Gina Chávez y Manuela Soto
Al festejo de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) y su dirigencia por la decisión del Presidente de este país andino, Moreno Garcés, de entregarles la Sede de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) para reabrir su universidad, la “Amawtay Wasi”, clausurada en el año 2014 por falta de calidad académica, se suma el anuncio hecho por parte del gobierno colombiano de abandonar dicha Unión. Mientras la decisión del gobierno colombiano confirma que a la derecha continental no le interesa el modelo de integración regional que implica la UNASUR; la celebración de la dirigencia indígena demuestra los límites ideológicos, políticos y programáticos que registra el movimiento indígena ecuatoriano.
Para comprender lo que significa esta aceptación (¿o quizás conculcación?) debemos remontarnos a 1980 cuando en pleno proceso de conformación de la CONAIE se da forma y potencia al reclamo legítimo de incorporar su visión intercultural y plurinacional al sistema educativo nacional. Asumiendo la diversidad étnica y cultural de la sociedad ecuatoriana esta demanda se erigía como relevante y capaz de aglutinar otras que repensaran el mismísimo orden social sobre la base de la construcción de Ecuador como un Estado Plurinacional e Intercultural, es decir un nuevo proyecto de integración social. Por supuesto, en el plano educativo incluía redefinir la institucionalidad del Ministerio del ramo, la organización del sistema, sus escuelas y colegios, el currículum, la formación docente y la elaboración de manuales y textos escolares, entre otras cuestiones.
Lamentablemente las élites políticas del momento y las debilidades que empezó a evidenciar el movimiento indígena terminaron reduciendo aquella potente demanda. Se impusieron los intereses más cortoplacistas y utilitarios y no se pudo con el objetivo más ambicioso y emancipador. Prevaleció entonces una dinámica corporativa que terminó traduciéndose en la conquista de un segmento o fracción del Estado en el campo educativo a favor de un grupo de interés, un grupo como tantos otros. Así la “educación bilingüe” como se dio inicialmente en llamar y luego la “intercultural bilingüe” o “bilingüe intercultural” siempre fue la educación para los indígenas. Se configuró como un “para-sistema educativo” para este sector poblacional y para el ámbito rural. Uno completamente desconectado del denominado “hispano” y que no permitía siquiera la intermovilidad estudiantil y docente.
A fines de los ´90 la organización y el movimiento indígenas pusieron sus aspiraciones más amplias en un proceso constituyente que logró incorporar derechos colectivos hasta ese momento impensables en una Carta Magna. Sin embargo, estas “conquistas” quedaron atrapadas en una Constitución marcadamente neoliberal en el ámbito económico, productivo y político. Así la ampliación progresista de derechos fue ensombrecida por un texto que materialmente planteaba una regresividad sin precedentes.
El Estado de aquel momento intentó bajo todas las formas posibles evitar la activación política de este actor colectivo. La estrategia multiculturalista fue parcelarlo. Por ejemplo, a través de su inclusión en el Proyecto de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Negros del Ecuador (PRODEPINE) para garantizar la gobernabilidad en el marco del ajuste estructural, léase no levantamientos indígenas. Esta política pública se creó en 1999 y tuvo un financiamiento de 50 millones de dólares, de los cuales la mitad provenía del Banco Mundial y 15 millones del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola.
Pese a dichos intentos, hacia inicios de 2001 el movimiento indígena, desde un trabajo consistente con sus bases, lleva adelante un levantamiento con características novedosas y disruptivas en unidad de acción con el conjunto de organizaciones indígenas y sociales, y presenta un programa de reivindicaciones acentuadamente “clasistas”, que sin abandonar el proyecto del Estado Plurinacional incorpora una agenda que superaba los clivajes étnicos para centrarse en un cuestionamiento de la agenda neoliberal. Dicho en otras palabras, la política del reconocimiento, sin dejarse de lado, se integra a la macro política de la (re) distribución. Este fue un momento particularmente luminoso y emancipador.
Empero, al poco tiempo se cercenaron estas potentes posibilidades cuando el movimiento indígena con su organización y su recientemente creado partido político (Pachakutik) decide integrar una alianza cívico militar para acceder al poder del Estado. La dinámica que se sucede es la que siempre había funcionado: “entrega” y consecuente “aceptación” de algunas agencias gubernamentales para la dirigencia indígena, así como la concreción de algunos proyectos emblemáticos anhelados por este sector. Este experimento tendrá un desenlace funesto cuando el Presidente Lucio Gutiérrez empieza a impulsar una agenda neoliberal anulando todo el programa de gobierno prometido en campaña, y establece un acuerdo orgánico con los tradicionales partidos políticos de derecha y, además, pretende obtener el control de la Corte Suprema de Justicia. Fue la radicalización de las movilizaciones ciudadanas, ahora desde sectores sociales urbanos, quien lo terminó removiendo. Por supuesto, el movimiento indígena quedó gravemente comprometido con esta experiencia gubernamental y con el final que tuvo.
Entre los proyectos concretados durante el gobierno de esa alianza se destaca la creación de la llamada Universidad Intercultural de las Nacionalidades y los Pueblos Indígenas “Amawtay Wasi”, a cuyo análisis nos concentraremos en la siguiente nota.