Por Erika Sylva Charvet

El 18 de abril de 2020, en un contexto de contención gubernamental de la protesta popular por el Estado de Excepción (16-03-2020) decretado frente a la pandemia del COVID 19, la ministra Romo dijo: “Vamos a hacer lo que sea necesario para tener una salida” (Domínguez, Pichincha Universal, 18-04-2020), refiriéndose a las leyes laborales y fiscales neoliberales que quedaron pendientes con el estallido social de octubre de 2019 y cuya vía se facilitaba con el confinamiento de la población. Poco tiempo después se transparentaría a los ojos del país que lo que significaba para Romo “hacer lo que sea necesario” era repartir el pastel del Estado con los aliados del gobierno para avanzar en ese proyecto.

El reparto clientelar de las instituciones públicas, sin embargo, ya había sido denunciado por el Vicepresidente Jorge Glas tan temprano como el 2 de agosto de 2017, cuando en una carta a Moreno decía: “Se está orquestando el retorno del viejo país a través del reparto, del tongo. …(H)oy se sientan las bases para un Estado de corrupción, al pactar con personajes nefastos de la historia nacional, como los Bucaram, al entregar servicios e instituciones a personas vinculadas con el pasado oscuro del país: la banca del Feriado Bancario, los malos empresarios acostumbrados a explotar a sus trabajadores, los de las barcazas, los que pretendían quebrar al Estado para privatizar y hacer grandes negocios, los seudo-sindicalistas acostumbrados a tener privilegios…..Que quede claro que los ecuatorianos no eligieron a los Bucaram, ni a los socialcristianos, ni al tongo, ni al reparto…” (El Telégrafo, 2-08-2017).

Durante la dictadura del Consejo Transitorio encabezado por J.C. Trujllo (febrero 2018-agosto 2019), la única voz que se alzó contra el reparto de las instituciones, orientada a la erradicación del progresismo en el Estado, fue la de la Revolución Ciudadana.  Por ese mismo período empezaría a descubrirse el tráfico de influencias de la ministra Romo en la Asamblea Nacional, al parecer, para “impedir [la] investigación a Lenin Moreno” sobre las denuncias de corrupción en su contra (Ecuadorinmediato, 25-03-2019; República del Banano, 25-03-2019). El “suculento reparto” institucional sería intermitentemente denunciado también como práctica corriente de otras autoridades estatales para sus propios propósitos (Rivadeneira, Pichincha Universal, 29-01-2020).

El 16 de abril de 2020, Moreno enviaba a la Asamblea dos proyectos de leyes neoliberales: la mal llamada “de Apoyo Humanitario” y la de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, encaminadas a la flexibilización laboral y a la modificación de la política fiscal establecida en la Constitución y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPLAFIP) (2010), respectivamente, que serían aprobadas el 15 de mayo. Precisamente desde ese mismo día saltarían a la luz pública varios escándalos que involucraban a decenas de asambleístas y asesores ligados al gobierno o a sus aliados, líderes políticos (los Bucaram), ex ministros, viceministros y subsecretarios de Moreno, autoridades locales, así como funcionarios públicos intermedios y de base y empresarios de todo nivel, que ratificaban la veracidad de la denuncia en torno al  reparto hecha por Glas en 2017, y que desde entonces se generalizaría en el discurso político, a tal punto que ni los medios cómplices del gobierno la han podido evadir.  

El reparto se refería al trueque tras bastidores de votos por favores convenidos entre Romo y un grupo de asambleístas a quienes se les habría entregado cargos “a la carta” en la función pública (directores provinciales de ministerios, hospitales, gerentes regionales, cónsules, etc) a cambio de garantizar una mayoría legislativa favorable a los fines coyunturales del gobierno. En ese marco cobraban sentido los frenos a investigaciones o los estancamientos en la Asamblea a los juicios políticos a los/as ministros/as, como en el propio caso del juicio político a Romo sobre su responsabilidad en la represión de octubre,  bloqueado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en diciembre de 2019; asimismo, la suspensión de votaciones sobre reformas económicas o la aprobación de medidas y leyes enmarcadas en el despiadado modelo neoliberal (Acosta, Pichincha Universal, 13-06; 17-06; 23-07-2020). La Asamblea se desnudaba como una feria de compra-venta de votos y sus legisladores como vulgares mercachifles.

A mediados de julio el escándalo se incrementó con la filtración de audios entre dos involucrados –uno de los hombres “de confianza” de Moreno y miembro de su partido, Daniel Mendoza, ex Presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, y el asambleísta Eliseo Azuero- sobre el involucramiento de Romo en el reparto. El 26 de septiembre, Mendoza, que ya para esa fecha había sido detenido y desde el 19-07-2020 se había acogido al Sistema de Protección de Víctimas y Testigos, entregaba a la Fiscalía un organigrama en el que se identificaba a 20 asambleístas en el “reparto de los hospitales”, posicionándola como eje de esta presunta trama de corrupción a Romo (Confirmado.net, 26-09-2020). Para ese entonces, en sus comentarios y declaraciones ex consejeros y asesores de Moreno habían ratificado las “presiones por cargos” que habrían recibido de altos funcionarios del gobierno, de asambleístas “que piden cuotas de poder a cambio de sus votos…y hay robo”, de empresarios, periodistas, etc. (Peralta, Pichincha Universal, 2-09-2020; Pichincha Universal, 2-07-2020).  Uno de ellos incluso endilgó a Romo prácticas mafiosas, retándole “al polígrafo” para que diga si “es verdad o no que chantajeó, ofreció y entregó cargos” a cambio de votos a asambleístas, y dio órdenes de “embargo mediático y boicot” para lograr sus propósitos (Peralta, Pichincha Universal, 2-07-2020)

El 16 de octubre de 2020, Mendoza se ratificaría en sus declaraciones indicando que  “(d)os funcionarios de confianza de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y del exsecretario Nacional de Gestión de la Política, Paúl Granda, habrían sido el enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea para el reparto de hospitales e instituciones públicas”.  Ellos se “acercaban a los asambleístas para ‘recoger las peticiones y procesarlas’ …..se elaboraban listas de los requerimientos de los asambleístas, especialmente del Movimiento País e independientes …. Según fuentes judiciales, en una primera fase se habrían gestionado 271 pedidos de cargos directivos en instituciones nacionales, zonales, provinciales, cantonales y locales …..(S)e solicitaron las gobernaciones de Manabí, El Oro y Morona, al menos 11 hospitales del IESS y del Ministerio de Salud, tenencias políticas, comisarías y cargos en el exterior….. El reparto permitió asegurar los votos en la Asamblea para la aprobación de proyectos del Ejecutivo y el archivo del juicio político en contra de la ministra de Gobierno, en diciembre de 2019” (Acosta, Pichincha Universal, 2020).

El manejo privado de lo público, condición de la corrupción como mediación institucionalizada en el Estado, se ha constituido en un axioma del desgobierno de Moreno. ¿De dónde más sino del nepotismo generalizado, del obsequio de cargos y canonjías a sus allegados, del amiguismo y el clientelismo con toda la partidocracia descompuesta[1], podía emerger la práctica normalizada del reparto de las instituciones públicas? Esta es, en realidad, el resultado orgánico de una lógica de poder tradicional, premoderna, pero, funcional al neoliberalismo salvaje inherente al modelo capitalista dependiente del país. El manejo privado de lo público no se acepta en público porque sería admitir corrupción, felonía y atraso, por lo que debe negarse a cabalidad, o, en el peor de los casos admitirse, pero presentándolo como “legal” o “normal”.  La herramienta para ello es el cinismo.  

El cínico o la cínica se caracterizan por hacer todo lo contrario de lo que dicen.  Su discurso es una inversión o, mejor, un reverso de su práctica, de manera que puede constituirse en una proyección de sus acciones contrarias o en un signo del tamaño de sus mentiras.  En ese marco, se comprende el cinismo del gobierno frente a las evidencias de su involucramiento en los pactos tras bastidores para el reparto privado de lo público. ¿Cómo han respondido frente al sinnúmero de acusaciones y evidencias?

Un tipo de reacción la ejemplifica la de J.S. Roldán, Secretario del Gabinete, quien admitió el nepotismo y el reparto como un privilegio de los/as allegados/as al poder político del Estado (parientes) y una “normal” privatización de lo público: si el partido del Presidente era “dueño” del gobierno, era “normal” la presión de sus asambleístas por cargos (Peralta, Pichincha Universal, 20-05-2020; Dávila, Pichincha Universal, 15-06-2020).  Romo, por su parte, disfrazó el reparto como “acuerdos”, “conversaciones”, “diálogos” sostenidos con asambleístas, alcaldes, prefectos, representantes de otras funciones del Estado, empresarios, sociedad civil, “porque ese es mi trabajo” (Rivadeneira, Pichincha Universal, 17-07-2020). Pero, al igual que Roldán, justificaría el manejo privado de lo público indicando que los nombramientos de los 2.700 funcionarios/as de libre remoción del gobierno provendrían de “recomendaciones” de los “diálogos” (Dávila, Pichincha Universal, 22-06-2020). Me pregunto, ¿cómo calzaban éstas con los requerimientos de política pública? ¿Cómo se ajustaban los “recomendados” a las reglas de mérito para ingresar a la función pública?

Pese a que con estas justificaciones la ministra implícitamente admitía el reparto, buscaba desmarcarse de éste y de sus implicaciones de “prebendas políticas”, “actos incorrectos o ilegales”, o “pactos de la regalada gana”. ¡Qué ironía que tratara de desmarcarse de estas prácticas rememorando la cínica expresión de Abdalá Bucaram, precisamente uno de los socios de Moreno desde 2017 y, para 2020, involucrado a fondo en el escándalo del “reparto de los hospitales”! Pero, para Romo no se deben confundir “los diálogos políticos con los pactos de la regalada gana” (Rivadeneira, Pichincha Universal, 17-07-2020), pese a que son idénticos porque basan su toma de decisiones en el concepto del manejo privado de lo público. 

De todas maneras, estas respuestas de Romo introducían cierta ambigüedad, que se zanjaría posteriormente cuando asumió la estrategia -al igual que lo hizo en relación a los efectos letales de la violencia policial bajo su mando en octubre-,   de negar taxativamente su participación en el reparto, afirmando que las denuncias son “rumores”, minimizándolas como “distracciones” y afirmando que los audios filtrados entre asambleístas investigados por “delincuencia organizada” que la nombran como cabeza de la presunta red del reparto, no constituyen “prueba” alguna (Rivadeneira, Pichincha Universal, 17-07-2020; Domínguez, Pichincha Universal, 30-08-2020). Moreno saldría por los fueros en defensa de su colaboradora, afirmando que “es víctima de acusaciones inventadas que intentan distraerlos de ‘construir un Ecuador mejor’”, ratificándole su apoyo (Pichincha Universal, 28-08-2020; Domínguez, Pichincha Universal, 30-08-2020) y hasta premiándola con su designación como cabeza de terna de las candidaturas a la Vicepresidencia de la República, vacante por cuarta vez a mediados de este año, nombramiento que le sería esquivo el 17 de julio de 2020, justamente ante la intensificación de las denuncias en su contra (Enríquez y Hernández, 2020).

A lo largo de toda la saga de escándalos en torno al reparto que se han sucedido en cascada desde abril de este año, fiscales y jueces han investigado, judicializado, y, en algunos casos, hasta sentenciado y apresado por “delincuencia organizada” a determinados legisladores/as, políticos, funcionarios, ex funcionarios/as y empresarios involucrados en la red de reparto. Sin embargo, la acuciante pregunta que se ha hecho todos estos meses el país: ¿quién repartió los hospitales?, permanece aún sin respuestas. Al contrario, la presunta jefa de la red se ha mantenido desafiante en el cargo, con la complicidad de todas las funciones del Estado, de los medios de comunicación y de los aliados políticos del gobierno, evidenciando el desdoblamiento entre el discurso y la práctica inherente al cinismo que ha caracterizado la gestión gubernamental, estatal y de las clientelas de la partidocracia desde el ascenso de Moreno.

Quito, 21 de noviembre de 2020

Fuentes

ENRIQUEZ, Ángeles, HERNÁNDEZ, Virgilio (2020). Los cuatro momentos del Gobierno de Lenín Moreno en su ruta al desastre. RutaKrítica, 26 de agosto.  Recuperado en https://rutakritica.org/los-cuatro-momentos-del-gobierno-de-lenin-moreno-en-su-ruta-al-desastre/  Visitado el 26 de agosto de 2020.

Confirmado.net, www.confirmado.net

Ecuadorinmediato, www.ecuadorinmediato.com

El Telégrafo, www.eltelégrafo.com

Pichincha Universal, www.pichinchauniversal.com

Radio La Calle, www.radiolacalle.com

República del Banano, www.republicadelbanano.com


[1] Véase Domínguez, Pichincha Universal, 20-05-202; Pichincha Universal, 10-02-2020; Radio La Calle, 6-06-2020; Pichincha Universal, 2-09-2020

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