México, los desafíos en seguridad ciudadana

Luis Varese

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de MORENA, recibe un país en una situación extremadamente difícil y compleja. Además de las herencias estructurales de una poderosísima burguesía local acostumbrada en los últimos lustros a tener al Estado a su servicio; además de la corrupción institucionalizada y de los tremendos índices de pobreza y abandono del agro; además de enfrentar una política migratoria estadounidense de corte fascista, que dejará en el territorio mexicano a muchos de estos migrantes; además de todo ello el Gobierno entrante recibe una carga complejísima y dolorosa en el tema de seguridad ciudadana.

El número de desaparecidos según cifras oficiales es de 37,000. El número de muertos en la “guerra contra la droga” supera los 220,000. Entre otros temas esta terrible herencia tiene una multiplicidad de Cuerpos de Policía, desde la Policía Federal hasta las Policías Municipales y Locales. La mayoría de estos cuerpos policiales mal pagados (hasta salarios de 90 ó 100 dólares mensuales), mal capacitados y en muchos casos dotados de armas de guerra proporcionadas durante el gobierno del PAN de Felipe Calderón. Como se comprenderá las policías municipales y locales son un objetivo evidente del crimen organizado para ser cooptadas. El estándar mínimo recomendado es de 1.8 policías por cada 1000 habitantes. México tiene la mitad de efectivos que de los que requiere y un altísimo porcentaje en las condiciones antes descritas. La propuesta inicial del Presidente electo, pasa por la creación de una Guardia Nacional incorporando al Ejército a esa estructura, además de otras policías, ello con la intención de unificar el mando y facilitar un proceso de formación y depuración. Esta propuesta ha tenido reacciones positivas y negativas por parte de la sociedad civil y de diversos sectores de la población organizada, sin embrago el debate aún está abierto y su formación o no, depende de reformas constitucionales que deberán darse en los próximos meses.

El desastre del combate al crimen organizado y el tráfico de drogas y en segundo lugar al delito y delincuencia común, pone al nuevo gobierno en una situación sumamente complicada. Hasta ahora el accionar ha sido policial/represivo, sin ninguna forma de participación ciudadana. Hay que diferenciar muy claramente lo que es el combate al crimen organizado y los tráficos, donde el negocio pasa por la banca, las estructuras estatales que facilitan el tránsito hacia los EE.UU., la producción (México no es productor de cocaína pero sí de heroína y marihuana) y las propias estructuras organizadas de alto nivel y experiencia combativa como es el caso de los Zetas. Ese es un frente para desarrollar el trabajo y en la medida que se siga contando exclusivamente con la asesoría de la DEA y la CIA, los resultados son los que hoy existen.

El otro frente es el del delito común, robos, secuestros exprés, asaltos y violencia callejera, violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer. Aquí la experiencia enseña que la policía cumple un papel siempre y cuando esté inserta en la comunidad y cuente con la activa participación ciudadana. La ciudadanía debe estar involucrada en todo aquello que es diagnóstico (previsión) y prevención. Para ello con las policías locales y municipales, depuradas y capacitadas a realizar el trabajo en colonias, barrios y comunidades. Todo el trabajo de formación, cultura, actividades educativas y lúdicas, ocupación del tiempo libre, ocupación de los espacios de encuentro ciudadano, trabajo con las llamadas pandillas juveniles, forma parte de un proceso intenso de participación democrática que está plenamente en la línea del nuevo gobierno. Los resultados exitosos de la Policía Comunitaria en Ecuador y de la Policía Nacional de Nicaragua, así como otros similares en Uruguay, demuestran que hay todo un sector del delito que debe ser enfrentado conjuntamente con la ciudadanía. Este cambio radical en la concepción del combate al delito se puede dar solamente en el marco de un gobierno con un proyecto nacional donde las prioridades son la reducción de la pobreza, la inclusión social y la participación ciudadana activa en la construcción de políticas públicas, que van desde lo local hasta lo federal-nacional. Existen hoy las condiciones en México para avanzar en ese sentido y tener un impacto en el corto plazo. MORENA tiene una inserción nacional, cuenta con mayoría determinante en ambas cámaras, varios Gobernadores en Estados claves incluyendo la Ciudad de México y un Presidente, Andrés Manuel López Obrador, que apuesta por la democracia participativa. Confiando en la participación ciudadana activa se podrá dar un vuelco sustantivo en la percepción y la realidad de la seguridad ciudadana a nivel de barrio, colonia, comunidad. El tema del narcotráfico y el crimen organizado es un tema donde, una vez más, el papel de los Estados Unidos (principal consumidor del mundo) debe asumir su responsabilidad. Así como levanta muros impresionantes, llenos de navajas y fusiles y se prepara para “defenderse” de mujeres descalzas, niños famélicos y hombres jóvenes. Así como se prepara en contra de ellos, con la misma decisión y fuerza debería combatir el trasiego de armas que nutren al crimen organizado en México. Comenzando por allí y controlando a sus voraces banqueros y lavadores de dinero, haría una importante contribución, no solo a México, sino a la América Latina entera.