Tomás Araujo
La derecha ecuatoriana está pletórica, en el 2018 recuperó el control de la política económica. Durante el 2018 el Estado capituló a los poderes económicos y el país transita por la propuesta económica de Guillermo Lasso. El nuevo rumbo nos recuerda al país de antaño en dos matices: (i) la entrega de las decisiones al poder económico y (ii) una sensación generalizada de clientelismo, desorden e improvisación de la política económica. Revisemos en orden cronológico qué nos deja en materia económica el año que termina.
Desde 2017 Lenín Moreno ya mostraba signos de su camaleónica política económica. Después de meses de atacar al “obeso” gasto público, en enero de 2018 paradójicamente anunciaba un aumento del subsidio eléctrico a los empresarios y en febrero lograba eliminar la Ley de Plusvalía, evidenciando el nuevo credo que gobernaba: la economía crece al reducir los costos a los grandes capitalistas (economía de oferta). Si bien éstas no serían políticas transcendentales para las grandes mayorías, sirvieron para descodificar cuáles son los preceptos teóricos que marcarían la hoja de ruta de 2018.
Los primeros tres meses del año el país vivió en zozobra producto de una larga y silenciosa espera del plan económico, el cual, sólo se supo a inicios del cuarto mes. Esta larga espera demostraba a un Moreno timorato que no sabía qué camino tomar. Había restos del gobierno anterior que se resistían al camino que los poderes demandaban. El 2 de abril se supo qué perseguían: austeridad, privatización, reducción de impuestos y la vieja receta de los incentivos tributarios. Todas ellas con abundante evidencia de ser políticas que han fracasado en casi todas las economías en desarrollo. ¿Cómo justificar semejante viraje? Había que posicionar la idea de un país “quebrado” y un Estado “corrupto” para argumentar tal traición al plan económico que había ganado en las urnas. No obstante, el anuncio de las medidas fueron agridulces para la derecha más ortodoxa al ser escuetas y, sin duda, insuficientes para marcar un verdadero plan económico. Para abril el camino era difuso por decir lo menos y dejaba ver otras características del gobierno de Moreno: el gradualismo como método propio de un camaleón y lo timorato como signo de su desconocimiento. No entiende, hasta ahora, que el gradualismo puede costar al país una expulsión de la dolarización por una anemia de divisas.
No sería hasta mayo de este año cuando se produciría el clivaje más importante con la designación del Richard Martínez como ministro de Finanzas. Con Martínez y Campana hablándole al oído, el Presidente se convencía de que el Estado se debía achicar y el sector externo liberar. Había que abandonar los viejos postulados y embarcarse en el ampuloso discurso de la “competitividad”, el “pragmatismo” y la “pesada herencia de la deuda”. Moreno, como un lobista empresarial de viejo cuño, entiende los códigos de las cámaras y rápidamente tomó su discurso como propio. ¿O nunca lo abandonó?
Pero este discurso tenía un problema: la verdadera cifra de deuda pública, que tanto Carlos de la Torre como Elsa Viteri habían ratificado, no era la que los poderes necesitaban para transitar por un plan neoliberal. Poco importaba, las órdenes eran claras y el Presidente les quitaría el apoyo. Richard Martínez llegaría precisamente a legitimar una cifra de deuda que no corresponde con la técnica sino con la conveniencia política. Sin una abultada deuda, ¿cómo justificarían los recortes? El mensaje del país “quebrado” era forzoso para restituir los viejos equilibrios oligárquicos. Ya sin los restos del correísmo en las decisiones económicas, el único obstáculo que tenían era el mismo Moreno. El Estado había capitulado. Hoy las decisiones económicas se las toma en las cámaras empresariales y, la Presidencia de la República, sirve, únicamente, para buscar créditos en el exterior.
Para junio Pablo Campana anunciaba que Ecuador entraría a formar parte de la Alianza del Pacífico y que se emprendería un plan ambicioso para firmar un TLC con todos los países que deseen. En este sentido, Ecuador se posiciona como el nuevo socio de un proceso de integración comercial neoliberal que revive las viejas esperanzas de la extinta Área de Libre Comercio de las Américas ALCA. Hay que entender que la anexión a la Alianza del Pacífico y la intensión de firmar un TLC con Estados Unidos es sólo el punto culminante del sometimiento de Ecuador a la nueva relación comercial con este país y que Moreno abonó e impulsó desde su primer día de gobierno.
En agosto se aprobaba la Ley de Fomento Productivo, a todas luces nociva para los intereses nacionales y beneficiosa para grupos selectos de la sociedad. No sólo porque parte de supuestos económicos errados y falaces (curva de Laffer, efecto desplazamiento y austeridad expansiva), sino porque tiene un olor al pasado: resta capacidad de control al SRI y se establecen graves escudos fiscales para facilitar la evasión del impuesto a la renta y que la riqueza fugue libremente a paraísos fiscales. A su vez, se debilita el régimen monetario al omitir cualquier control a las importaciones, se deja la puerta abierta para una futura eliminación del ISD y se recuperan la anacrónicas e inconstitucionales políticas de atracción de inversiones mediante la supeditación del país al arbitraje internacional. La ley también suprime la capacidad de que el Banco Central preste al Estado y prohíbe el déficit fiscal primario. Esto demuestra que de economía entienden poco y omiten el principio básico de contabilidad nacional: el déficit público es el ahorro de los hogares; la deuda pública es el activo de los privados y de la sociedad. ¡Un total sinsentido! Detrás de la supuesta atracción de inversiones están los antiguos intereses oligárquicos y rentistas que buscan reconstruir los mecanismos de expoliación del Estado.
En noviembre el gobierno envió una muy mal lograda proforma presupuestaria para 2019. El presupuesto de la nación cristaliza cuáles son las prioridades y quién verdaderamente gobierna. Nadie niega que la economía necesita un ajuste porque una economía sin moneda no puede sostenerse con déficit fiscales al infinito. Lo que está en debate es sobre quién recae el ajuste y a quién se exime de la responsabilidad de financiar el gasto. El gobierno evidentemente decidió debilitar los ingresos permanentes con una ley de fomento a la evasión y en noviembre enviar una proforma presupuestaria que recorta prestaciones sociales. Por ende, hace un ajuste regresivo sobre las mayorías en defensa de una minoría. Recorta gasto en educación y salud, lo que violenta el mandato constitucional de incrementos anuales en 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% y el 6% del PIB, respectivamente. En el caso de salud bajaría del 4% y en educación no cumpliría con el incremento de 0.5% anual.
Después del primer intento fallido, la nueva Proforma de 2019 ajusta a la baja el precio del petróleo de 58 a 50 dólares por barril, pero mantiene invariable la estimación de déficit fiscal, lo que tácitamente significaba que en el 2019 eliminaría los subsidios a los combustibles. Mientras el país se convulsionaba, el presidente hacia mutis por el foro. De nuevo, demuestra que le gusta gobernar a escondidas y calladito, para ver si la gente no se entera.
Para cerrar el año, en los primeros días de diciembre, el presidente anunció la supresión de la SENPLADES, tal vez el mecanismo más rápido para poner una zancadilla al desarrollo. El Estado vuelve a ser esclavo de los grandes intereses y supeditado a su nuevo amo: el mercado. Para ampliar la grieta entre lo que se dice y lo que se hace, el gobierno recurrió nuevamente a un crédito de 900 millones con China y finalmente después de algunos días anunció el aumento del precio de la gasolina. Meses atrás Martínez y su grupo hablaban de que el correísmo había hipotecado el país a los chinos. Hoy, se dicen los salvadores de la patria al contratar un crédito en iguales condiciones. Hace pocos meses Moreno decía que no habría paquetazo. Hoy, la subida de los combustibles vuelve a ser “culpa de Correa” e intentan marear a la perdiz al decir que estos subsidios “le han costado al país” más de 50 mil millones de dólares. Demuestran que han vaciado de contenido a la comunicación y cualquier disparate se convierte en posición oficial del Estado. Con impúdica prepotencia Juan Sebastián Roldán dice que el país ha “botado a la basura” recursos por mantener los subsidios, sin advertir que, un subsidio público, por principio contable, es el ahorro de los hogares. Si se elimina un subsidio, paga la gente. Por favor que el Secretario y vocero del Presidente nos explique ¿cómo se “bota un subsidio a la basura”?. Nos habíamos olvidado que las élites nos gobiernan por la fuerza y la herencia, mas no por el conocimiento.
¿Qué nos espera el 2019?
El 2018 fue el año del asalto al Estado y con ello empujan al país a la debacle económica. Con mejores precios del petróleo y con una economía en crecimiento en 2017, los preceptos neoliberales en 2018 nos llevan directo a la recesión. El 2019 será el de la consolidación del ajuste y con ello se busca inducir una crisis que justifique la flexibilización laboral. ¡Van por el salario de los trabajadores! El terreno ha sido perfectamente preparado: la prensa y la burguesía costeña están en la vicepresidencia, el FMI sobrevuela y la idea de “no hay alternativas” es posicionada por los analistas económicos y la maquinaria mediática. La derecha apura el ajuste porque quiere que Moreno sea el que asuma todo el paquetazo y así llegar como salvadores en el 2021 con una economía de rodillas a los intereses corporativos. Al mismo tiempo, los ingresos tributarios tienen riesgos de no cumplirse pues dependen de la actividad económica. La supresión de la inversión pública más la liberalización de las importaciones frenará la actividad, la recaudación y ampliará el déficit fiscal. Difícilmente se plasmará la proyección de ingresos públicos y una subida del IVA será lo más probable. Propio del gradualismo que pregona Moreno, se espera que los combustibles también continúen subiendo durante 2019. ¿Podrá brindar Moreno el inicio del 2020 en Carondelet?