El Ecuador vive una emergencia con ribetes que hasta hace pocos días lo hubiéramos catalogado como propios de una película de ciencia ficción. En menos de una semana, cientos de personas contagiadas de un virus que ataca los pulmones y que amenaza con multiplicar el contagio a miles e incluso decenas de miles. Estado de excepción, incluyendo el toque de queda y el control militar de Guayaquil para evitar la aceleración de los contagios. Patrullas policiales que vigilan la medida de confinamiento domiciliario masivo. Ciudadanos que violan las medidas de confinamiento y que atacan a las fuerzas policiales. La alcaldesa del Puerto Principal que bloquea con carros del municipio la pista del aeropuerto, que impide el aterrizaje de un vuelo internacional con fines humanitarios y que luego se declara contagiada de la epidemia. La ministra de Gobierno que se hace de la vista gorda frente a ese delito, y que provoca que el Ecuador caiga en el ridículo y la censura a escala europea y mundial. El ministro de Finanzas que mezquina los recursos para enfrentar la emergencia de salud y prefiere continuar con los pagos de la deuda externa. La ministra de Salud que renuncia a su cargo desenmascarando al ministro cicatero y a otros funcionarios a quienes les dan un mínimo poder para que manejen la emergencia y lo hacen con la delicadeza de un herrero feudal y la prolijidad de un poseído. A todo esto, un Presidente ausente y que delega la mayor emergencia de la historia nacional en un vicepresidente con escueta legitimidad.

Parece un relato de ficción.

El 24 de marzo, o sea mañana, el Ecuador deberá pagar 325 millones de dólares que corresponden al vencimiento del saldo de los bonos global 2020. A eso hay que añadir los pagos de capital por 290,3 millones por vencimientos de deuda con organismos multilaterales y bancos internacionales; y los pagos por intereses por un monto de 107 millones correspondientes a los bonos global 2022 y 222,1 millones por intereses de los otros prestamos. Todo esto da un total de 944,4 millones de dólares para deuda externa hasta finales de marzo. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Va a permitir que salgan esos recursos en el momento que más requiere la sociedad ecuatoriana para enfrentar la mayor emergencia sanitaria de la historia? Sería el mayor despropósito, también de la historia. Sería aumentar el riesgo de contagio de miles de ecuatorianos y el riesgo de muerte de cientos de compatriotas. Sería imperdonable.

En lo inmediato deberían fluir los recursos del Estado para hacer frente a la emergencia. Los países que han enfrentado con éxito la pandemia del COVID-19 han puesto en marcha un conjunto de medidas combinadas y recurrentes: a) hacer pruebas de contagio del COVID-19 de forma masiva; b) determinar la trazabilidad de los contagiados y aislar institucionalmente a ellos y a los clasificados como “casos con sospecha”; c) aislar a los contagiados y someterles a tratamiento para ver el grado de respuesta y poder proyectar; d) entregar a las familias de bajos recursos raciones alimenticias con la participación de las FFAA para que no salgan de casa, sobre todo –pero no exclusivamente- en las zonas que tendrían restricción de 100 % y 75 % de “contacto social”; e) establecer los cercos de movilidad al 100 %, 75 %, y 50 %, dependiendo de la trazabilidad del contagio; f) establecer el toque de queda total sobre todo en las zonas en las que tuvieron presencia los casos contagiados, los sospechosos y los del cerco epidemiológico y establecer claramente las excepciones para la provisión de alimentos y medicinas en esas zonas, con las respectivas medidas de seguridad para la movilidad restringida; g) prohibir a las compañías de telefonía celular y de provisión de servicios de internet la suspensión de sus servicios a toda la población del país y de haber impagos diferir los mismos mientras dure la emergencia.

Estas acciones requieren recursos y son prioridad absoluta de la sociedad. No es aceptable que mientras la ex – ministra de Salud Catalina Andramuño coloca entre sus causales de renuncia que hasta el 21 de marzo “no se ha recibido ninguna asignación presupuestaria para el manejo de la emergencia” por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (“la autoridad competente”); un subsecretario de ese ministerio afirme que la prioridad es pagar la deuda externa.

En este mundo híper informado se puede conocer en tiempo real los éxitos y los fracasos. La agencia de noticias china Xinhua informó el 23 de marzo que ya van cinco días que no se registran nuevos casos de infección con COVID.19, ni en Wuhan, la ciudad donde se inició la epidemia, ni en la provincia de Hubei, de la cual es su capital. ¿Por qué el gobierno del Ecuador no ha pedido ayuda a China? Italia, que se mantiene como el primer país con casos de infección fuera de China pidió apoyo a ese país para contener el COVID-19 y esta llegó el 12 de marzo. Es el tercer equipo de este tipo de China después de los enviados a Irak e Irán. “Esto es lo que llamamos solidaridad y estoy seguro de que vendrán más. No estamos solos, hay personas en el mundo que quieren ayudar a Italia”, comentó el Ministro de Relaciones Exteriores italianos, Luigi Di Maio. Con bastante pragmatismo el gobierno italiano pide ayuda a China y le agradece. ¿Qué consideración del gobierno del Ecuador puede hacer comprensible, más aún, justificable el que demore este pedido?

Con absoluta arrogancia se informaba el 13 de noviembre del 2019 que el gobierno de Lenín Moreno daba por terminados los convenios suscritos entre los ministerios de Salud Pública de Ecuador y Cuba, “en temas relacionados a la cooperación científica y asistencia técnica en vigilancia epidemiológica” y otras áreas. Seguramente será la vergüenza la que le impide al gobierno solicitar la asistencia de Cuba para controlar la epidemia. Señores del gobierno: pidan disculpas, reconozcan que se portaron malagradecidos y arrogantes y soliciten ayuda al gobierno de Cuba. Seguramente como lo están haciendo los cubanos en Lombardía, la zona que más contagios tiene en Italia, van venir al Ecuador, porque ellos ponen por delante la solidaridad.

Muchos gobiernos del mundo están tomando medidas excepcionales conforme exige una situación de extrema emergencia. Alemania se aleja del dogmatismo fiscal y anuncia un plan que incluye la concesión de crédito “ilimitado” a las empresas, mediante garantías de la banca pública a los empresarios para evitar las quiebras. Además se pondrá en marcha financiamiento público para cubrir las disminuciones de las horas de trabajo debidas al cese o caída de la producción. El plan también contempla el aplazamiento del pago de impuestos. En Francia el plan económico de emergencia incluye la entrega inmediata de recursos a trabajadores y empresas, la instrumentación de garantías fiscales para préstamos del orden de los 300 mil millones de euros y medidas específicas para proteger a las empresas amenazadas. Para las empresas más pequeñas, el Presidente Macron ha ofrecido que no pagarán ni impuestos, ni cotizaciones sociales; y desde el 17 de marzo se suspendieron los pagos por electricidad, gas y alquiler para las pequeñas y medianas empresas en dificultades. Más aún, el 20 de marzo la Unión Europea anunció la decisión inédita de suspender las reglas de disciplina fiscal. A través de un video publicado en la cuenta de twitter, la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que “se ha disparado” la cláusula derogatoria general del pacto de estabilidad y crecimiento. Es una decisión que permite a los gobiernos de los 27 países miembros “inyectar en la economía tanto como sea necesario”.

Mientras el mundo piensa en medidas de protección de los trabajadores, empleados y desempleados, pequeñas, medianas e incluso grandes empresas, los neoliberales criollos, con figuras como el ex – Vicepresidente Alberto Dahik a la cabeza, proponen “una reducción inmediata del 20 % en los sueldos y salarios de los empleados públicos”, eliminar los subsidios a los combustibles, y no pierden oportunidad para “sugerir” medidas que promueven la salida de divisas en condiciones de extrema vulnerabilidad de la liquidez doméstica, como la eliminación del ISD, la reducción del impuesto a la renta corporativa y el aumento del IVA. Doble golpe para el pueblo ecuatoriano, el del coronavirus y el de los neoliberales.

En total contra sentido de lo que plantean los neoliberales, lo que requiere urgentemente el país son dos tipos de medidas, por un lado las que protejan la liquidez, en un momento de extrema vulnerabilidad producida por los shocks externos; y otras que protejan el ingreso y, sin ningún riesgo de exagerar, la vida de la mayoría de ecuatorianos.

Entre las primeras, de Protección de la Liquidez: a) prohibición a los bancos, cooperativas y otras instituciones financieras de sacar divisas del país; b) aumentar los aranceles a los topes máximos permitidos por la OMC, excepto para las medicinas, reactivos e insumos necesarios para el control del COVID-19; c) aumentar ISD al 10 % para las otras salidas de divisas del país, mientras dure la emergencia sanitaria, exceptuando las medicinas, reactivos e insumos necesarios para el control del COVID-19; d) modificar las cláusulas del código monetario y financiero que impiden que el BCE financie al MEF; e) devolverle el mecanismo del dinero electrónico al BCE para usarlo como sistema para entregar recursos de compensación urgentes y mientras dure la crisis a las personas que no tienen ingreso fijo, bajo modalidades de inclusión social amplías, sin tener que romper los cercos de movilidad y disponer la aceptación obligatoria del mecanismo de dinero electrónico en todos los sitios que expenden alimentos y medicinas; f) disponer que todos los recursos previstos para el pago de deuda externa (bonos, multilaterales y bancos internacionales) se orienten a cubrir las necesidades de la emergencia sanitaria y de la vida de las personas. La vida por encima de la deuda.

Entre las segundas, Protección de la Vida de los ecuatorianos: a) implementar en lo inmediato un Plan de Provisión y Producción de alimentos en el que participen el gobierno nacional, los gobiernos locales, las fuerzas armadas y organismos de la sociedad civil. Esto implica en lo inmediato la entrega de raciones alimenticias a las personas más vulnerables en el lugar en el que viven, de forma que se pueda mantener las medidas de aislamiento social y que este no se convierta en un lujo de quienes pueden tener acceso a alimentos y medicinas. Esto implica asignar recursos extraordinarios para ello, a los gobiernos locales como responsables de la medida; b) refinanciamiento automático de la totalidad de la deuda de las tarjetas de crédito, con corte al 29 de febrero, otorgando un período de gracia de 90 días para el capital y los intereses y a partir del día 91, reiniciar los cobros en las condiciones exactas a las que corresponden a la fecha de inicio de esta medida. Si en caso, no culminara la emergencia sanitaria en ese período se extenderá la media. Esto es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones emisoras de tarjetas de crédito a nivel nacional; c) refinanciamiento automático de todas las deudas adquiridas hasta el 29 de febrero de 2020 bajo modalidades de tarjetas de afiliado en todas las casas comerciales (electrodomésticos, utensillos del hogar, etc.), otorgando un período de gracia de 90 días para el capital y los intereses y a partir del día 91, reiniciar los cobros igual que lo que corresponde a la fecha de inicio de esta medida. Si en caso, no culminara la emergencia sanitaria en ese período se extenderá la media. Esto es de cumplimiento obligatorio para todas las instituciones comerciales que utilicen este sistema a nivel nacional. d) obligar a los prestadores de servicios de los sectores de telecomunicaciones a no cortar los servicios por falta de pago de los usuarios al menos por 90 días; e) prorrogar por 90 días los pagos al IESS tanto de empleados como de empleadores; f) disponer que el SERCOP amplíe los plazos de las distintas pólizas que cubren anticipos de contratos y otras, para evitar los costos de nuevas pólizas debidos a la paralización de las actividades; g) enviar una ley urgente permitiendo que las empresa públicas donde participen los gobiernos locales puedan hacer uso de sobregiros en el sistema financiero tanto público como privado; h) suspender los pago de los créditos educativos de todos los niveles, sin recargo alguno; i) disponer la recaudación especial adicional del 4 % a las utilidades de las empresas del sector de telecomunicaciones y a los bancos, la cual en ningún caso será cargada a los usuarios, y todos esos recursos se orientarán a fortalecer el sistema de salud.

Una lección y una alerta finales.

La lección: que espero que no le cueste más dolor y lágrimas al pueblo ecuatoriano es la necesidad indispensable de contar con un Sistema de Salud Pública fuerte, potente, capacitado para enfrentar los riesgos de todo tipo, hasta los que en algún momento pueden parecer propios de una película de ciencia ficción.

La alerta: cuidado y las voces que están proponiendo que se destinen a la emergencia los fondos previstos para las elecciones del 2021 se convierten en voces que pidan que no se realicen o que se aplacen las elecciones. El cambio de gobierno de forma democrática, no puede detenerse. Más aún, el enfrentamiento de la epidemia del COVID-19 requiere un curso de acción completamente diferente al del actual gobierno, uno que permita recuperar la esperanza y la confianza en el quehacer público. Y esa es decisión insoslayable del pueblo ecuatoriano.

Por Editor