2018: las sombras de las élites en la economía

Jonathan Báez|

Jonathan Báez

Paquete importante de reformas: se dobla el precio de la gasolina (…); se limitan los ajustes salariales; se recorta el gasto público; se inician negociaciones con el FMI para renegociar la deuda externa.” Estas acciones parecen retratar los últimos acontecimientos de lo que implicó el 2018 en materia de política económica del actual gobierno. No obstante, se trata de una descripción que Thoumi y Grindle realizan sobre el ajuste en Ecuador, ocurrido en octubre de 1982. Es de esa forma que se cierra este año, con políticas que recuerdan lo más tortuoso de la época neoliberal en el país; a excepción del acuerdo con el FMI, pero al que la presión desbordante de varios analistas -que lo implementaron en aquellos tiempos- parece conducir apresuradamente. Sin embargo, no solo se trata de un retorno al pasado.

Es un proceso aún más grave y agresivo, de tal magnitud que no ha tardado más de un año y siete meses en alcanzar lo que a las élites empresariales/políticas demoró casi 20 años (las décadas perdidas) lograr durante el pasado. Es decir, dirigir la economía nacional sin ganar ninguna elección mediante la corporativización del Estado (estar en lugares clave del gobierno). Las prácticas de las élites en búsqueda de su beneficio se observan en tres espacios del gobierno: i) el trabajo; ii) el comercio exterior y; iii) las finanzas. En este último espacio se configuró la ley de fomento productivo o ley trole 3 que selló el camino de la depredación de dichas élites con las consignas de: no impuestos (especialmente progresivos), no Estado interventor de la economía y controlador de las malas prácticas empresariales como evasión/elusión fiscal y no apoyo a un código laboral pro-trabajadores.

En el caso del trabajo se observa la implementación de contratos con jornadas flexibles en los sectores bananero, florícola, ganadero y turístico-hotelero (sectores cercanos a la actividad empresarial del ministro y su familia), lo que en la práctica implica una forma de precarización y superexplotación de la fuerza de trabajo, dado que “las capas empresariales de estos sectores han generado mecanismos que restringen la participación de las remuneraciones en la distribución de la nueva riqueza generada”. A eso se adhieren la separación de 1365 servidores públicos hasta 2021 y la no renovación de contratos a otros 70 mil. Por un lado, eso engrosará el nivel de oferta laboral. El pretexto perfecto para mantener los salarios a la baja, incluso reducirlos. Por otro, para las personas que no logren insertarse en el sector privado y con deudas pendientes se situarán en una espiral insostenible al no tener ingresos. Finalmente, los que decidan emprender existirá una serie de trabas con mercados oligopólicos y ausencia de fuentes de financiamiento. En resumen, las capas trabajadoras se verán gravemente afectadas tanto de un nivel no calificado como medio.

El comercio exterior muestra una preocupación exacerbada por atraer a la inversión extranjera directa (IED) como único imperativo que puede mejorar la situación del país. No obstante, hasta el momento solo existen promesas de inversión que no llegan y, de hacerlo, la evidencia muestra que no transformarían nada: al “analizar la evolución de la misma en comparación con el nivel de pobreza, poco o nada tiene que ver con modificarla (…) De hecho, un incremento de la IED en 2018 se contrasta con un crecimiento de la pobreza.” En ese sentido, es complicado que este ministerio (con su ministro como yerno de uno de los principales grupos económicos del país) dirija su atención solo a la IED y no a buscar mecanismos de generar divisas para el funcionamiento adecuado de una economía dolarizada.

Finalmente, en el espacio de las finanzas, la incorporación del presidente de la Cámara Empresarial Ecuatoriana como ministro determinó el rumbo de lo económico nacional a lo empresarial. De esa manera, la búsqueda fue generar un instrumento que permitiera alcanzar las metas de las élites antes descritas, dejando de lado las decisiones macroeconómicas que desembocaron en un aumento de la pobreza a pesar de una recuperación económica. Así lo menciona Páez con información a junio de 2018:

En la serie publicada no se registran elevaciones precedentes tan drásticas en períodos similares. Las cifras implicarían que alrededor de 504 mil personas adicionales pasaron a la condición de pobreza, luego de que había tomado 10 años previos para que hayan salido de pobreza unos 1.7 millones de habitantes, es decir, que se revierte más del 30% de la mejora social, conforme la misma serie.

De igual manera se registra un aumento de la precarización “entre 2017 y junio de 2018 la economía del país muestra un crecimiento, pero el índice de precariedad laboral aumenta.  En otras palabras, existe un aumento de la precariedad en un 4.51% entre 2016 y 2017; a junio de 2018 el aumento del índice de precariedad laboral se mantiene”. En medio de esta situación se formula la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal. Aprobada el 21 de agosto 2018 por la Asamblea Nacional.

Dicha ley, aunque se plantea como solución de los “problemas económicos” en realidad se trata de una autoemboscada. Una crisis autoinflingida que legitima las decisiones de ajuste neoliberal. El mecanismo por el cual esta ley opera es dejar sin ingresos al Estado y permitir por todas las vías que las élites empresariales paguen impuestos. De esa manera, en su primer artículo se permite la eliminación de deudas por concepto de no pago de impuestos. De tal manera que, como señala el Observatorio de la Dolarización, solo “los 50 mayores deudores de deudas impugnadas y en firme se podrán acoger al perdón de USD 1344.7 millones”. El justificativo es que esto permitirá una recaudación del capital adeudado. En ese sentido, se pregona que se ha recaudado “USD 718 millones, es decir, 112 millones más que los USD 602 millones establecidos para este año” como efecto de la ley. No obstante, se generan incentivos para que no se pague.

En efecto, al comparar el crecimiento de lo recaudado mensualmente entre agosto y noviembre del periodo 2015-2018, se observa que sigue la misma tendencia (estacional) que otros años, incluso con niveles inferiores: la recaudación entre agosto y septiembre es positiva en todos los casos, pero en 2015 alcanza un aumento del 13% (año en que se realiza una remisión pero que si genera el pago), en 2016 del 14%, en 2017 el 11% y en 2018 solo el 8%. Entre noviembre y octubre que también registra incrementos, excepto en el año 2016 en que se reduce el 6%, el menor se observa en el año 2018 con un crecimiento de solo el 0.2% en contraste con el crecimiento del 0.4% en 2015 y del 3.1% en 2017. Sin duda es necesario realizar una evaluación de impacto para observar el efecto de la ley. Sin embargo, estos datos preliminares permiten formular la hipótesis de que se sabotearon los ingresos del Estado a través de la renuncia al cobro de las deudas y, al mismo tiempo, por generar incentivos al no pago en la expectativa de una nueva remisión. Si a eso se suma la pérdida ante las transnacionales petroleras por el cambio de formas de contrato, las posibilidades de generar ingresos se disuelven y el paradigma de la austeridad se instala y legitima.

A eso se adhiere que se generan una serie de exoneraciones del impuesto a la renta, al impuesto a la salida de divisas por las nuevas inversiones que, como ya se mencionó, poco o nada aportan al desarrollo del país, fomentando incluso el uso de paraísos fiscales. En términos simples, se impulsa a que las personas de mayores recursos continúen acumulando más. En contraste, esto genera una fuga de capitales del país: las inversiones se trasladan al exterior con una rentabilidad pero sin dejar ningún tributo y las ganancias locales también pueden ser enviadas al extranjero, situando a la economía en una peligrosa situación no solo de liquidez sino de insolvencia.

De esa manera, la sociedad ecuatoriana, la gran mayoría debe cargar con las reducciones del gasto social en el presupuesto general del estado y eliminación de subsidios (aumento precio de gasolinas lo que finalmente encarece las exportaciones y disminuye el precio de las importaciones, fomentado la salida de dólares de la economía). Incluso este fue el argumento para la eliminación del subsidio al diésel para exportadores de camarón y atún, lo que en el momento actual no es pertinente por los problemas de liquidez en la economía ecuatoriana, lo cual también puede considerarse como un impulso a las élites importadoras, lo cual significa salida de capitales del país y complica más la posibilidad de una reactivación económica sin producción local.

Finalmente, así se “justifica” préstamos con organismos internacionales (que tienen co-responsabilidad en la debacle económica de otros países, tal es el caso de Goldman Sachs y Grecia, FMI y Argentina), reducción del aparato estatal, privatizaciones, más despidos en el sector público, así como la reducción de salarios y, en el caso del sector privado, parece ser que un congelamiento del salario mínimo como medida para mantener el empleo –aunque la evidencia señale lo contrario y el aumento de este rubro dinamiza no solo el empleo sino la economía.

Ese es el panorama que las élites configuraron desde el gobierno en el año 2018. Sin embargo, aún está por observarse el accionar del vicepresidente que, aplaudido como una figura de la élite empresarial costeña, está por realizar. Es necesario comprender que su beneficio está en detrimento no solo de las capas bajas sino de la economía nacional como tal. Por tanto, ante el paso casi sin resistencia de estos procesos es imprescindible comprender los mecanismos por los cuales fueron implementados, para que esa resistencia tenga los instrumentos de desarmar la depredación del neoliberalismo. Es el reto del año 2019.