Por Fernando Casado
Las próximas elecciones seccionales a celebrarse en Ecuador en febrero de 2023 se presentan como una oportunidad histórica para demostrar el proceso de maduración política del Movimiento
Revolución Ciudadana después de más de 5 años fuera del poder y haber sido sometido a una
violenta persecución. El correísmo ha sobrevivido traiciones, cismas, lawfare judicial, linchamiento
mediático y bloqueo político institucional, gracias a lo cual, ha tenido tiempo de llevar a cabo una
depuración interna que era necesaria, dotando a su militancia de una mayor organicidad y a sus
cuadros políticos de capacidad de acción. Como reza el adagio popular, no hay mal que por bien no
venga, y hacía mucho tiempo que la Revolución Ciudadana tenía la deuda pendiente de reciclarse y
recuperar la ilusión.
El año 2017 fue nefasto para la democracia ecuatoriana. Pese a que ganó las elecciones
presidenciales el candidato progresista de la Revolución Ciudadana, Lenín Moreno, inmediatamente
dio un giro ideológico a la derecha aplicando un programa económico de corte económico
neoliberal y persiguiendo a quienes hasta ese momento habían sido sus correligionarios de partido.
Casa adentro Moreno contó con un número importante de traidores que se aferraron al poder
aunque ello significara aplicar el programa electoral de quienes habían perdido las elecciones. Gran
cantidad de politiqueros sin escrúpulos vendían a la Revolución por la que se habían rasgado las
vestiduras hasta el día anterior y lo hacían por mantener sus cargos y negociar nuevas cuotas poder,
repartiéndose el Estado como piñata en suelo.
Pero no todos se vendieron, por eso empezó la persecución generalizada contra los correístas leales
y la clausura de todo espacio de discusión y debate democrático. Al mismo tiempo el presidente
cacareaba en cada oportunidad que se le ofrecía “este es un tiempo de libertad, de respirar libertad”,
se purgaba de periodistas díscolos a los medios de comunicación públicos, que ahora seguían las
líneas editoriales de los medios privados, y estos, a su vez, estrechaban el espectro ideológico de sus
invitados y las ideas que podían expresarse en sus escenarios. La libertad de opinión, de expresión y
sobre todo la pluralidad eran erradicados en el país.
Había que quebrar la resistencia lo antes posible y saldar cuentas con hambre atrasada de venganza
contra el correísmo que había gobernado la década anterior y logrado importantes transformaciones
en el Ecuador. La pieza principal y más incómoda era el vicepresidente Jorge Glass, el objetivo era
meterlo en la cárcel como si fuera un trofeo y como castigo ejemplarizante. Los medios de
comunicación llevaban años cocinando su presunción de culpabilidad, por lo que fue fácil construir
el caso jurídico para su destitución. A la vez en la Asamblea Nacional de los 74 curules que obtuvo
la Revolución Ciudadana, no llegaron a 30 los que se quedaron con ella. Se desencadenó una ola de
traiciones y felonías por todo el país, en cierta forma se puede decir que había empezado el proceso
de limpieza en las filas de la Revolución, aunque en aquellos momentos el desconcierto e incluso
shock para que quienes no traicionaron era absoluto.
Arreció el proceso de persecución contra otros cuadros y el lawfare se volvió cada día más agresivo.
Por supuesto contra el presidente Rafael Correa, pero también contra muchos de sus ministros que
se mantuvieron leales, como los hermanos Alvarado, Ricardo Patiño, Carlos Ochoa, Marco Antonio
Bravo… y tantos otros que acabaron, o privados de su libertad, o tuvieron que salir del país, tal y
como ocurrió durante las peores dictaduras de América Latina del siglo XX. Para que quede claro
que sufrieron persecución política las personas mencionadas y otros muchos, en todo sus procesos
judiciales, cada vez que se trataba de poner una alarma roja de interpol para capturar a estos
políticos fuera del país, la organización policial de manera sistemática rechazó las solicitudes de los
jueces y funcionarios ecuatorianos. Paralelamente se producía otro tipo de persecución más silenciosa que no atraía los focos y micrófonos de los medios de comunicación, miles de personas,
servidores públicos, acusados de ser correístas eran despedidos de forma improcedentes de sus
trabajos.
Estas acciones de lawfare fueron acompañadas de la usurpación de la personalidad jurídica de la
Revolución Ciudadana, arrebatando a sus poseedores originales el movimiento político Alianza
País, que ahora, por cierto, es simplemente un cascaron vacío. La intención era impedir que el
correísmo pudiera concurrir a lides electores como parte de la estrategia de su aniquilación, así que
los distintos ensayos que se tuvieron de conformar un nuevo partido político de la Revolución
Ciudadana fueron rechazados por una institucionalidad estatal ya copada de furibundos anticorreístas. En consecuencia, la principal fuerza política del país fue censurada y proscrita durante
varios años con total impunidad.
La última de las acciones era el desmantelamiento de la estructura del Estado configurado en la
Constitución vigente. Para ello se convocó un mañoso referéndum y consulta popular en febrero de
año 2018, tras el que se conformó por el ejecutivo con el apoyo de los partidos contrarios a la
Revolución Ciudadana un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. En la
práctica este Consejo se comporto como una asamblea constituyente plenipotenciaria, haciendo y
deshaciendo el Estado como le vino en gana. Paradigmático comportamiento de la atrocidad con la
actuaron sus consejeros fue la ratificación in extremis del contralor Pablo Celi, quien tras hacer todo
el trabajo sucio encargado, acabo en la cárcel.
En esta coyuntura se llegó a las elecciones de 2019 y pese a todas las dificultades se lograron dos de
las tres prefecturas más importantes del país, Pichincha y Manabí, algunas alcaldías y un importante
número de concejales. Se demostraba que el correísmo no estaba muerto ni de parranda.
Los poderes fácticos y las élites económicas del Ecuador, con el gobierno de Moreno como fachada
visible, siguieron aplicando un plan neoliberal de debilitamiento del Estado que tuvo su clímax en
octubre de 2019 a través del decreto que liberalizaba el precio de los combustibles. El Pueblo se
levantó en protesta por la imposición de una medida que constituía más hambre y misera para los ya
6.5 millones de pobres ecuatorianos. La respuesta del gobierno fue la defensa de su decreto a sangre
y fuego, con la represión más brutal desde la restitución del sistema de gobierno democrático en el
Ecuador a finales de los años 70. De hecho, la desproporción en la actuación de las fuerzas de
seguridad del Estado sería calificada por la Comisión de la Verdad que la Defensoría del Pueblo
conformó pasados los traumáticos hechos como delitos de lesa humanidad. Pero en vez de buscar a
los culpables de la violación de derechos humanos, el gobierno aprovechó la situación para
incrementar la persecución contra los correístas, arrestando a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón
y los cuadros de la Revolución Ciudadana Virgilio Hernández y Christian González, entre otros.
Esto provocó una ola de refugiados políticos en las embajadas de México y Argentina. En estas
estábamos cuando llegó la pandemia, lo que dio carta blanca al gobierno para imponer planes de
shock económico que siguieran beneficiando a las élites, especialmente al sector bancario, y
perjudicar a las grandes mayorías, pese a la situación de crisis generalizada.
Así se llegó a las elecciones presidenciales del año 2021, un momento muy esperanzador aunque no
se pudo tomar el poder, pues las condiciones adversas estaban todavía muy frescas. Entre las
posibles interpretaciones que jugaron en contra de las fuerzas revolucionarias se puede mencionar el
bloqueo político, siguió impidiéndose al correísmo presentarse a las elecciones con una tolda
política propia, y, además, porque ciertos estereotipos y prejuicios contrarios al correísmo pudieron
instalarse en una parte importante del electorado. No obstante, aunque finalmente no se pudo ganar
la Presidencia quedaron muchas lecturas positivas. En primer lugar, la capacidad del correísmo para
enfrentar dificultades y plasticidad para adaptarse a las nuevas circunstancias políticas. De hecho,
el correísmo se abrió a otras corrientes progresistas para enriquecerse y reforzarse, expuesto
claramente en el ejemplo del candidato a vicepresidente Carlos Rabascall. Adicionalmente, un
candidato presidencial que podría calificarse como bisoño por la falta de experiencia electoral
previa, se desempeñó como un veterano. En segundo lugar los asambleístas electos, pese a ser
oposición y tener en un inicio hostilidades abiertas en todos los frentes por parte del resto de
partidos políticos con representación, aguantaron sin flaquear y poco a poco se han hecho respetar.
Apenas ha habido deserciones o tránsfugas entre los asambleístas revolucionarios y han utilizado su
capacidad de negociación para generar una mayoría progresista en la Asamblea que está plantando
cara al neoliberalismo y a los continuos intentos de desmantelamiento institucional en el Estado.
Pese a que está resultando muy compleja la recuperación del espacio perdido, sobre todo porque la
democracia ha sido bastante dañada y la Revolución Ciudadana juega siempre con la cancha
inclinada en su contra, el desprestigio por la falta de capacidad e ineptitud del gobierno de
Guillermo Lasso, está contribuyendo a la reconstrucción de la Revolución Ciudadana a gran
velocidad. Parece que la travesía del desierto ha tocado a su fin.
Conforme pasa el tiempo, empiezan a salir a la luz todo tipo de escándalos que están revelando
como se articuló toda una estrategia de lawfare entre medios de comunicación, sistema judicial y
poder político para eliminar a los opositores correístas. La incapacidad en el manejo de la
inseguridad, el incumplimiento generalizado de las promesas electorales e incompetencia de los
cargos al frente de responsabilidades públicas, le está pasando factura al gobierno. Encima, los
casos de corrupción en las filas oficialistas ha derrumbado la imagen de transparencia que tanto se
esforzaron por construir. Finalmente, la cantinela de la corrupción del correísmo ya no cala, porque
hasta el más furibundo anticorreísta por muy disociado de la realidad que esté, es consciente que
con Correa estábamos mejor de largo. Y no vengan a hablar de los precios del petróleo que ahora
está por las nubes.
La preparación de las elecciones seccionales del año 2023 está demostrando que hay menos
farándula y más política en la Revolución Ciudadana una vez depurada de oportunistas.
En estos años pese a los ataques permaneció la militancia revolucionaria que cada vez ha ido
tomando más espacios a lo interno. Muchos cuadros formados en los años de la persecución ahora
pasan a la primera fila del frente electoral y serán candidatos. El movimiento de Revolución
Ciudadana dejó la política de la alianzas locales, rémora de la vieja política que diluía mucho su
identidad. Queda mucho por hacer pero se avanza en la dirección correcta.
Probablemente lo más importante es que ha habido un cambio en la coyuntura y circunstancias. La
Revolución sabe que ha vuelto su momento y ya no se trata de sobrevivir y defenderse, ahora toca
salir de las trincheras e iniciar la ofensiva para recuperar el Estado y evitar que el expolio de la
Patria continúe. En el contexto regional también los vientos son favorables con una nueva ola de
gobiernos progresistas donde Ecuador no va a ser una excepción. Por eso las próximas elecciones
son la prueba de fuego para demostrar la mayor organicidad y capacidad de acción de la Revolución
Ciudadana desde que Rafael Correa dejara la Presidencia .