Acaba de circular en España el libro Neofascismo, la bestia neoliberal con ensayos de diversos autores iberoamericanos. De la mano del enfoque y de la investigación la mayoría de ellos y ellas pone el dedo en la llaga: el neoliberalismo se está expresando en su modo neofascista. En el Ecuador de hoy hay algunas manifestaciones de aquello, que si no fuese por el bloqueo mediático, la complicidad de algunos –ya impresentables- intelectuales de izquierda y las ONG que acompañan en su propósito al gobierno actual, sería motivo de diversas explosiones ideológicas y políticas.

Podrían alegar que un tipo como Lenín Moreno no tiene nada que ver con un Jair Bolsonaro o un Donald Trump. Claro, le faltaría una condición central para ello, pero por ahí no va la cosa. La pregunta de fondo –partiendo de la perspectiva y pesquisas investigativas de los autores del libro en mención- es, ¿qué hace del gobierno ecuatoriano un prototipo de neofascismo? Hay algunas posibilidades de análisis.

La primera y fundamental es la que tiene que ver con los servicios prestados al poder financiero a costa de violentar varios preceptos constitucionales, desde disposiciones autoritarias y por fuera de un hipotético Acuerdo Nacional. Así, mientras siguen concentrando poder y riqueza, además de un control directo en las decisiones estatales, adquieren una influencia terriblemente vertical en la legislatura, en los medios y en espacios de presunta pero endeble reflexión académica. Todo para convalidar un capitalismo dizque moderno pero sin ambages agresivo y totalitario.

Pero hay algo que la semana pasada se enunció en su aterradora magnitud: el uso del aparato judicial como una herramienta de persecución implacable, donde Fiscalía y Contraloría –como lo reconoce rampantemente Pablo Celi- coordinan todas las acciones “ilegales” y el mismo ex izquierdista defiende a la señora/fiscal 10/20 como si fuese la adalid de las luchas jacobinas del presente siglo. No solo aparentan “desmontar” una confusa e impalpable red de corrupción (con unos archivos que parecerían sacados de un sombrero de mago) sino que escogen a quien inculpar, y, a la vez que violan procedimientos legales, salen a la luz esas “revelaciones”, incluso antes, en todos los medios como si se tratara de hojas volantes salidas de un festín.

Y si a eso se suma la arremetida perversa y nunca antes vista contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (elegido en las urnas), abusando de una tremenda irracionalidad jurídica y política, no queda más que pensar que el autoritarismo y la violencia institucional con la que están actuando, confirma uno de los rostros del neofascismo neoliberal que intenta eliminar cualquier viso de independencia o soberanía política de cualquier institución o actor político.

Sin embargo falta algo más: como si fuesen los empleados sometidos y bien atendidos de Odebrecht, los titulares de la función de Transparencia (Contralor, Procurador, Fiscalía y demás, junto al ‘libérrimo’ y mediocre secretario anticorrupción) negociaron un acuerdo para perdonar a la empresa corruptora y salen a cuentearnos de que están arreglando la devolución de dineros o algo por el estilo. ¡Neofascismo puro!

El “Primer Mandatario” no se entera de ello –y además ni le importa- porque en su “gira de verano” hace alusiones políticas y económicas que hablan de otro momento y de otro país. Es evidente que no gobierna y todo lo que se hace en nombre de su gobierno pasa por instancias de decisión, a ratos, muy bien camufladas. 

Lo de fondo: lo quiera o no, lo entienda o no, ¿Moreno es la ficha de un modelo y un esquema neofascista aplicado en un país rezagado? ¿Los operadores de la Rotura de los 25 entienden el lío que ayudan a armar y en el que han metido al país con su abuso y desparpajo político al servicio de la embajada del norte y determinados poderes locales? ¿No es hoy por hoy Santiago Cuesta el Rasputín que enlaza un sinfín de negocios con lo peor de la oligarquía ecuatoriana? Tal vez no queda duda de por qué y para qué se sienta todo el tiempo junto al “Primer Mandatario”.

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