Por Maribel Acosta Damas
Con el anuncio del cese del paro, tras la firma de un acuerdo entre las organizaciones del movimiento indígena y campesino y el gobierno, se abren nuevas interrogantes ante los también posibles escenarios a partir de ahora. Entrevistamos a Irene León, socióloga y comunicadora ecuatoriana:
Entrev- ¿Qué opinión le merece el acuerdo gobierno- sociedad civil en Ecuador, qué saldo pudiéramos apuntar?
Irene León – Tras dieciocho días de paro nacional y una movilización significativa, las organizaciones convocantes: Confederación de Nacionalidades indígenas (CONAIE), Federación de Indígenas Evangélicos ( FEINE) y la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN), firmaron una ‘Acta de paz para el dialogo’ con el gobierno.
Han sido unas jornadas de gran intensidad que concluyeron con algunos logros para el pueblo ecuatoriano. El de mayor destaque es el de haber puesto en evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes o, por lo menos, enmendar la crítica situación de un país afectado por la aspereza de la aplicación de las políticas neoliberales. En el caso de Ecuador, esas políticas privilegian al capital financiero en desmedro de los intereses populares.
En dieciocho días, el pueblo ecuatoriano puso en evidencia que es imposible vivir sin la atención del Estado a los derechos básicos: la educación, la salud, la alimentación; que han sido literalmente desmantelados por las políticas neoliberales y el achicamiento del Estado. Quedó en evidencia que las privatizaciones y la transferencia de la gestión de la sociedad al mercado solo trae como resultado mayor exclusión. Por eso el alto compromiso de las mujeres, la juventud y otros sectores con el paro.
También se puso en evidencia, de manera concomitante, que esta demanda de cambios son requeridos por casi todo el país. Esto se hizo ostensible en el escenario destituyente, colocado por el Movimiento Revolución Ciudadana en la Asamblea Nacional, que implicaba la eventual remoción del Presidente Guillermo Lasso, un banquero un neoliberal dogmático, que se salvó con varias estratagemas, pero el hecho sacó a la luz que también en ese escenario su gestión es reprobada por la mayoría. A apenas un año de ejercicio presidencial, más del 80 por ciento de la población desaprueba su gestión.
Aun así, la arrogancia y el autoritarismo marcaron el tono de su respuesta: no se presentó a la Asamblea ni al diálogo con la dirigencia del paro, apenas hizo presencia en breves cadenas mediáticas: para anunciar el estado de excepción, para amenazar y anunciar represión y más represión.Bajo esa tónica, sucedieron centenares de violaciones de los derechos humanos, lo que, a más de la desolación que produjo, sacó a la luz la existencia de un autoritarismo neoliberal que estaba presente, pero de manera soslayada. El informe de la Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos, pone en evidencia incluso hechos que pueden configurar crímenes de lesa humanidad.
Entrev. – ¿Y cómo evalúa el contenido de los acuerdos?
Irene León – Los diez puntos que fueron planteados por el paro, abarcan aspectos muy sensibles para la población: la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares, el impulso al empleo y derechos laborales, presupuestos para la salud, la educación y políticas efectivas de seguridad y protección; como también precios justos para la producción campesina, control de precios y control de la especulación, reducción de precios de los combustibles; el respeto a los derechos colectivos, el rechazo a la privatización de los sectores estratégicos y el patrimonio público.
Gracias a la movilización popular fue derogado el Decreto 95 relativo a la gestión petrolera y quedó comprometida la reforma del Decreto 151 sobre minería, ambos tienen que ver con la protección de los territorios ancestrales y la obediencia a la consulta previa, que es una demanda muy importante para los pueblos originarios, especialmente los amazónicos.
Se logró la declaratoria de emergencia para la salud, que ha sido gravemente afectada por la destrucción de lo público y la reducción de presupuestos. Así mismo, queda comprometido el control de los precios, ante la vertiginosa especulación, suscitada por el desmantelamiento de las instancias de control. Quedaron varios puntos pendientes, que serán desarrollados en mesas de trabajo ulteriores en un plazo de tres meses, la educación por ejemplo.
Uno de los puntos más sensibles, que no fue parte del Acta, es el de la moratoria y renegociación de las deudas personales y familiares, de gran trascendencia para la gente del campo pero también de alcance general, ya que dado el encarecimiento de la vida y la precarización, que resulta de las privatizaciones y otras políticas neoliberales, ha crecido el endeudamiento en el sector financiero, especialmente privado, con intereses exorbitantes, lo que resulta en un estrangulamiento simbólico para las personas y familias.
No se incluyó ninguna forma de amnistía ni de reparaciones para las familias de las seis personas que perdieron la vida. No quedó ningún compromiso de no judicializar a las dirigencias del paro ni a las personas movilizadas, lo que en un contexto de persecución política y de judicialización de la política, que se ha agudizado, podría anunciar días nefastos para los movimientos. Peor aún, en el marco de la satanización de la movilización, el gobierno hizo pública una antojadiza asociación entre movimientos populares e indígenas con el narcotráfico, la delincuencia y el terrorismo.
Entrev. -¿Qué escenario se avizora?
Irene León – Estamos ante un escenario complejo, principalmente porque el gobierno está afincado en un neoliberalismo extremo, que se impone por la fuerza. Hasta aquí, ha mostrado una agenda de compromisos con el capital financiero, las corporaciones privadas, especialmente transnacionales, y con los lineamientos de las Instituciones Financieras Internacionales. Esto propicia justamente la agudización de las desigualdades y las carestías que motivaron el paro. De ahí las dudas que se han expresado sobre los compromisos consignados en el Acta firmada, pues como ya ha incumplido antes, podría hacerlo de nuevo y conculcar los acuerdos obtenidos por la movilización.
Asimismo, eludiendo lineamientos constitucionales, el gobierno viene propiciando acercamientos, e incluso compromisos internacionales anclados al libre mercado, en cuyo escenario ha colocado en subasta bienes públicos, recursos energéticos y más. Esto produce el efecto contrario a las aspiraciones de no privatización de los recursos estratégicos e iniciativas similares, contempladas en la agenda de diez puntos que exhiben los movimientos levantados.
Se trata entonces, de anacronismos tangibles entre el modelo neoliberal y las aspiraciones populares, que han sido colocadas en la agenda por los movimientos indígenas, popular, campesino, feminista y otros.
En esa línea, un acumulado central de la movilización es la capacidad de movilización, resistencia y cohesión entorno a una agenda común. Esto anuncia un nuevo momento, que rompe con una suerte de inercia que afectaba al país. Queda sobre la mesa, un compromiso de vigilancia del cumplimiento de la Acta por la Paz para el Dialogo, pero sobre todo la posibilidad de retomar, en un futuro cercano, el horizonte del Buen Vivir y las perspectivas de una integración regional soberana, que permitirían al pueblo volver a ser sujeto de su historia.