De espaldas a la paz: Colombia en el 2018

Alexander Amezquita

Las fiestas y agasajos con motivo del fin de este 2018 no deben distraernos de los enormes retos que nos depara el año 2019 para Latinoamérica, para la región andina, y, en especial, al país al que dedico estas líneas, Colombia. Como un colombiano que reside fuera del país, el país de mi nacimiento persiste en su carácter enigmático, indiscernible y a la vez vivaz y encantador. Sin embargo, este 2018 se erige aún como un año en el que, a pesar de enormes esfuerzos y demostraciones en el sentido contrario, le seguimos dando la espalda a la paz, en el que persiste una enorme deuda social con víctimas, trabajadores, estudiantes e instituciones, y en el que incluso los triunfos y actuaciones sobresalientes no dejan de ser manchadas por la intolerancia y el anacronismo.

Es evidente que el mayor evento de este 2018 en Colombia lo constituye la elección presidencial. Con el reto de construir unas condiciones que hagan sostenible la paz luego de los acuerdos de 2016, Colombia se enfrentó a unas elecciones presidenciales complejas, en las que la convicción de que la paz era irreversible chocaba con una convicción aún mayor, la de que otros valores permanecerían irreconciliables a pesar de ella. En Colombia ha prevalecido en las élites y en sus bases de apoyo (no siempre informadas adecuadamente), la opinión de que solo las penas y sentencias más duras constituyen las bases de la paz. Esta sed de sangre, castigos y venganzas, parecen resumir las objeciones a los acuerdos de paz en lo relativo a la justicia especial para la paz y la participación política de los excombatientes.

Adicionalmente, es evidente hoy en día que el principal conflicto del posconflicto es la restitución de tierra, la contrarreforma agraria que se debe operar luego de la reforma ilegal, irregular, desregulada que se desarrolló durante el conflicto armado por más de 50 años. Y no es de extrañar que precisamente las mismas élites que obstaculizan la justicia especial para la paz, son las que se oponen a una redistribución equitativa de la tierra apelando ahora sí a la institucionalidad.

En ese complejo contexto, Iván Duque, un senador del partido Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe Vélez, de carrera entre inadvertida y deslucida, fue elegido como Presidente de la República. El gobierno del presidente Duque, que ya en ejercicio sigue refiriéndose al senador Uribe Vélez como presidente, ha sido una secuencia de errores, omisiones, salidas en falso y sobre todo de demostraciones palpables del carácter pro-rico de su administración y de los deudos de su triunfo electoral.

Un fiscal general de la nación que aunque remanente del gobierno Santos, en este periodo ha sido salpicado no solo de casos de corrupción sino involucrado en un supuesto asesinato. Un ministro de hacienda que se hizo millonario a costa del presupuesto de varias decenas de municipios. Designaciones en cargos de alto nivel de responsabilidad de personas que a falta de títulos y certificados laborales, demuestran sus aptitudes en declaraciones juramentadas ante notario. Una de las más patéticas demostraciones de su carácter infantil e ineptitud para el cargo, cuando al informar a la nación sobre la supuesta muerte del criminal “Guacho” decide hacer un chiste con la frase “se le acabó la guachafita”, insensible a las víctimas de los grupos ilegales, comparando su tragedia con un desorden o fiesta (que es el significado común de la palabra en Colombia). Para completar, una reforma tributaria que carga sobre los sectores populares los costos de la corrupción y de la ineptitud gubernamental, un aumento irrisorio del salario mínimo, todo aderezado con superficialidades tales como gravar el trabajo de las modelos online.

Pero la más importante de sus actuaciones, o mejor dicho, de la ausencia de ellas, es la que tiene que ver con el sistemático ataque y persecución a líderes sociales, defensores de derechos humanos y trabajadores del posconflicto. Entre el 1 de enero y el 17 de noviembre de 2018, Indepaz contabiliza 226 asesinatos a líderes y defensores de DD.HH., un aumento considerable si se tiene en cuenta que en 2017 esos casos ascendieron a 159. Silencio, y, en el peor de los casos, apoyo a las declaraciones de altos mandos militares que ponen en cuestión el adjetivo de sistemático a este ataque, ha sido la respuesta del gobierno a tan atroz panorama. Lo más grave es que son precisamente estos actores los que construyen la paz en territorio, una paz que parece tan lejana como antes del fin del conflicto.

Y si la paz parece lejana, más lejana aún parece la posibilidad de hacer memoria justa del conflicto. Luego de más de 10 años al frente del Centro de Memoria Histórica, el académico Gonzalo Sánchez deja su dirección. Fueron 10 años de un trabajo académico riguroso, de la mano de las víctimas y que ponderó, como lo sostienen las más prestigiosas universidades y centros especializados en el mundo, las acciones de los diferentes actores de la guerra. Deja publicaciones, instalaciones y en general una memoria viva y en movimiento para la paz. Y así mismo, no hay mejor demostración del desinterés que la paz despierta en el gobierno y en las élites, que los escandalosos intentos de la presidencia por nombrar en esta dirección a reconocidas figuras de la derecha, sin credenciales académicas o investigativas, pero sí largos currículos de apoyo a las fuerzas militares y posturas retrógradas como atribuir las violaciones de derechos humanos cometidas por militares a desórdenes mentales aislados.

Pero como siempre, son los movimientos sociales y las manifestaciones de los ciudadanos los que demuestran que sí hay posibilidades de paz en el país. Con más de dos meses de paralización y movilizaciones a lo largo y ancho del país, los estudiantes universitarios lograron detener el enorme deterioro del presupuesto para educación pública. A 1830 Millones de dólares asciende el presupuesto que pudieron asegurar los estudiantes para los próximos 4 años. Pero esto le costó a los jóvenes decenas de detenciones irregulares, agresiones de parte de la fuerza pública e incluso graves afectaciones como la sufrida por un estudiante del sur del país que perdió un ojo por cuenta de un proyectil disparado por armas del escuadrón antimotines de la policía. Soportaron también la arremetida de las mismas élites, que los acusaron de “vagos” y que incluso hicieron propuestas tan estúpidas como obligar a los egresados de la universidad pública a pagar aportes “voluntarios”. Pero en resumidas cuentas, demostraron que la actitud de taparse los oídos y barrer el problema debajo de la alfombra son soluciones pueriles que el gobierno de Duque no puede poner en práctica en todos los campos (como lo ha hecho con los escándalos de corrupción que abunda en los pocos meses que lleva su mandato).

Y si hay personas que merecen mención especial en un recuento de estas características, son nuestras mujeres deportistas. Catherine Ibargüen, quien fue galardonada como la atleta del año a nivel mundial por su desempeño atlético en la disciplina del salto largo, y el equipo femenino de fútbol del Atlético Huila que se coronó campeón de la Copa Libertadores de América, sin los escándalos y violencia de la categoría masculina, jugada en tierra de los conquistadores a pesar de llevar el nombre de los libertadores. Pero mención especial merece también el presidente de Deportes Tolima –otro equipo del rentado colombiano–, Gabriel Camargo, quien no tuvo otro comentario para las campeonas futbolísticas que “La liga femenina es un caldo de lesbianismo tremendo”. Somos incapaces de hacer la paz incluso en el deporte, donde a las futbolistas les toca lidiar no solo con menores salarios, premios que no les reconocen y desigualdad, sino con retrógrados de esta calaña.

La guinda del pastel nos la regaló el expresidente Uribe, a quien le debemos la divulgación de un poco polémico decreto que flexibilizar el porte de armas en el país, prohibido en 2016. Durante el próximo año más colombianos podrán aplicar a la obtención de salvoconductos, y no es descabellado recordar que un decreto similar dio origen a que “ciudadanos de bien” como los hermanos Castaño o Mancuso formaran las Convivir, grupos de protección privados que derivaron en el paramilitarismo.

El resumen de este 2018 no es un recuento de alegrías. El 2019 se antoja retador, no solo por ponerle freno a los afanes guerreristas y neoliberales que sostienen al gobierno Uribe (Duque), sino por fortalecer la voluntad de paz de los colombianos, que ha soportado arremetidas sistemáticas y generalizadas, pero que se mantiene viva e intensa.