La Constitución de Montecristi

Fernando Cordero Cueva

Durante la campaña presidencial del año 2006, el candidato Rafael Correa propuso convocar a una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva constitución. Luego de ganar las elecciones y tomar posesión de la presidencia de la república, el mismo 15 de enero de 2007 convocó a Consulta Popular para preguntar al pueblo ecuatoriano si  estaba de acuerdo en que “… se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes de conformidad con el estatuto electoral que se adjunta, para que se transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?”. Con ese decreto se inició una fuerte confrontación política  con el antiguo Congreso Nacional, conformado en su mayoría por diputados de los partidos de derecha y oposición del nuevo gobierno. El poder legislativo tenía como “contrapropuesta” la conformación de una Asamblea Constitucional, para reformar la constitución de 1998, aprobada también en una Asamblea Constitucional que funcionó en un cuartel de Quito, subordinada al gobierno de Fabían Alarcón y al Congreso Nacional, que lo había designado “Presidente Interino”.

La oposición a la Asamblea Constituyente fue tan radical que cuando el Tribunal Supremo Electoral, TSE, dio paso a la consulta popular, el Congreso Nacional, con una simple resolución legislativa, ilegal e inconstitucional, destituyó al presidente del TSE y este, aplicando la ley electoral, reaccionó y destituyó, a su vez, a 57 diputados, que fueron sustituidos por sus alternos.

La convocatoria y el estatuto para la Asamblea Constituyente  fue aprobado con el 81,72% de votación popular. Contenía importantes y radicales cambios, entre los que se destacan los siguientes: eliminó las “cuotas para mujeres” e inauguró las candidaturas paritarias y alternadas entre hombres y mujeres; asignó escaños con el método proporcional, (partidos y movimientos políticos obtendrían curules en forma directamente proporcional a su votación). Se crearon por primera vez representantes de nuestros migrantes en tres grandes circunscripciones territoriales: Europa y Asia; Norteamérica; Suramérica y el Caribe. La Asamblea duraría “ciento ochenta días (180), contados a partir del día de la instalación, salvo que ella misma establezca una prórroga que no podrá exceder de sesenta (60) días contados a partir del vencimiento de plazo inicial”, (algo que Alberto Acosta y la oposición política nunca aceptaron). Se incluyó una disposición inusual y enormenente exigente, Una vez aprobado el texto de la nueva Constitución… el Tribunal Supremo Electoral convocará a un referéndum, para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución por la mitad más uno de los sufragantes”.

Se llamaron a elecciones de asambleístas constituyentes y el 30 de septiembre de 2007 el pueblo ecuatoriano eligió 130 asambleístas pertenecientes a 12 agrupaciones políticas. (79 a Alianza País, Movimiento creado por Rafael Correa; 19 a Sociedad Patriótica;   8 al PRIAN , 5 al PSC, 4 al MPD, 4 a Pachacutik, 3 a la RED, 3 a ID, 2 a UNO, 1 al PRE , 1 MHN y 1 FUTURO YA).

Con esa votación e integración de la Asamblea Constituyente el pueblo ecuatoriano vio nacer la esperanza y posibilidad de que muchos sueños colectivos puedan hacerse realidad.

Luego de 8 meses de intenso y en momentos extenuante trabajo ¡le dimos al país una nueva Constitución de la República! que logró una profundización de derechos y nuevos mecanismos para conseguir que se respeten y reivindiquen décadas de luchas sociales en defensa de los sectores más vulnerables.

La construcción del texto constitucional, por sus propuestas equitativas y revolucionarias, encontró muchos reparos en el camino. Los “peros” venían de aquellos sectores acostumbrados a surgir a costa de los desposeídos, a buscar privilegios solo para “los suyos” y a defender intereses particulares. Estos grupos se negaban, se niegan y se seguirán negando a un verdadero cambio en el Ecuador. Recurrieron a múltiples formas de violencia, incluyendo un asalto a mano armada y con un disparo que pasó a 15 centímetros de mi cabeza para robarme la computadora, que según los rumores de los opositores contenía la nueva constitución que había sido hecha en Venezuela y enviada por Chávez. ¡Mentiras que aún repiten los despistados y los odiadores del cambio y la revolución ciudadana!

Pero la transformación era inevitable. El pueblo ecuatoriano había escogido una opción que, tras décadas de abusos e indolencias de una caduca clase política, al fin representaba los intereses de las grandes mayorías. Arrancó un proceso de amplísima participación ciudadana. Llegaron a Montecristi los más diversos grupos sociales: indígenas, campesinos trabajadores, sindicalistas, mujeres, estudiantes, gobiernos locales y muchos más. Todos traían consigo peticiones y propuestas; muchas de ellas, resultado de profundos debates y grandes consensos.

A diferencia de otros procesos constituyentes, aquí la gente encontró oídos a sus justos reclamos; también, respuestas a sus interrogantes y soluciones alternativas a sus problemáticas.

En pleno proceso de elaboración de la constitución,  algunos meses antes la finalización de la Constituyente, Alberto Acosta, me pidió mantener una reunión informal y franca para hablar de la nueva constitución. Como vicepresidente de la Asamblea Constituyente tenía a cargo la coordinación y seguimiento de las “mesas constituyentes” que proponían, al pleno, los nuevos textos constitucionales.  En la reunión, le dije, metafóricamente, para acabar la Constitución el 24 de mayo, “nos faltan 400 kilómetros y tenemos 4 horas. Deberíamos ir a 100 km por hora pero estamos yendo a 5. No vamos a terminar a tiempo”.

Muy seriamente, aunque parezca una broma, me dijo: “No te preocupes querido Corcho. Podemos ampliar el plazo hasta el 24 de julio. A mi no me interesan mucho esos cronogramas y planes que tú me muestras… a ti te encantan… Si no podemos ir mas rápido, YO RENUNCIO A LA PRESIDENCIA y tú asumes la conducción de las sesiones plenarias”. Con tono cordial, pero firme, le contesté. “¡Estás loco querido Alberto!… ¡Sería una irresponsabilidad!… tienes que terminar, para eso te elegimos”. ¿Crónica de una renuncia anunciada? Entre risas y aclaraciones una nueva respuesta me confundió mucho más. “Corcho, finalmente… no te preocupes, a Alfaro le pasó igual, esta no es la Constitución que imaginamos… habrá que hacer otra”. Esta segunda hipótesis de Acosta podría cumplirse, aunque no por sus argumentos sino porque los “transitorios” están violando cotidianamente la Constitución de Montecristi y sepultando las conquistas de 2008, a pretexto de “descorreizar” el Ecuador. A este paso es casi seguro que más temprano que tarde tendremos que proponer una nueva Asamblea Constituyente.

Llegó el 24 de mayo y no acabamos la redacción de la Constitución. Se amplió el plazo por 60 días, hasta el 24 de julio. La oposición había lanzado una idea tentadora: “usar los plenos poderes de la Constituyente para prorrogarla, más allá del mandato popular”, con la supuesta excusa de evitar los apresuramientos y no sacrificar el debate político. Si se habría aceptado esa astuta propuesta, hoy con certeza no tendríamos la constitución de Montecristi.

Forzados por la renuncia de Alberto Acosta, el 27 de junio, se propuso mi nombre para presidente de la Asamblea Constituyente y fui elegido. Recibí de herencia 57 artículos finales aprobados; 29 con informe para votación final y 11 en subcomisiones; 83 listos para segundo debate y 69 en elaboración de informes para segundo debate; 48 con informe para primer debate y más de  220 artículos en trámite para primer debate.

Gracias al esfuerzo de todos los 130 asambleístas y sus agrupaciones políticas duplicamos y algunos días triplicamos las sesiones plenarias, ampliamos el debate político, optimizando las participaciones de las bancadas en lugar de intervenciones de asambleístas individualmente considerados. Ello redujo a la mitad la participación de asambleístas de AP y aumentó significativamente las intervenciones de las restantes fuerzas políticas. Terminamos la Constitución de Montecristi y la aprobamos con 94 votos (72,3%). Fue ¡una justa recompensa a un enorme esfuerzo!

Pese a la oposición de las mismas fuerzas políticas que nunca quisieron que se convoque a Asamblea Constituyente y de otros grupos que no tuvieron coraje ni compromiso para aceptar los cambios de la Constitución del Buen Vivir, sumada a una furibunda campaña político-religiosa llena de falacias para oponerse a la nueva constitución, dirigida por la Conferencia Episcopal, fue aprobada, hace 10 años, el 20 de octubre, en referéndum constitucional, con mas de 4 millones 700 mil votos  (63,93%  de sufragantes) que dijimos ¡SÍ, LA APROBAMOS!.

Dijimos SI: al acceso a una educación pública y de calidad, gratuita hasta el tercer nivel; a la salud pública para todos; a gobernarnos de manera descentralizada; a la seguridad social universal que no podrá privatizarse; a una economía que prioriza al ser humano; a los derechos de la naturaleza; al agua como derecho humano; al reconocimiento de las familias diversas. Dijimos SI, a los anhelos de cambio de la mayoría de ecuatorianos y dijimos SI para dejar el pasado de la partidocracia atrás. -La historia nos está probando que fuimos muy ingenuos y nos equivocamos en esta última aspiración. Nos faltó, politizarnos como ciudadanos-.

Más aún, ese apoyo no solo fue para el texto constitucional. Sino también, para los 21 mandatos constituyentes que durante ocho meses, la Asamblea Constituyente logró aprobar para: eliminar los sueldos dorados y los abusos de una burocracia indolente que entendía el servicio público como sinónimo de privilegios; las concesiones mineras arbitrarias y contrarias a los principios constitucionales de defensa del agua y las áreas protegidas; recuperar la administración estatal y la soberanía sobre nuestros recursos naturales; eliminación de la tercerización y la intermediación laboral. Hoy muchas de esas decisiones quieren ser revertidas, en nombre de la austeridad estatal, la falta de competitividad en los mercados internacionales y sobre todo con la muletilla de “descorreizar” el país.  

Una Constitución por buena que sea, con su sola existencia, no cambia la vida de la gente. Para ello hay que ponerla en práctica y convertirla en carne, vida y ejemplo. Eso es lo que se hizo desde el 2008 para que, entre otras cosas, la economía popular y solidaria sea una realidad que beneficie y proteja al sector comunitario. Los gobiernos locales tengan garantizada su autonomía y financiamiento, sin depender de condicionamientos políticos, la justicia no sea solo para quién pueda pagarla sino gratuita, proba e independiente, el IESS con autonomía y si sujetarse a los acuerdos del FMI, vuelva a ofrecer a sus afiliados créditos hipotecarios, prendarios y quirografarios, para incrementar sus fondos previsionales.

En el plano político los cambios fueron aún más radicales. Dejamos en el pasado el triste papel de aquel Congreso Nacional que, lejos de ser el espacio de la pluralidad ideológica, era el lugar del “toma y daca”, del reparto de la patria y la compra-venta de conciencias, del voto interesado, del secuestro del país a cargo de “mayorías móviles”.

La historia reciente muestra que, pese a no tener mayoría en la primera asamblea nacional 2009-2013, nunca recurrimos a esas viejas prácticas y aprobamos y promulgamos 11 de las 13 leyes señaladas en la primera disposición transitoria de la constitución. La Ley de Recursos Hídricos y la de Comunicación quedaron listas en más del 95% de su texto. Fueron cuatro años fundamentales para establecer la nueva arquitectura institucional ordenada por la Constitución. Asumiendo con seriedad la tarea encomendada por nuestros electores, aprobamos leyes históricas que significaron cambios y mejoras. La creación del Banco del IESS, la recuperación de la soberanía sobre nuestros recursos naturales, la planificación y el ordenamiento territorial, fueron parte de esos profundos avances legislativos. Aunque bien sabemos que ninguna ley está escrita en piedra y con toda seguridad a muchas de ellas les harán falta ajustes, reformas o complementos, para ser más efectivas o para rectificar errores no advertidos originalmente.

En el 2013 el pueblo conformó una mayoría legislativa, en las urnas, para acelerar y profundizar los cambios. Queda por analizar con mayor rigurosidad si se aprovechó suficientemente esa decisión popular.

En 2017 el pueblo volvió a conformar en las urnas una nueva mayoría legislativa, lamentablemente hoy está totalmente descompuesta y convertida en una minoría más, dispuesta a seguir “jugando” a las “mayorías móviles” que con frecuencia olvidan su origen y traicionan la propuesta política que les dio el triunfo. La historia juzgará con mucha severidad esta inentendible actuación que convirtió a los ganadores, simultáneamente, en gobierno y oposición.

La aplicación y desarrollo de la Constitución es un proceso constante y continuo en el que cada uno de los actores sociales y políticos, tenemos o deberíamos tener nuestra cuota y responsabilidad. Hoy la Constitución del Buen Vivir es además el mejor ESCUDO PROTECTOR que tiene la democracia ecuatoriana para defenderse de tanta arbitrariedad derivada de la inconstitucional Consulta popular de febrero de 2018, que nos ha llevado a la ridícula situación mundial de ser “Estado constitucional de derechos y justicia, social…” que por obra y gracia de un grupo de funcionarios públicos designados “a dedo” y con ínfulas de dictadores “decidieron”, en uso de sus “plenos poderes”, que nos encontramos en “VACANCIA CONSTITUCIONAL”.