En entrevista con Radio Democracia (15/03/2019), el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, Julio César Trujillo, un veterano y fracasado político de 88 años, reconoció que en la elección del 24 de marzo existe “el peligro” y “el riesgo” de que ganen los candidatos a los que apoya el expresidente Rafael Correa.

Esta declaración no hace más que confirmar lo que ya se sospechaba desde hace unas semanas atrás cuando se empezó a hablar de “submarinos correístas” y a posicionar con todo el poder de la hegemonía estatal, mediática, política, fáctica, una campaña brutal a favor del voto nulo: el pavor que tienen a que los ciudadanos castiguen en las urnas los abusos de Trujillo y su combo.

Este temor nace de las advertencias que han lanzado varios candidatos al CPCCS definitivo, entre ellos Victoria Desintonio, Graciela Mora, Juan Javier Dávalos, Walter Gómez, Olindo Nastacuaz y Carlos Espinoza, que han puesto a correr a todo el mundo: a la presidenta de la Asamblea, a ciertos consejeros electorales, a abogados constitucionalistas, a radiodifusores, presentadoras de televisión, articulistas.

Los personajes que apoyan el voto nulo, no han disimulado su desesperación por lo que podría ser una votación favorable para las tesis que apuntan a revisar y dejar sin efecto las arbitrariedades ejecutadas, paradójicamente, en nombre de un mandato popular, sí, ese mismo pueblo al que ahora quieren menospreciar y al mismo tiempo tutorar.

Otras propuestas que van en contra del statu quo son: combatir la corrupción pública, pero también la privada (caso GEA, INA Investment –que toca directamente a Lenín Moreno y su entorno cercano-, intereses de la banca, etc.), apoyar las iniciativas populares de revocatoria de mandato a las autoridades que hayan incumplido sus planes de gobierno, respaldar a los trabajadores que hayan sido despedidos ilegalmente, entre otras.

Submarinos camuflados  

La elección se convocó el 21 de noviembre de 2018, pero los palos de ciego empezaron desde mediados de febrero con la tesis de que había que generar “un hecho de opinión”, que los votos nulos superen a los votos válidos para que darle la legitimidad a Lenín Moreno (que a estas alturas sigue fungiendo como Presidente, pero no se sabe realmente si gobierna) para que convoque luego a una consulta popular que elimine al CPCCS.

Además de sendos reportajes en portales digitales y periódicos (como El Telégrafo y La Hora) arremetieron contra “los candidatos correístas”, en una suerte de cacería de brujas, políticos como Andrés Páez y Abdalá Bucaram, quien no escatimó epítetos contra las mujeres candidatas a las que tildó de prostitutas, drogadictas y otras bajezas. Esto valió un fuerte llamado de atención de la Organización de Estados Americanos que condenó enérgicamente el acto de violencia política y alertó que va a registrar el hecho en el informe sobre las elecciones.

Mientras se distraía la atención con los submarinos correístas, están pasando de agache los submarinos morenistas. Hay candidatos que son afines al gobierno y a Trujillo (que para todos los efectos son la misma cosa): Carlos Figueroa, David Rosero, Marlene Montesinos (quien estuvo junto a ‘gallo hervido’ en la primera terna enviada a la Asamblea para la designación –a dedo- del CPCCS en funciones); Francisco Bravo (muy cercano a la Comisión Anticorrupción), Sofía Almeida (sobrina del ‘guacharnaco’ Luis Almeida, viejo político socialcristiano), entre otros.  

Cargamontón contra el CPCCS

Otra jugada en contra de la elección fue la demanda de inconstitucionalidad por omisión presentada, el 8 de marzo, por los abogados Rafael Oyarte (muy cercano al Consejo transitorio) e Ismael Quintana (entusiasta defensor de las propuestas del gobierno). Se pedía que se suspenda la elección basada en una encuesta de la empresa CEDATOS y con el argumento de que los ciudadanos no conocían a los candidatos.

Esta triquiñuela generó incertidumbre hasta el 14 de marzo (10 días antes de la elección), en que la Corte Constitucional negó las medidas cautelares solicitadas por los demandantes, sin embargo, aceptó a trámite la petición.

Sumado a lo anterior, la presidenta de la Asamblea Nacional, la morenista Elizabeth Cabezas, anunció que se había presentado una propuesta de reforma para limitar las funciones del CPCCS que será elegido en las urnas. Esto llama la atención.

El 3 de octubre de 2017, Lenín Moreno, en una cadena en la que justificó el llamado a consulta popular destacaba que “vamos a recuperar el vigor de la participación ciudadana con un Consejo fruto de la voluntad popular (…) proponemos que los nuevos integrantes (del CPCCS) sean elegidos a través de votación universal”.

Parece que los incondicionales de Lenín Moreno no comulgan con él o les asusta la participación de los ciudadanos en las decisiones trascendentales del país.  

A seis días de las elecciones, también, el propio Consejo Nacional Electoral sembraba más incertidumbre mostrando declaraciones erráticas sobre la forma de contabilizar el voto nulo. Uno de sus consejeros, Luis Verdesoto, planteó públicamente que se tome en cuenta la totalidad de los votantes multiplicada o dividida por siete.

Este consejero también exigió a los candidatos Desintonio, Mora, Dávalos, Gómez, Nastacuaz y Espinoza, que deslinden “explícitamente” su responsabilidad sobre un video en el que, en su calidad de ciudadano, el expresidente Rafael Correa, expresaba su opinión sobre los postulantes, so pena de descalificarlos.

Todas estas acciones turbias y torpes a pocos días de las elecciones demuestran que existe una suerte de desesperación por los resultados del 24 de marzo. Evidencian también que existe temor de que se revisen las acciones que se han tomado en nombre del pueblo. Acciones que han demostrado que el Consejo transitorio ha actuado para apuntalar la persecución política colocando a personajes incondicionales, que se prestan para terminar de dar muerte política a lo que despectivamente llaman “el correísmo”.

Ese correísmo ha demostrado, por el contrario, que está más vigente que nunca, al punto de haber obligado a movilizar todo el aparataje estatal, gubernamental (de forma tapiñada), mediático y político.  

Hay que estar atentos a lo que sucederá el 24 de marzo. Los ciudadanos saben que Trujillo es Moreno, están cansados de las arbitrariedades, designaciones oscuras de autoridades para intensificar la persecución política (ejemplo, una postulante a fiscal “mejor puntuada” con 10 sobre 20, con dificultades para rendir las pruebas), haber mantenido un contralor subrogante, pero incondicional al Ejecutivo (que hace control de forma selectiva); del incumplimiento del Gobierno, de los despidos masivos, de la entrega a la banca, del acuerdo con el FMI que ha generado hasta ahora el despido de más de diez mil personas y la precarización de la calidad de vida de millones de ecuatorianos.

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