Por Gina Donoso y Oswaldo Ruiz Chiriboga

“Representar a todo un pueblo desde la primera magistratura es un honor que a muy pocos les alcanza. No es justo para un pueblo tan noble como el ecuatoriano haber tenido q soportar tantas desgracias juntas, incluido usted @Lenin que ha sido la peor.”

Freddy Carrión, 6 de mayo 2021

Luego de las actuaciones del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago, respecto a las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Lenín Moreno durante las protestas de octubre de 2019, la Defensoría sufrió ataques en redes sociales con publicaciones falsas y malintencionadas, entre otros hostigamientos. En marzo de 2021, el Defensor Carrión denunció que había recibido amenazas, y solicitó protección para él y su familia. En estos momentos, ya no es necesario asesinarlo físicamente. Lo quieren asesinar mediáticamente. Restarle toda credibilidad y hacerle perder apoyo popular. ¿Hay alguna razón legítima para ello? Pues por ahora solo tenemos la información que circula en los medios y en las redes sociales.

El Defensor Carrión está preso. Un juez dictó orden de prisión preventiva en su contra por hechos supuestamente delictuales acaecidos el pasado fin de semana. En un video que circuló por redes sociales, se aprecia a una mujer que es jaloneada y sacada de un elevador por quien aparentemente es Carrión. Otro hombre fuera del elevador, quien aparentemente es el exministro de salud, Mauro Falconí, y un guarda de seguridad presencian pasivamente los hechos. Si bien el nombre de la mujer fue publicado en redes sociales, en este texto solo la identificaremos como G.P. Ella sería la pareja sentimental de Falconí. Luego se observa que G.P. dice algo a Falconí, y este se da vuelta para apuntar una patada a Carrión. Así empieza una corta gresca entre ambos. Al parecer, Falconí, Carrión y G.P. estaban en estado etílico. El video no muestra más. Con posterioridad, los medios de comunicación nacionales informaron que se habría abierto una investigación penal en contra de Carrión por el delito de “abuso sexual” en perjuicio de G.P. Por este supuesto delito Carrión está ahora preso.

Varias organizaciones sociales, colectivos feministas, asambleístas de la flamante Asamblea Nacional, políticos y “generadores/as de opinión” pidieron la renuncia de Carrión o que sea llamado a juicio político. El mensaje era el mismo: Carrión ya no puede ser Defensor del Pueblo. Algunas personas llegaron a cuestionar las actuaciones pasadas de Carrión en su cargo como Defensor. Muchas de las críticas se orientaron al Informe de la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, a pesar de que dicho informe no fue elaborado por Carrión, sino por comisionados independientes.

Los colectivos feministas han sido quizá los grupos más visibles con el discurso unísono y estridente que pide la cabeza del Defensor del Pueblo. En este texto NO estamos cuestionando la lucha por la erradicación de la violencia sexual y de género. Eso sí, hacemos cuestionamos un discurso de cierto sector del feminismo ecuatoriano al que le falta reflexión y una mirada más profunda, crítica e interseccional de las diversas opresiones a las que aún debemos hacerles frente.

Los pedidos de renuncia a Carrión se dieron a penas salió el video. Para varias personas, el solo hecho que Carrión aparezca aparentemente ebrio era suficiente para que pierda el cargo. Para otras personas, los jaloneos a la mujer constituyen violencia de género, y eso es suficiente para ser removido del cargo. Para otros/as, los golpes entre Falconí y Carrión son los que lo inhabilitarían para seguir como Defensor. Finalmente, ahora que se conoce que el delito perseguido es “abuso sexual”, las críticas contra Carrión son prácticamente unánimes.

Carrión, que hasta hace pocos días era un emblema de los derechos humanos en el Ecuador, pasó a convertirse en el villano, el ídolo caído, la decepción. Quien desde la Defensoría del Pueblo acompañó y monitoreó varias causas de violaciones de derechos humanos, y quien denunció al presidente de la República, Lenín Moreno, por crímenes de lesa humanidad, es ahora acusado de ser él el criminal. Quien patrocinó la causa ante la Corte Constitucional que llevó a la despenalización del aborto por violación, es ahora acusado de violencia física y sexual contra la mujer.

No podemos en este editorial entrar a discutir a fondo el proceso penal en contra de Carrión, simplemente porque el expediente aún no es de acceso público. No conocemos exactamente qué pasó y cómo pasó. Pero, así como nosotros no sabemos qué es lo que pasó, tampoco lo sabe la prensa, ni los asambleístas, ni los colectivos sociales, ni nadie ¿Cómo podemos entonces linchar mediáticamente a Carrión? Tratemos de estudiar los pocos hechos que sí sabemos.

1. Que una autoridad se embriague en un domicilio particular NO es causal de destitución. Eso NO es incumplimiento de funciones. Pedir a las autoridades que “guarden la dignidad del cargo” las 24 horas del día es puritanismo. El derecho a la vida privada también asiste a las autoridades. En la vida privada se puede hacer todo lo que la ley no prohíba. Embriagarse NO está prohibido. Algunos dirán que no solamente se embriagó, sino que lo hizo en toque de queda y en una fiesta clandestina. Lo que se ve en el video es que la “fiesta” era de tres personas, que era en un domicilio particular y al interior de éste, mas no en la vía pública. Es más, Falconí y Carrión eran amigos cercanos desde hace muchos años. En suma, el que un funcionario público se embriague en el domicilio particular de su amigo cercano, en una reunión de confianza, no es causal de destitución ni incumplimiento de funciones.

2. Golpear a otra persona sí está prohibido por la ley, pero eso va desde contravención hasta delito. En uno u otro caso se aplica la legítima defensa. Del video se desprende que Carrión fue quien recibió el primer golpe. Un juez competente, independiente e imparcial debe valorar TODAS las circunstancias que rodearon los hechos y decidir conforme lo manda la ley.

3. Jalonear y agredir sexualmente a otra persona sí está prohibido por la ley, sea que la agresión se cometa en público o en privado. Un juez imparcial deberá determinar si en efecto se cometió un ilícito y si Carrión es responsable del mismo. Hasta donde reporta la prensa, el delito es “abuso sexual”, el cual está tipificado en el Artículo 170 del Código Orgánico Integral Penal en los siguientes términos: “Abuso sexual.- La persona que, en contra de la voluntad de otra, ejecute sobre ella o la obligue a ejecutar sobre sí misma u otra persona, un acto de naturaleza sexual, sin que exista penetración o acceso carnal, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años”. La Fiscalía y el juez de la causa deberán determinar exactamente qué “acto de naturaleza sexual” supuestamente se obligó a ejecutar a la víctima.

4. En cualquier procedimiento penal, el acusado goza de presunción de inocencia, el derecho a un juicio justo y el derecho a la defensa. Los casos se resuelven en los tribunales, no en los titulares, ni en las redes. Exigir la renuncia de un funcionario, cuando según la ley es todavía inocente, sin siquiera haberlo escuchado, con meros indicios de responsabilidad, es por demás precipitado. Ya hemos visto en el pasado que asambleístas fueron destituidas en juicios políticos por supuestos hechos delictivos, solo para ser declaradas inocentes en la justicia meses después. 

5. Las víctimas de cualquier delito también gozan del derecho a un juicio justo, a que se conozca la verdad, a la reparación integral, y a la no-revictimización. El uso de las víctimas o el uso de los derechos humanos para perseguir fines políticos debe ser rechazado por todos/as. Las mismas personas que ejercieron violencia política de género en contra de mujeres políticas son las que defienden a la mujer supuestamente agredida por Carrión. En la guerra mediática, la causa, el derecho humano, la violencia de género, el reclamo social, nada de eso importa en sí mismo. Solo importa si hace daño al adversario o beneficiar a quien se apropia de ese discurso. Los medios de comunicación y quienes forman opinión en redes sociales son los que amplifican o reducen el discurso social, dependiendo de cuándo y cuánto beneficie a sus intereses. Todo vale en la guerra mediática, incluso instrumentalizar a las víctimas y a las organizaciones sociales, sean éstas conscientes o no.

6. El show mediático y la sorprendente filtración del video de un caso de información restringida no es casual. Hay un interés muy claro y directo de debilitar el trabajo de la Defensoría del Pueblo. El observatorio Mirador Digital documentó quién obtuvo la primicia, cómo se viralizó la noticia y cuáles fueron los principales amplificadores de ésta (ver aquí). Mirador Digital identificó a Luis Vivanco, Tania Tinoco, Fausto Cobo, Fernando Villavicencio, entre otros. El debilitamiento de la Defensoría es muy preocupante, sobre todo en momentos políticos tan frágiles como los que vivimos. Recordemos que Lasso ha ofrecido incrementar la producción de petróleo durante su gobierno, mientras que en una rueda de prensa de 24 de marzo, Yaku Pérez afirmaba: “En poco tiempo podemos llegar a ser gobierno […] Es posible que Pachakutik llegue a ser gobierno antes del 2025, porque si aplican el neoliberalismo, el extractivismo, el odio, la corrupción nos tendrán en las calles y pueden que no cumplan sus periodos presidenciales”.  Si esto se cumple, estamos hablando de más protesta social y, por ende, más represión estatal, asesinatos, violaciones de derechos humanos, lesiones y más casos de violación sexual que la misma Defensoría denunció durante las protestas de octubre. La diferencia radicaría en que esta vez la Defensoría tendría cuesta arriba su papel de garante de derechos humanos por toda la persecución y deslegitimación mediática que estamos presenciando.

7. Se pretende desacreditar todo el trabajo del Defensor y de la Defensoría, a través de una estigmatización institucional. Con ello, se envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieren la intención de desarrollar procesos de exigibilidad, movilización, protesta y/o denuncia de violaciones a derechos humanos. Asimismo, mediante este asedio político-mediático al Defensor del Pueblo, se contribuye a dejar en la impunidad las violaciones de derechos humanos que había denunciado a raíz del informe de la Comisión de la Verdad sobre las protestas de octubre de 2019. La impunidad produce en la gente altos de niveles de frustración, sentimientos de indefensión y rabia contenida. Esto a su vez ha reproducido en diferentes momentos lógicas de silenciamiento, inmovilización y parálisis social.

8. La legitimidad y validez de las actuaciones que el funcionario realizó en ejercicio de su cargo con anterioridad a los supuestos actos delictivos NO se ve comprometida, salvo que se demuestre que tales actuaciones fueron en sí mismas delictivas o un abuso de poder. Aquí, nuevamente, el encuadre mediático no debe ser ignorado. Mientras se magnifican los supuestos hechos cometidos por el funcionario, se minimizan o se deslegitiman los hechos que el funcionario denunció. Esta es otra estrategia en la guerra mediático-legal.

9. Carrión ha sido incómodo para Moreno y los grupos de poder. Además de las conocidas actuaciones de la Defensoría en el marco de las protestas de octubre de 2019 y del papel de la Defensoría en la despenalización del aborto por violación, Carrión lideró el proceso de Furukawa, relativo a formas modernas de esclavitud. Denunció la falta de acceso a medicamentos, la pérdida de cadáveres, la vacunación VIP, y remitió varios insumos a la Asamblea que sirvieron para la censura del exministro de salud Juan Carlos Zevallos. Carrión también tuvo una participación en el juicio político contra el ministro de trabajo Andrés Isch por precarización laboral. Fue Carrión una de las voces más fuertes durante la crisis carcelaria y los reiterados motines que causaron la muerte de decenas de internos. Carrión y su equipo han develado la inoperancia de Moreno y la desmantelación de la política pública en materia de salud, laboral, carcelaria y social. Iniciamos este texto señalando cómo Carrión fue amenazado para acallarlo. En época de lawfare, hay formas más efectivas de silenciar al rival. No debe perderse de vista que Falconí fue exministro de Moreno y que G.P. es actualmente funcionaria de Moreno ¿Son estos hechos relevantes? No lo sabemos. La justicia deberá decírnoslo. Otro dato importante son las fotografías tomadas a Carrión cuando ya estaba ebrio, pero antes de que se produzca la gresca. Las cuales, junto con el video, circularon por redes sociales. Las fotografías son desde adentro de la vivienda ¿Quién estaba fotografiando a Carrión y “documentando” su estado de ebriedad? ¿Con qué fin? ¿Por qué se filtraron esas fotos? ¿Quién las filtró? Exactamente lo mismo se puede decir del video. Todas estas interrogantes deberán ser respondidas en las cortes.

10. Carrión está sufriendo uno de los males endémicos en nuestro sistema judicial, esto es, el abuso de la prisión preventiva ¿Por qué no se permite a Carrión defenderse en libertad? ¿Qué riesgo de fuga hay? ¿Qué riesgo existe de que Carrión vaya a entorpecer las investigaciones? Dado que los expedientes penales aún no son públicos, nosotros no podemos saber si esas preguntas fueron respondidas, pero la historia nos ha mostrado que nuestros jueces y fiscales no investigan para luego detener, sino que detienen para luego investigar. También es importante hacer una comparación entre la agilidad con la que actúa la justicia en unos casos, y la pasividad que muestra en otros. Mientras la denuncia por crímenes de lesa humanidad que Carrión planteó hace meses en Fiscalía en contra de Moreno, Romo y Jarrín está engavetada e inmóvil, Carrión ya está preso por supuestos hechos ocurridos hace apenas tres días. Algunos sostendrán, con razón, que el caso de Carrión es diferente porque se aplica la flagrancia. De acuerdo, pero cabe preguntarse entonces ¿qué acciones ha tomado la Fiscalía para investigar la denuncia que presentó Carrión por crímenes de lesa humanidad? ¿O qué casos de corrupción del gobierno de Moreno, distintos a los investigados en las cortes estadounidenses, han avanzado en Fiscalía?

En este editorial no pretendemos minimizar los hechos supuestamente cometidos por Carrión o desacreditar a la víctima de esos supuestos hechos. Enfáticamente repetimos que las víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales tienen que ser atendidas diligentemente y con humanidad por el Estado y todas sus instituciones. Si Carrión cometió un delito, debe ser sancionado siguiendo las reglas de un juicio justo. Un NO rotundo a la impunidad. Sin embargo, también decimos un NO rotundo a la judicialización de la política y a la politización de la justicia. Rechazamos cualquier intento de instrumentalización de las víctimas, de las luchas feministas y los derechos humanos con fines personales o políticos. Finalmente, nos oponemos a la desacreditación del trabajo serio e independiente que llevó a cabo la Defensoría y sus funcionarios/as.

Por Editor