Orlando Pérez
Han recibido de su misma medicina: ingratitud. No hubo un gobierno, un movimiento político y todo un proceso que defendiera a los periodistas, camarógrafos, sonidistas, locutores, técnicos en general que hacen comunicación y periodismo como lo que se hizo en el último quinquenio.
Que la disputa se haya dado con algunos periodistas que optaron por la actoría política, dejaran de lado su oficio y reemplazaran a la oposición es otra cosa. Pero sin una ley de comunicación -quedó claro- los empresarios mandan en las políticas laborales y en las empresas de información.
Y son esos los que ahora reciben los favores de la SECOM: tienen “primicias”, datos y documentos reservados y secretos, publicidad y una serie de beneficios, bajo el manto de respetar la pluralidad. Y tienen el descaro de decir que no se venden a ningún poder.
Pero también aniquilaron el proceso de democratización del espectro radioeléctrico: un Contralor anuló el concurso de frecuencias, por encima de la CORDICOM y de toda norma. Y los más perjudicados son los medios comunitarios, radios y televisoras, para beneficiar o no “perjudicar” a los poderosos, a aquellos que por concursar por una frecuencia, no por ser anulados o eliminados, se sienten afectados, discriminados, como si por herencia o nobleza debieran tener una frecuencia por los siglos de los siglos.
Han hecho una campaña de linchamiento contra la Ley Orgánica de Comunicación que parecería que gracias a ella desapareció el buen periodismo y es todo lo contrario, pero siempre se supo que no les molestaba la ley por imponer normas y sanciones sino por defender los derechos de las audiencias, de los periodistas y de los medios en sí mismos. Y, por supuesto, ahora van contra lo fundamental: los derechos laborales de los periodistas. Con el mayor descaro señalan que un periodista debe ganar lo que cualquier otro ciudadano: el sueldo mínimo. Llamen como le llamen los entendidos (dicen que podría ser precarización), lo de fondo es que fueron por la ley no por garantizar libertad sino para tener periodistas mal pagados y, cómo no, ingresos y ganancias para los dueños de las empresas.
Pero además en la confesión que hacen el representante de AER y el mismísimo ministro del Trabajo queda claro algo: no contratan periodistas, sino estudiantes de periodismo porque no les pueden pagar su salario básico: 800 y pico de dólares. Por tanto, lo que hacen no es elaborado ni producido por profesionales sino por estudiantes. Y ahí se entiende todo. Es decir: ahora a los periodistas se les va a pagar como a estudiantes.
Y como para no acabar de sorprenderse ahora el Ministro del Trabajo, quien debería defender los derechos laborales, quiere periodistas a destajo: propone crear una modalidad contractual para periodistas a fin de pagarles por día o por nota. Así, simple y llano.
Ahora vendrá una cadena de reclamos, por ejemplo: los colegios y escuelas particulares, las clínicas y hospitales privados también dirán que no pueden pagar los salarios establecidos en la tabla del Ministerio respectivo y pedirán que se les pague como a cualquier ciudadano, menos de 400 dólares. Y así seguirá la política de precarización, pero sobre todo de retroceso de derechos.
Y para volver al principio: esos periodistas que recibieron mejores condiciones de trabajo e ingresos dignos fueron y son los que ahora hablan de la década perdida y otras cosas más. Esperemos que ahora inicie la década dorada del periodismo y gracias a las dádivas de los nuevos mandatarios la publicidad y las primicias les permitan competir y obtener grandes ganancias, sueldos extraordinarios y el periodismo, por fin, gozará de la mejor salud posible.