El mensaje de las matanzas en la Penitenciaría del Litoral

Por Christian Palacios Tamayo

Un principio fundamental del pensamiento político moderno, desde Maquiavelo hasta Weber, pasando por Hobbes, define al Estado como una agencia que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio determinado. El Estado se convierte en el garante de las transacciones de todo tipo entre quienes habitan un espacio, en el que, de ser necesario, empleará con supremacía la fuerza física de sus agentes, para garantizar la convivencia armónica de sus miembros.  De esta definición podríamos inferir que, el bien supremo que brinda el Estado es la protección pública.

Las investigaciones de Gambeta (2010) complejizan estos principios de la teoría política, pues el autor en mención describe territorios en los que los ciudadanos desconfían del accionar de los agentes estatales. Analiza espacios sociales en los que, la presencia del Estado es esporádica, casual o débil; y por lo tanto, en dichos escenarios, éste no es ni garante de las transacciones de sus miembros, y mucho menos, capaz de administrar el monopolio de la violencia.

En su trabajo denominado “La mafia siciliana” describe cómo en el Sur de Italia se experimenta una subcultura en la que sus habitantes observan con desconfianza a los funcionarios públicos. Una de las razones de esta desconfianza es que, en la práctica, el Estado está fragmentado de acuerdo a la multiplicidad de dinámicas en las que se ven envueltos sus agentes. Estos no se imponen siempre de manera imparcial sobre los diferentes actores, sino que en algunas ocasiones evaden sus responsabilidades porque reconocen limitaciones en su fuerza, o prefieren tomar partido por una de las partes en disputa, durante una transacción.  Así mismo, la desconfianza radica, por el tipo de mercancías de intercambio, puesto que, en algunas ocasiones, éstas se encuentran al margen de la ley, y por lo tanto, las transacciones sólo pueden ser reguladas dentro de negocios de protección privada.

Aunque Franchetti defina a la mafia como “la industria de la violencia”, quisiera puntualizar con Gambeta (2010) que, ésta sólo es el medio, y no el fin; un recurso, y no su producto final. La mafia negocia con la protección, pero no como un bien, sino como un mal menor.  De ahí que, la protección sea una mercancía ambigua, como dice Tilly. Es reconfortante y a la vez siniestra. “Evoca imágenes de refugio frente al peligro, pero también se refiere al accionar de un hombre fuerte que obliga a los comerciantes a pagar un tributo con el fin de evitar ser dañados, amenaza que viene de los otros, pero de ser necesario, también vendrá del propio hombre fuerte.”

Los que ofrecen protección tienden a exagerar y a manipular el carácter deseable de la misma. El Estado no es una excepción: “Puesto que los propios gobernantes comúnmente simulan, estimulan, o hasta inventan amenazas de guerra externa, con tal de ser vistos como necesarios para la protección de sus pueblos. En otras palabras, los gobiernos también operan, de la misma manera que los extorsionistas” (Tilly 1985: 171).

En esta texto analizaremos la matanza del 13 de noviembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, en clave de la conceptualización de la mafia elaborada por Gambetta (2010). Para el autor, el comportamiento mafioso se encarna en el accionar de los agentes que trafican protección, y que son capaces de regular, y garantizar incluso por medio de la fuerza física, las transacciones que van más allá del accionar oficial del Estado. La mafia es una industria que está gestionada de manera congruente con sus propios requisitos, y restricciones (Gambetta 2010: 37). De ahí que, incluso sus exabruptos no deben ser interpretados de manera estrafalaria, o primitiva, pues muchas veces están cargados de estrategia, racionalidad y pretensiones económicas.

El primer factor que vamos a explicar es el uso descomunal de la violencia. Para Gambetta (2010) la capacidad de imponer fuerza es crucial para el papel del garante (Gambetta 2010: 81). Si no fuera así, las partes no se verían obligadas a obedecer sus regulaciones. Además, a la falta de un monopolio estable y generalizado del Estado, y considerando que, en cualquier momento se presentará un competidor en el mercado, es necesario eliminarlo evidenciando predisposición a la rudeza, porque no hacerlo, sería suicida en este negocio (83). Otra razón, depende de la acción del Estado porque es éste el que define determinados bienes o transacciones como ilegales. La condición de ilegalidad crea el mercado de la mafia, porque la protección estatal se vuelve inalcanzable, lo cual ha propiciado en la práctica, la estructuración de fuerzas suficientemente violentas como para amedrentar a los propios funcionarios estatales, encargado de administrar legítimamente la violencia.

En este sentido, los hechos suscitados en la Penitenciaría del Litoral pueden ser leídos con base en las tres características de la violencia en el contexto mafioso, mencionadas en el trabajo de Diego Gambetta. Siendo así, y ya que el Estado ecuatoriano no ejerce el liderazgo que le corresponde en la administración de la violencia legítima al interior de este penal, deja un espacio vacío que se encuentra en disputa por las bandas criminales. Las cárceles en Ecuador, y en especial ésta, son el botín de las mafias, debido a que se consideran oportunidades de negocio para quienes trafican con la protección. Por esta razón, compiten unas con otras, por el mercado de la extorsión.

En el recinto penitenciario del Guayas habitan 20.000 Personas Privadas de la Libertad (PPL), las mismas que requieren protección diaria, de manera obligatoria, de parte de las bandas delincuenciales “propietarias” de cada pabellón. En la Penitenciaría del Litoral están recluidos 8.000  PPL, en 12 pabellones. En promedio, cada privado de la libertad paga 35 dólares semanales a la banda delincuencial a cargo de su pabellón por el concepto de protección. De esta manera, quien paga al menos esta cantidad, tiene derecho a dormir en una celda, a acceder a los grifos de agua, a salir al patio por las mañanas, a servirse una ración mínima de alimentos , e incluso a ocupar drogas, armas y objetos prohibidos, sin que los guías penitenciarios puedan llamarle la atención. Sin embargo, quien no “colabora” con la mesada semanal para la “protección”, es víctima de violencia de parte de los mismos protectores y garantes del orden al interior del penal.

De esta manera, los actos de violencia extrema que se suscitaron en los pabellones 2 y F1, fueron demostraciones de poder, en los que las bandas delictivas lideradas por alias “Fito” y alias “Jr”, nos decían a todos los ecuatorianos, que: ellos ejercen el monopolio absoluto de la violencia al interior de esa cárcel, e incluso con mayor contundencia que las fuerzas del orden estatales. Pero además, fueron mensajes para los habitantes de dicha prisión, y para los que están por venir: si quieres sobrevivir a la cárcel, tienes que habitar obedientemente en nuestros pabellones, porque sólo nosotros podemos brindarte la “protección” que necesitas. De esta manera, son expresiones racionales, dentro de sus lógicas económicas. Podríamos decir que, lo actos extremadamente violentos, repudiados por las autoridades del Estado ecuatoriano, y por la opinión pública, son sus estrategias de marketing, para conseguir nuevos huéspedes al interior de sus pabellones.

Las cárceles en el Ecuador son zonas de impunidad absoluta, carentes de la justicia estatal. Quienes tienen el control absoluto de los intercambios, de las actividades e incluso de las vidas de los reclusos son las bandas criminales. Al interior de las prisiones continúan los negocios subterfugios, y las transacciones que están fuera de la Ley y de la mirada de los funcionarios estatales, porque son éstas las que permiten que circulen cerca de un millón de dólares al mes en la Penitenciaría del Litoral. Ahora bien, como el Estado no considerada legal a ninguna transacción realizada al interior de la prisión, se genera el nicho de mercado propicio para las bandas. De esta manera, son las mafias las que garantizan y regulan los intercambios de bienes y servicios bajo sus propias lógicas y sistemas.

Ahora bien, vamos a complejizar un poco más nuestro análisis. Si bien es cierto, que los líderes de las bandas delictivas son considerados proveedores intrínsecos de protección para los demás privados de la libertad, también es real que éstos son en algún momento, consumidores de protección. De esta manera, en nuestras entrevistas y diarios de campo encontramos con frecuencia menciones a los acuerdos bajo la mesa entre privados de libertad y funcionarios estatales, administrativos, y de la seguridad del penal. Un ejemplo claro de cómo operan estos acuerdos son las requisas, conocidas entre los reclusos como “raquetas”. Los Agentes de Seguridad Penitenciaria están obligados por su reglamento a revisar semanalmente la ubicación de cada recluso en sus celdas, a levantar y retirar objetos prohibidos, etc. Sin embargo, como reciben un aporte semanal de los mismos PPL, jamás encuentran nada significativo, sino unos tres, o cuatro cuchillos por pabellón, para justificar su labor.

De la misma manera, reciben montos más elevados los agentes de Policía, porque son quienes permiten el ingreso de las drogas y de las armas a los centros penitenciarios, caso contrario, realizan una labor más exhaustiva para evitar el paso de artículos prohibidos por los filtros de seguridad. Sin embargo, el circulo vicioso de extorsión o de pagos por seguridad no termina aquí. Pues, incluso los agentes de seguridad penitenciaria y los policías, dan cuenta en sus relatos, de los aportes económicos al personal de fiscalía, y a los jueces, para evitar ser procesados en los distintos episodios de flagrancia a los que están expuestos por su labor, o por sus tratos ilegales con las bandas delictivas.

A manera de conclusión quisiéramos compartir un extracto de las declaraciones del Vocero de la Presidencia de la República, Carlos Jijón, del día Lunes 15 de Noviembre de 2021, con motivo de la masacre carcelaria:

            …incluso hubo una transmisión de Facebook en ese momento. Uno piensa: ¿cual fue el objetivo                       real de la masacre? ¿Se trató de un grupo de la Penitenciaría que buscaba asesinar a una banda             contraria? Las evidencias parecen señalar otra cosa. Las personas que fueron víctimas no tenían          nada que ver con las bandas, pero los mataron de una forma tan cruel sólo para exhibirlos en redes. Uno puede pensar que el objetivo real era otro. Cometer un acto de terrorismo que conmocione a la      nación, y al mismo tiempo acusar al gobierno de ser el responsable de esta masacre. Un acto de     terrorismo para causar una conmoción social muy fuerte, en un momento político en el que se busca         motivar desde la Asamblea Nacional, la destitución del presidente (Jijón 2021).

Sus palabras vuelven a caer en la misma lógica mafiosa, casi extorsiva, puesto que inventa un enemigo común que no existe en la nación ecuatoriana, como  el terrorismo político. Todo esto con el fin de que la ciudadanía acepte obediente la protección violenta de un gobierno, que a cambio realizará recortes al sector social, educativo y de la salud.

Referencias

Auyero, Javier (2021) Entre narcos y policías, Siglo XXI. Buenos Aires: Argentina.

Gambetta, Diego (2010) La Mafia Siciliana, Fondo de Cultura Económico. México DF: México.

Jijón, Carlos (2021) Teleamazonas, ( https://www.youtube.com/watch?v=3ir1Og5D5C4 )

Tilly, Charles (1985). War Making and State Making as Organized Crime. Cambridge: Cambridge University.

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