Por Romel Jurado Vargas

El debate sobre el papel democrático de las Fuerzas Armadas e incluso sobre la necesidad de su existencia ha ocupado gran espacio en las redes sociales a propósito de las declaraciones del Gral. Luis Lara, jefe saliente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que señaló: “La insurgencia interna es una de las mayores amenazas para la integridad de la nación, los sucesos de 2019 en Ecuador y las recientes asonadas en Colombia y Chile así lo confirman”.

Tal declaración generó múltiples pronunciamientos de rechazo por parte de intelectuales, defensores de derechos humanos, demócratas, académicos, militares patriotas, religiosos, dirigentes sociales, líderes indígenas  y periodistas que consideraban a este discurso como profundamente antidemocrático, en el que los ciudadanos son calificados de “insurgentes” por el hecho de reclamar sus derechos; en el que se criminaliza la protesta social, especialmente la de octubre de 2019; en el que se llama “asonadas” a las protestas ciudadanas de Colombia y Chile; y, en el que se amenaza con tratar con mano dura a quienes realicen nuevas protestas. Todo ello, con un estilo verbal propio del fascismo latinoamericano de los años 70, que dio lugar al plan Cóndor, a la sangrienta represión pinochetista en Chile y a los vuelos de la muerte en Argentina.

Concurrentemente, el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas del Ecuador se ha intensificado por la investigación que se desarrolla en Bolivia sobre el “préstamo” de pertrechos militares  realizado por el gobierno de Lenín Moreno para reprimir al pueblo boliviano, lo cual también ha sido denunciado a la Fiscalía ecuatoriana por el Asambleísta Fausto Jarrín.

Ambos factores han contribuido a reabrir la discusión sobre si es posible tener un país sin Fuerzas Armadas, siguiendo la saga de movimientos sociales e intelectuales que han planteado esta idea desde hace varios años, en países de tanta referencia para nosotros como España, y teniendo en cuenta que Costa Rica celebró, en 2018, los 70 años de no tener Ejército, señalando la importancia de esta ausencia para su consolidación democrática y para el desarrollo de este país, al que se conoce como la “Suiza” de América:

“Imaginemos lo que es no invertir en tanques, en armas o en personal militar durante 70 años de manera consistente… el ahorro que eso implica, pero, a su vez, eso también explica por qué hemos logrado hacer otras inversiones importantes en educación, en medio ambiente. Además, invertir en eso nos ha permitido un desarrollo humano que consideramos positivo” señaló a France 24 el Presidente Carlos Alvarado.

Según el portal Datosmacro.com el gasto militar en el Ecuador ha sido, en promedio, de alrededor del 7% del presupuesto del Estado, pero en ciertos años este gasto ha aumentado de forma descomunal, por ejemplo, en 1990 fue equivalente a más del 18% de nuestro presupuesto nacional o en el año 2007 que se le asignó casi el 11%. Estos datos han sido corroborados por la información que ofrecen otras fuentes institucionales como el Banco Mundial que tiene datos hasta 2019. Lastimosamente el Ministerio de Finanzas no ofrece información sobre la ejecución presupuestaria, ya que los enlaces de su página web sobre este asunto no llevan a ninguna parte, produciendo una reiterada opacidad sobre este importante tema.

La pregunta es si la aspiración (que  tenemos la gran mayoría de ciudadanos, de todas las ideologías) de que Ecuador sea un país democrático, en qué se respeten los derechos humanos y exista justicia social, las leyes sean obedecidas y todos los funcionarios públicos (incluidos  militares y policías) estén al servicio de los ciudadanos, puede o no ser cumplida si los altos mandos militares se expresan con esa violencia verbal contra los ciudadanos, si hay operaciones internacionales para apoyar la represión de los pueblos, si seguimos asignando esas enormes cantidades de recursos públicos a las Fuerzas Armadas, sin considerar que vivimos la presión social de importantes necesidades insatisfechas en materia de salud, alimentación, trabajo y educación, para señalar solo algunas de las muchas existentes.

Por otro lado, y adelantándome a posibles argumentos de respuesta a esta pregunta, me parece que el “fantasma” de la guerra hace décadas dejó de rondarnos y ojalá nunca vuelva a instalarse en nuestros debates públicos (como a algunos les gustaría o les convendría). Sin embargo, es preciso reconocer que hay otro tipo de amenazas para la seguridad de los ciudadanos, pero muchas de ellas pueden y deben ser atendidas por órganos civiles de seguridad interna, como sucede actualmente en una gran cantidad de países.

La situación reclama una reflexión seria y responsable, pero aún con todas las críticas y cuestionamientos expresados, tengo la convicción de que, como Estado y sociedad, necesitamos de la existencia de unas Fuerzas Armadas democráticas, profesionales y modernas, capaces de comprender que su legitimidad depende de la cercanía al cumplimiento de los fines constitucionales, de respetar los derechos humanos y, sobre todo, servir al pueblo y no a quien lo oprime o explota.

En ese contexto, me parece que los que busquen defender el papel democrático de las Fuerzas Armadas y la necesidad de su permanencia institucional, deberían ayudarle a fortalecer sus vínculos con la comunidad; a interiorizar y comunicar el discurso democrático de la necesidad de su existencia; a practicar incondicionalmente la subordinación a la Constitución; y, a ejercer la prudencia verbal y la justicia social dentro y fuera de sus filas. Concurrentemente, casa adentro, las Fuerzas Armadas deberían, además, modernizar su rol respecto de las amenazas reales a la seguridad de los ciudadanos que le competen; implementar tecnología en vez de mantener tantas personas en activo; reducir su presupuesto; y, homologar su sistema de seguridad social con el sistema civil.

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