Por Consuelo Ahumada

La Comisión de la Verdad, la JEP y la Unidad de Búsqueda de desaparecidos, han ganado legitimidad en medio de ataques del Gobierno, su partido y las FFMM

Hace pocos días se cumplió el quinto aniversario de dos episodios paradójicos de la historia reciente del país: la firma del Acuerdo de paz en Cartagena y la derrota en el plebiscito para ratificarlo. El primero llenó de esperanza a un país hastiado del conflicto armado. El segundo provocó desconcierto y enorme tristeza.

Aunque las contradicciones entre los defensores de la paz negociada y sus opositores venían de tiempo atrás, se acentuaron de manera significativa a partir del 2016. En el fondo, es un antagonismo claro entre la extrema derecha, enemiga de la paz y la protesta social, y las amplias mayorías que apoyan la salida democrática.

El término posverdad fue incluido recientemente en el Diccionario de la RAE como la “distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales”. La conocida apelación del expresidente Uribe al “estado de opinión” para deslegitimar el Estado de derecho, corresponde a dicha definición.

En un análisis sobre el tema, el filósofo de la comunicación mexicano Fernando Buen Abad señala que con la posverdad y la plusmentira ya no habría rumores “falsos”. Todo es “verdadero” mientras sirva para tapar la realidad: destruir al rol del Estado, invisibilizar la represión y el crimen u ocultar fraudes electorales).

Es en el ámbito político en donde la manipulación de los sentimientos parece ser necesaria y al mismo tiempo fácil. La utilización de las redes sociales por especialistas en lograr dicho cometido ha sido bien documentada en casos recientes. A este propósito se suman los medios tradicionales de comunicación, cada vez más cooptados por el poder económico y político.

Fue así como se perdió el plebiscito, tal como lo reconocieron el jefe de la campaña del No y el mismo Consejo de Estado. En diciembre de 2016 esta corte señaló que se había presentado “un clima de desinformación, manipulación y distorsión de la verdad”, provocando “engaño generalizado” por parte de los opositores al Acuerdo. «Quedaron al descubierto mentiras expuestas de forma masiva y sistemática. Por ello ordenó al Ejecutivo y al Congreso darle curso inmediato a su implementación (resaltado en el original.

Esta consideración nos remite a otro asunto fundamental del Acuerdo, también en la mira del ataque de Uribe/Duque. El viernes pasado la Corte Constitucional aprobó la extensión del período de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad por nueve meses adicionales, para presentar y socializar su informe final.

Esta Comisión, junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de personas dadas por desaparecidas, integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR), eje del punto 5 del Acuerdo sobre las víctimas y base de la justicia transicional.

Distintos balances de entidades que siguen su implementación concuerdan en que el único aspecto que ha registrado avances significativos ha sido el SIVJRNR

Distintos balances de entidades que siguen su implementación concuerdan en que el único aspecto que ha registrado avances significativos ha sido el SIVJRNR. Sus tres entidades han ganado legitimidad nacional e internacional, en medio de ataques permanentes por parte del Gobierno Nacional, su partido y las Fuerzas Militares.

La Comisión fue constituida mediante Decreto 588 de 2017, como un mecanismo extrajudicial, con carácter temporal y rango constitucional.  El padre Pacho de Roux y sus demás integrantes han sido objeto de todo tipo de ataques, montajes, calumnias, estigmatizaciones.

Pero su trabajo por documentar y esclarecer los atropellos contra las víctimas de conflicto armado ha sido extraordinario, lo que explica la agresividad de sus enemigos. En los territorios más golpeados por el conflicto armado y el abandono estatal, se han afianzado como una esperanza, conectándose con diversas organizaciones sociales, pueblos étnicos, en medio de enormes dificultades de orden público y de la inseguridad imperante.

Llama la atención sus avances en materia de violencias basadas en género, violencias sexuales, relativas a maternidad y aborto forzado, así como con los sectores LGBTI.

Han pasado por la Comisión todos los expresidentes vivos, lo que ya ha permitido conocer verdades importantes. Sin duda la revelación de que Pastrana chantajeó a los hermanos Rodríguez Orejuela para que acusaran a Samper es una bomba, que, en medio de tanta noticia, pasó un tanto desapercibida.

El show armado por Uribe en su finca ante los magistrados de la Comisión, así como su irrespeto y desconocimiento de la misma, es otro episodio que debe tenerse en cuenta.

Aunque la documentación recogida no servirá para la imputación penal ante ninguna autoridad jurisdiccional, la importancia de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad histórica es enorme. Su trabajo complementa muy bien el de la JEP, que también avanza por buen camino en sus pronunciamientos frente al secuestro, el reclutamiento forzado, las ejecuciones extrajudiciales y otros crímenes de guerra.

El trabajo de la Comisión es entonces fundamental para sentar las bases de la resolución pacífica de los conflictos, la convivencia en los territorios y la consolidación de la paz. La verdad histórica no puede permanecer oculta, deben asumirse las responsabilidades, como parte de la reparación y la no repetición. Entonces, ¿Cuál es el temor de Uribe y sus amigos?

Tomado de las 2 Orillas


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