esta manera, se afectarán servicios como el Registro Civil, la ANT, los servicios tributarios y aduaneros, y los enfocados en el mejoramiento de la productividad de los sectores agrícolas y pecuarios. Se afectan derechos fundamentales como el del sistema de protección social y de derechos humanos, los relacionados con la cultura o el deporte o la construcción y gestión de la infraestructura pública al servicio de la educación, salud, seguridad, cuidado infantil y otros servicios similares.

Si se mira con detalle la reforma en curso, se fusionan sectores cuya gestión es de alta complejidad y que, la experiencia demostró, es mejor tenerlos separados. El ejemplo más notorio es la fusión de los sectores de Energía, Hidrocarburos y Minas para crear el Ministerio de Energía y Minas. La primera pregunta obvia es, ¿en dónde se puede encontrar un experto en las tres materias al mismo tiempo? El otro ejemplo es fusionar la administración tributaria con la aduanera, como si fueran una sola materia y no dos, como en efecto lo son. Finalmente, se fusionan los asuntos del Interior, con los de Justicia. Asuntos que cada uno, por su lado, representan un dolor de cabeza permanente por la complejidad asociada a su gestión, peor aún en el contexto de seguridad actual. Ecuador se convierte en el único país de la región latinoamericana que no tiene un Ministerio de Justicia. La falta de comprensión de la importancia de este ministerio solo va a ocasionar que el sistema de justicia y las políticas públicas coligadas sufran retrocesos de verdad, y no de espectáculo como ha sido la tónica hasta ahora. Esta fusión demuestra además la nula comprensión de los gobernantes sobre la complejidad de este sector y pensar que todo solo abarca a la administración de cárceles, y, peor aún, pensar que la Policía es la institución que debe administrarlas.

Otras reformas son claras regresiones en los avances en la construcción de un Estado Civil al servicio de las grandes mayorías. Fusionar el Ministerio de Comercio Exterior con el de Industrias y con el Acuacultura y Pesca no tiene ni pies ni cabeza. Con la lógica de operación del actual gobierno, esta acción solo beneficiará a los eternos ganadores de las políticas públicas a favor de las élites burguesas y gamonales y dejará sin capacidad de reacción a los actores de la economía popular y solidaria para colocar sus productos en el exterior. Sin contar con lo obvio, el MICIP no tenía ninguna influencia en la generación de impactos que diversifiquen la capacidad productiva del país.

Estas y otras reformas se allanan a la eterna perorata de que el Estado es obeso, cuando no lo es, y da pie para la disminución notoria de servicios públicos que son importantes en un país en desarrollo, como lo son la gestión de los Centros de Rehabilitación Social; deja de construir imaginarios favorables para la construcción de una sociedad más justa al pasar a segundo o tercer plano los asuntos de la cultura o del deporte; consolida un modelo de Estado empresarial sin control al desaparecer los organismos de coordinación de las empresas públicas; y para en seco el aumento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de los sectores sociales del Ejecutivo, al suprimir el Servicio de Contratación de Obras.