Por Pablo Leonardo Uncos (desde Colombia)

El jueves por la noche debieron frenar seis veces un partido por Copa Libertadores jugado en Cali debido a la densa nube de gases lacrimógenos lanzados por la policía. Más de 15 días de paro, marchas multitudinarias en Bogotá, Medellín y Calí y esta ciudad como eje vivo de un reclamo que en el país ya dejó 42 muertos, con la policía disparando contra los agentes de la ONU.

Cercado por la represión policial, paralizado por disturbios, con denuncias de helicópteros disparando sobre la población civil, con más de 50 estaciones de servicio saqueadas y un estado de violencia generalizado, el Departamento del Valle del Cauca y su cabecera, Cali, se convirtieron en el epicentro del estallido social que dejaron 42 muertos en todo el país, tras 15 días de paro, protestas y marchas en Colombia, contra el gobierno de Iván Duque.

La trabajadora social y docente universitaria Johanna Betancourt le explica a OPINarg que la reforma impositiva regresiva que impulsaba el gobierno de Iván Duque para todo el país “iba a golpear con mayor dureza a Cali, debido a que, en los últimos años, fue la ciudad donde más creció el desempleo: un total 18% de su población, cuando la media para el resto del país es 12%”. 

Betancourt señala además que, según datos oficiales, el 60% de la población en Cali se encuentra actualmente por debajo de la línea de pobreza. “Y es justamente a esos sectores y la clase media a quienes más iba a afectar la reforma tributaria. Cali es un caldo de cultivo ¿Cómo no iba estallar esta bomba social?”, se pregunta. La catedrática añadió que la exclusión social “se ensaña principalmente con los jóvenes que están desesperados y no ven un futuro inmediato”.

En efecto, en los últimos años el panorama social de Cali se ha agravado por ser la ciudad que ha recibido la mayor cantidad de familias desplazadas que huyen del conflicto armado en los territorios del Pacífico, El Cauca y Putumayo, además del accionar delictivo los grupos narcotraficantes como el mexicano Cartel de Sinaloa. 

Según datos de la Defensoría del Pueblo, desde que comenzó el paro nacional el 28 de abril, 41 civiles y un policía han muerto en medio de las manifestaciones en todo el país, en tanto que 168 manifestantes continúan desaparecidos. 

Los datos corresponden al total del país, pero en la ciudad sureña de Cali -la tercera  más importante después de Bogotá y Medellín- la violencia adquirió proporciones dramáticas, con civiles disparando contra policías y policías disparando contra manifestantes, con imágenes escalofriantes.

El escalamiento de la violencia fue tempranamente advertido por la Misión de Verificación de la Naciones Unidas (ONU) cuando denunció que agentes de la fuerza pública habían disparado contra miembros de su equipo de observadores internacionales. Luego de ello se desplegaron fuerzas militares y se realizaron operativos que incluyeron el uso de helicópteros, desde donde les dispararon a la población civil.

También se registraron agresiones a civiles por parte de presuntos policías de civil. Hasta ahora las autoridades confirmaron que el camión que utilizaron los agresores pertenecía de la Policía y que hay faltantes de municiones.

Otro momento álgido se produjo el domingo pasado cuando se registraron fuertes enfrentamientos entre miembros del Minga Indígena (organización del pueblos originarios que forma parte del Comité del Paro Nacional) y civiles armados de zonas residenciales, que recordaron las épocas más oscuras del paramilitarismo, y que motivaron la presencia del presidente que viajó en dos ocasiones a la región, además de iniciar una ronda de diálogos con líderes del paro en Bogotá. 

Vivir bajo fuego

Históricamente, Cali ha sido “zona caliente” en materia de narcotráfico y violencia armada. Pero a pesar de ser una de las ciudades más peligrosas del país, ello no tenía un correlato en la “percepción de inseguridad” por parte de sus habitantes, como sí ocurre en otras ciudades menos conflictivas como Bogotá. “Es que Cali es un buen vividero”, era la explicación habitual de taxistas y vendedores ambulantes. Sin embargo, desde hace 15 días la ciudad se encuentra en un estado casi de guerra civil.

OPINarg charló con varios habitantes de distintas zonas de la ciudad. Muchos contestaron, pero bajo la condición de que no se revelara su identidad. La gente, en Cali, tiene miedo debido a la represión brutal de las fuerzas policiales.

Karina es empleada y vive cerca de la Universidad del Valle, en donde se han registrado enfrentamientos entre los estudiantes y la policía: “El principal impacto es el vivir con temor porque están asesinando a los jóvenes que realizan los bloqueos, me duele mucho que cueste tantas vidas el reclamar por sus derechos”. Karina responsabiliza al gobierno nacional por la crisis y agrega que durante todas las noches le ha perturbado “el ruido de los helicópteros que sobrevuelan la ciudad y las detonaciones”.

Jairo se queja del desabastecimiento de combustible. Trabaja con su automóvil y explica que a las restricciones propias de la pandemia se le sumaron ahora las del paro nacional. Sin embargo, apoya las manifestaciones y responsabiliza al gobierno nacional por el estallido popular: “El gobierno y los medios de comunicación han invisibilizado los conflictos: no reconoce a los jóvenes ni a los indígenas, y estoy seguro de que las protestas van a seguir. El gobierno tiene que parar la militarización”. 

Nina es docente de primaria y si bien ha podido continuar con sus clases remotas, explica que en su localidad algunos manifestantes improvisaron retenes donde cobran peaje ilegal, por lo que decidió quedarse en su casa hasta que la situación se normalice. Ella también responsabiliza al gobierno nacional por crisis: “Al Gobierno, lo veo mal. No tengo preferencias políticas, pero sí promuevo procesos de diálogo para los conflictos en mi labor como docente. Eso es lo que le enseñamos a los pelados (niños). Y me parte el corazón no poder mostrarles un buen ejemplo de Nación; algo diferente a quienes salen a disparar al que piensa diferente”. 

Morir joven 

No solo los vecinos de Cali exigen soluciones al presidente Duque. Importantes figuras de la coalición gobernante cuestionaron a su mandatario. Así lo hicieron el ex Director Nacional del partido Centro Democrático, Oscar Iván Zuluaga, y la ultraurisbista senadora Paloma Valencia, quienes pidieron “celeridad” en las negociaciones con líderes del paro. “Es necesario que viaje lo más pronto a Cali”, coincidieron. Y así lo hizo en la madrugada del lunes y la tarde del martes. En el primer viaje relámpago Duque ajustó detalles del operativo de seguridad. En el segundo anunció medidas paliativas como “asegurar educación superior gratuita” para los estratos más pobres de la sociedad, a partir del segundo semestre de 2021. 

El pasado miércoles se celebraron movilizaciones masivas y pacíficas en las principales capitales del país. En Bogotá, Medellín y Cali hubo grandes columnas de jóvenes que salieron a la calle a pesar del crecimiento de los casos de Covid-19 y del miedo a la violencia impartida por las fuerzas de seguridad.

Es que el ejemplo de Lucas Villa, el joven pereirano que bailaba alegremente en las manifestaciones de su ciudad, se convirtió en símbolo nacional de la protesta: primero cuando apareció en los noticieros, luego cuando se supo que en un confuso hecho lo habían herido gravemente de ocho balazos, y finalmente este martes cuando anunciaron que su corazón había dejado de latir.  

Tomado de Opina ARG

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