Orlando Pérez
Hoy, la Ley Orgánica de Comunicación (LOC), en la práctica, no existe ni se aplica. Como por arte de magia dejó a la buena de Dios que algunos medios mientan, injurien, falseen, no incluyan a la parte aludida, mucho menos garanticen los derechos a la réplica, aclaración o rectificación. Un canal -no importa si es público, privado o incautado- puede hacer un “reportaje” de un caso judicial, poner a la supuesta víctima como el protagonista y sin contrastar llegar a la conclusión de lo que días después tendrá en sus manos una jueza o un tribunal. Parecería normal.
Y si una de las partes pide derecho a la réplica ni siquiera le responden la misiva.
Por si fuese poco, sin LOC no hay Concurso de frecuencias y por tanto la redistribución y la equidad entre comunitarios, públicos y privados desapareció. Apelarán a muchas razones para ello, pero ni con eso les alcanza para justificar que no se haga el Concurso de frecuencias, que es un mandato constitucional. Por supuesto, los tenedores (forever) de esas frecuencias se frotan las manos y hacen cuentas.
Gracias a la estigmatización y linchamiento mediático contra la Supercom ahora, incluso, devolverán las multas a los medios que violaron derechos, que más allá del jaleo político, ofendieron a minorías étnicas, sexuales o abusaron de su poder para violentar la imagen y el cuerpo de las mujeres. ¿Si los medios se equivocan no son o pueden ser objeto de fiscalización pública? ¿En adelante serán inmunes e impunes a la ley y por tanto podrán decir lo que sea en nombre de la libertad de expresión? Parece que sí.
Todos sabemos que la LOC nació y fue realidad gracias a una disputa política de fondo: ninguna ley había tenido hasta entonces un debate tan intenso y tan cargado de prejuicios (muchas veces también del entonces oficialismo). A la vez que se discutían los códigos orgánicos de Comercio, de Finanzas, de Salud, de Seguridad y otros más, el de Comunicación ocupó tanto tiempo y espacio como si en él se decidiera la suerte de los pobres o de los ricos, de la democracia formal o de la institucionalidad de las iglesias.
Incluso, gracias a ese debate seguramente se evitaron algunas sugerencias de ciertos asambleístas gobiernistas de ese tiempo. Y también gracias al debate se avanzó mucho pero también es cierto que faltó más. Por ejemplo: la administración y la regulación de los medios públicos. Jamás estuve de acuerdo que sea bajo control gubernamental exclusivo, pero ahora lo son y no pasa nada. Ahora son evidentemente oficialistas, porque responden a una sola visión política y por más esfuerzos que hagan no se nota siquiera la independencia y el pluralismo del que presumen. Si hubiese pluralismo, al menos un editorialista o entrevistador “correísta” debería figurar en la plantilla editorial. O al menos tendrían a la contraparte en sus “reportajes”.
Hoy es el momento de un verdadero debate sobre lo que deben ser las reformas a la LOC (no su derogación disfrazada), superando los déficits dejados por el gobierno anterior, sin eliminar los derechos conquistados, mejorando la regulación sin afectar libertades, pues es obvio que hoy existen otros factores en juego en la información y la comunicación: internet es sobre todo ahora el espacio y el negocio de la comunicación y ahí no hay una sola línea en la actual LOC ni en las propuestas que han hecho algunos legisladores de derecha y del actual gobierno. Y si eso no se tiene en cuenta entonces en adelante quien ordene y mande el campo de la comunicación será el poder fáctico del aparato mediático conservador que fue y será el mayor adversario de toda regulación.