Alejandro Guevara
El acoso sexual en las aulas no es un problema nuevo, las universitarias chilenas emprendieron una serie de protestas en contra de la “violencia machista” ejercida dentro de los espacios educativos; protestas que tuvieron su eco en las redes sociales, varios vídeos de las protestas y las formas de desidentificación que las mujeres realizaron en contra del acoso sexual, violaciones y otras formas de violencia que día a día se reproducen en la cotidianidad, dieron la vuelta al mundo por internet.
Este hecho no es ajeno al contexto nacional. El mes de junio estuvo conmocionado por el caso de acoso sexual de un profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. El país entero conoció el caso de Cristina A., quien habría sido víctima del docente por varios años.
Su caso soportó las trabas burocráticas alrededor de un año y medio, entre idas y venidas sin respuestas claras, buscando ayuda dentro de su Facultad, conversando con profesores y compañeros, sin que las autoridades avancen en el tema y se adopte alguna medida.
Gracias a los colectivos de varias Facultades de la Universidad Central, el 6 de junio de 2018, el Honorable Consejo Universitario decide dar fin a este tortuoso proceso. Además del caso de Cristina A., doce compañeras más apoyaron su denuncia con sus testimonios.
El docente ha sido cesado de sus funciones y el pasado 11 de julio el Decano de la Facultad de Artes llama a Asamblea para rendir cuentas sobre el asunto. En un atropellado discurso en el que la autoridad mostró su clara incomodidad ante una marea de estudiantes que copó el Auditorio, relató cuáles habían sido sus acciones en torno a este caso, intentando explicar por qué no se habían tomado cartas en el asunto con anterioridad. Así también se conoció que además del docente acusado y sancionado, tres docentes más habían sido retirados de la institución por las mismas razones.
Cristina A., dio un discurso digno de levantarse y aplaudir, relató cada uno de los episodios que había tenido que vivir con el docente y difundió un audio donde demostraba una vez más que el mismo profesor continuaba acosando a una de sus compañeras, y a partir de ese testimonio-audio se exponía la baja naturaleza del docente. Los estudiantes se alzaban y respondían ante las autoridades, prontamente realizaron acusaciones ante los delegados de Bienestar Universitario de la UCE, tachando a la entidad como “encubridora” y no era para menos, pues al parecer el proceso de Cristina A., como muchos otros en la UCE, tuvo irregularidades, hasta el punto de acusar a la propia víctima. Además, los canales de información sobre el asunto, para estudiantes y profesores, fueron mínimos. Se supo también que generaciones de cerca treinta años atrás, hoy narraban su versión, varias ex alumnas se unían a la lucha y revelaban que esta práctica de cacería, hostigamiento y extorsión había sido un hecho generalizado.
Más allá de toda la lucha generada por Cristina A., y el apoyo que han prestado los diferentes colectivos feministas en contra del acoso sexual en la Universidad Central, se deben ver las causas estructurales que han tolerado este ejercicio de violencia dentro de las aulas hasta convertirse en una cultura del acoso invisibilizada.
Este caso ha puesto de manifiesto cómo las trabas institucionales, entre otras muchas razones, han sido un gran obstáculo para la erradicación de la violencia en las aulas, un sistema que, parecería, protege al victimario y no a la víctima y hay ciertas autoridades indolentes frente a estas situaciones.
Las inacciones de las instancias respectivas de la Universidad Central han permitido que se generen condiciones para ejercer el acoso sexual, dado que hay vulnerabilidad mayoritariamente de las mujeres por el desamparo de la institución, lo que posibilita que estos hechos surjan y se invisibilicen, pues no solo el caso de Cristina A. ha salido a la luz, la Carrera de Trabajo Social también ha experimentado una situación similar. Además, en la propia Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, un grupo de estudiantes de la Carrera de Sociología hizo una denuncia puntual y la decisión de las autoridades, en nada socializada, se ha cerrado con varias inconsistencias al no seguir el protocolo que norma la violencia dentro de la Universidad.
Lo anterior nos demuestra que este tipo de prácticas no solo se normalizan en la cotidianidad, sino que se reproducen en una red de relaciones, que implican a las instituciones y sus límites ante situaciones tan delicadas pero reales. Y esas prácticas violentas y repetidas son precisamente el resultado de cómo se ha ido configurando un sistema desigual de lógicas de poder en las que las alumnas se arriesgan más al denunciar, de manera que son inducidas al silencio.
Autoridades, estudiantes y profesores nos hemos convertido en parte de esa red de normalización, ciertamente, no todos los docentes varones son parte del acoso sexual a las estudiantes, pero dichas conductas no pueden asumirse como un “privilegio del cual se puede o no hacer ejercicio”.
Una Universidad debe construirse bajo los parámetros del respeto, es decir, las alumnas no son, en ninguna circunstancia, “blancos fáciles”; son seres humanos con su propia autonomía y determinación. Alumnos y profesores debemos tomar partido cuando suceden estos hechos y no simplemente mirar para otro lado. Debemos integrarnos a esta lucha social y política, que nos invita a revelarnos en contra de estas prácticas, a mostrar nuestra inconformidad dentro de una estructura que da cabida a la violencia.
Se ha dado un paso importante en la lucha contra el acoso sexual, sin embargo, existe mucho camino por recorrer, hay aún muchos casos enclaustrados dentro del sistema burocrático de la UCE, que deben ser resueltos.
Tenemos que comprometernos más con estas causas, reconocer que el acoso tiene un sustento dentro del sistema y que podemos emprender el desafío de una lucha para construir una Universidad libre de violencia y cero impunidad. No podemos, nunca más, esperar 30 años de acoso para tomar acciones.