Por Virgilio Hernández Enríquez & Fernando Buendía G.
- El mismo Lasso de siempre
A partir de la promulgación del decreto ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, el 17 de mayo pasado, para disolver la Asamblea Nacional y activar la convocatoria, en el plazo de 90 días, a elecciones generales anticipadas (Muerte Cruzada), para escapar por la puerta trasera del juicio político en su contra, por su responsabilidad política en delitos contra la administración pública; se inició un período excepcionalísimo y no suficientemente reglado de transición, en el que se han agravado las críticas condiciones de inseguridad e inestabilidad general que venía afrontando el país, producto de la ausencia de gestión gubernamental desde hace más de seis años.
La obstinación del presidente Lasso de persistir durante la transición, en forma oportunista y sin control legislativo, en su cuestionada agenda de achicamiento, desregulación y privatizaciones del Estado y de continuar con la enconada persecución a sus adversarios, le ha llevado por el barranco del descrédito y arrastra al país a una profundización de la crisis, que, en dos años de gestión, su gobierno no ha podido resolver. Lejos de reconocer que, una vez promulgada la “Muerte Cruzada”, su única misión es la de sostener el funcionamiento estatal hasta su reemplazo, su ímpetu por “dejar amarradas las balsas” de sus intereses y una pequeña élite codiciosa, maltrata gravemente los asuntos públicos, lo cual agudiza el estancamiento económico, el desempleo, la pobreza, la inseguridad y la violencia.
Cabe resaltar que la Corte Constitucional perdió una oportunidad clave para reglar el proceso que fue diseñado por la Constitución del 2008, conocido como “Muerte Cruzada” o elecciones anticipadas, al negarse, por ejemplo, a considerar si era posible o no que el Presidente de la República, pueda emitir un decreto de Muerte Cruzada, mientras se desarrollaba el juicio político; con esta negativa, la Corte Constitucional permitió que el presidente no responda por las acusaciones que existían en su contra; de la misma forma, la Corte descartó, sin ningún tipo de análisis sobre el cumplimiento de las causales para la aplicación del artículo 148 de la Constitución, las demandas de inconstitucionalidad contra el decreto 741; así como tampoco, sobre las reglas de lo que estaría facultado para realizar el Presidente durante el período de transición producido por la “muerte cruzada”.
- Codiciosos pero inútiles
Sin la justificación de que la Asamblea Nacional obstruye la gestión gubernamental, el presidente Lasso encara los mismos iniciales problemas de ineptitud, incapacidad política y de fundamentalismo ideológico neoliberal, para resolver las dramáticas falencias en los servicios de salud, educación, vialidad, gestión de riesgos, protección a la población vulnerable, y principalmente de seguridad y abandono del sistema penitenciario; acumulados durante seis años de acelerada desinversión y reducción del gasto público y que ha llevado al desmantelamiento estructural de las capacidades estatales.
En el transcurso de los dos primeros meses de la transición, el presidente Lasso ha enviado a la Corte Constitucional, cuatro proyectos de decreto Ley con carácter económico, sin capacidad para justificar la urgencia, por lo que, tres de los cuatro han sido negados por la Corte Constitucional, con lo que se pone en evidencia la improvisación, ineptitud y falta de un proyecto gubernamental o más bien lo transparenta porque demuestra la codicia del pequeño círculo que gobierna con el Presidente Lasso, por ejemplo, pretendió a través del proyecto de decreto de las zonas francas, que las empresas e instituciones del sistema financiero puedan ser consideradas bajo el régimen de zonas francas, en sus propias instalaciones, que dejen de pagar impuestos por diez o quince años y que estos beneficios se mantengan, incluso si el decreto ley fuese derogado por la próxima Asamblea Nacional, lo que es abiertamente inconstitucional; de igual forma, en el proyecto de decreto ley para la reestructuración o liquidación de empresas, se pretendía obligar a los trabajadores a ser parte del concurso de acreedores y si estos rompían o estaban en desacuerdo perdían su condición de acreedores preferentes; lo mismo sucedía con las instituciones del Estado, como Servicio de Rentas Internas o el Instituto de Seguridad Social, mientras se buscaba favorecer a los accionistas y los intereses de la banca privada[1].
El escenario del estancamiento económico crónico que el país arrastra desde la pandemia covid-19, que durante dos años de gestión no ha sido remediado por el gobierno del presidente Lasso, tampoco está entre las prioridades presidenciales de la transición, y, ante la ausencia de políticas consistentes de reactivación y de oportunidades de empleo, continúan imparables el éxodo migratorio y el crecimiento de la delincuencia social, que en todas las encuestas publicadas en estos meses, sigue siendo el problema más grave de la ciudadanía.
Pese a la operación deliberada de ocultamiento de la grave situación del país, que realizan los grandes medios de comunicación y corporaciones mediáticas, en su pretensión de hacer “control de daños” de la deteriorada imagen gubernamental, las denuncias sociales y ciudadanas, sobre hechos cotidianos, persistentes y generalizados, de violación de los derechos ciudadanos, producto de la ausencia estatal, se cuelan por las redes sociales y los medios comunitarios, rebasando los intentos mediáticos de encubrir la realidad; lo cual mantiene un clima de rechazo gubernamental así como de desesperanza, crispación y de polarización social y política.
- Partidos y movimientos arrendados o candidatos alquilados
La campaña, electoral para disputar la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional, convocada por el Consejo Nacional Electoral, para el 20 de agosto, tomó totalmente desarmados a partidos y movimientos políticos, con la excepción de la Revolución Ciudadana, obligados a prestarse como vehículos electorales de ocasión y a decidir por candidatos totalmente ajenos; así de los ocho binomios que finalmente se inscribieron, solo el de Luisa González y Andrés Arauz pertenecen a las filas del Movimiento de la Revolución Ciudadana, el resto tuvieron que recurrir a “alquilar candidatos”, lo que desde el punto de vista de la “accountability” democrática es una irresponsabilidad proponer representantes por los cuales no pueden responsabilizarse.
De las ocho candidaturas, tres de ellas vinculadas a los gobiernos de Lasso y Moreno (y de los grupos económicos y políticos que estuvieron detrás), quienes se disputan la representación como antagonistas del expresidente Correa (Sonenholzner, Villavicencio y Topic), sin dejar de mencionar, el apoyo que dieron, en su momento, al presidente saliente, Guillermo Lasso, tanto Yaku Pérez como Xavier Hervas para evitar el “regreso del correísmo”
Frente a siete candidaturas de hombres, el movimiento Revolución Ciudadana inscribió a Luisa González a la presidencia y al excandidato presidencial Andrés Arauz a la vicepresidencia, quienes propugnan por el retorno de las políticas de desarrollo implementadas durante la década de gobierno de Rafael Correa, convirtiéndose en las figuras con mayor protagonismo en esta campaña electoral y que según señalan los estudios de opinión, pueden obtener un triunfo electoral en primera vuelta.
Las dos candidaturas restantes (Noboa y Armijos), buscan colocarse como una tercera vía, pero dada la polarización existente entre las otras candidaturas, su participación se ha quedado rezagada y con menor visibilidad.
Todas las encuestas difundidas, aún aquellas que pueden estar parcializadas a favor de algún otro candidato, coinciden en que Luisa González es quien lidera la intención de voto, con ventaja de dos y hasta tres a uno respecto del candidato que le sigue en las preferencias electorales. Las discrepancias que tienen las cifras de estas encuestadoras entre si, además del candidato que está en segunda posición -disputado entre Yaku Pérez, Otto Sonenholzner o Jean Topic- es la de si el binomio de RC podría alcanzar el 40% de los votos válidos en primera vuelta, para asumir directamente la presidencia, sin segunda vuelta.
- Violencia política y criminal
La tendencia que se dibuja en las encuestas, a dos semanas del día del sufragio, es favorable a Luisa González, lo que activó las alarmas de los sectores adversos al progresismo, quienes, con el temor de perder el poder conquistado durante seis años, han emprendido una campaña furibunda de ataques misóginos y machistas, buscando detener el crecimiento de la candidatura progresista y una victoria en primera vuelta, para reeditar lo ocurrido en la elección pasada.
La operación montada por las élites económicas, el gobierno y los grandes medios corporativos para denigrar, desacreditar y calumniar al binomio progresista, inició con una serie de agresiones misóginas contra la candidata Luisa González y al mismo tiempo, con la reedición mediática de acusaciones falsas sobre el tercer informe del caso Gabela, supuestos vínculos de financiamiento ilegal o con el caso que envuelve al hijo del presidente Petro, en Colombia. Es así que, desde el “twitter” del expresidente Rafael Correa ha denunciado sobre una disposición gubernamental “para que la Unidad Nacional de Inteligencia Estratégica y Operacional de la DGI, dirigida por el capitán Diego Sebastián Maldonado y el teniente Jonathan Adrián Ortiz, creen un troll center destinado a “subir el perfil de Otto y atacar a Luisa González con videos para desprestigiarle”.
Las amenazas contra los periodistas Andersson Boscán y Mónica Velásquez del medio digital La Posta; el asesinato de políticos, candidatos y del ex alcalde de Manta, así como, las amenazas contra otros candidatas y candidatos de diversas fuerzas políticas, en especial de la RC, que han sido condenadas, inclusive por la conservadora Sociedad Interamericana de Prensa SIP, evidencian que el clima electoral ha escalado hasta el extremo, obligando a los candidatos a tomar mayores precauciones en actividades de exposición directa a la ciudadanía, en particular para el binomio González-Arauz, por su condición de punteros y porque, además, el contacto ciudadano es el método principal de la estrategia electoral de la Revolución Ciudadana. Así mismo, junto con la campaña de persecución mediática en curso, el activista de derechos humanos Alexis Ponce, ha denunciado a través de las redes sociales que, las acciones podrían escalar hasta intentos de desconocimiento de resultados e inclusive atentados violentos contra los candidatos de la RC.
La orquestación de una campaña de difamación desde las esferas gubernamentales, se evidencia en las declaraciones públicas del Gobernador de Manabí, que acusó sin ningún fundamento al “correísmo” del asesinato del alcalde de Manta Agustín Intriago, para buscar afectar electoralmente el mayoritario apoyo de esta provincia a la candidatura de Luisa González. Igualmente, desde grupos que se esconden bajo el ropaje de sociedad civil, se han lanzado llamamientos a la unificación de los demás candidatos contra el binomio de la RC, y a promover la anulación del voto, para deslegitimar los resultados electorales.
- El recrudecimiento de la violencia criminal:
A menos de dos semanas de las elecciones generales anticipadas y en medio de nuevos estados de excepción declarados por el presidente Lasso (que suman a los 15 anteriores decretados durante los dos años de su gobierno), el país enfrenta una nueva ola de violencia -que incrementa la tasa de homicidios violentos, pudiendo llegar a fin de año a 40 muertes por cada 100 mil habitantes- tasa sin precedentes en la historia del país. Los hechos que han conmovido a los ecuatorianos en estos días, entre otros, son el asesinato del alcalde de Manta, y días antes, de un candidato en Esmeraldas, el enfrentamiento con armas de guerra en la cárcel de Guayaquil, con un saldo “oficial” de 31 personas asesinadas, la extensión de la violencia de las penitenciarías a las ciudades con varios atentados terroristas en Esmeraldas y Guayaquil, que incluyeron incendios de unidades de transporte – con pasajeros adentro en el caso de Guayaquil-, la denuncia, ligada a inteligencia extranjera, sobre la presencia de un grupo de aniquilamiento de la mafia albanesa, con una lista de personas a ser asesinadas, entre ellas el periodista Boscán, que debió abandonar el país, y de los asambleístas que denunciaron la infiltración de grupos criminales en el gobierno.
El estallido de violencia criminal que coincide con el proceso electoral, mantiene al problema de la inseguridad en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas y crea un estado de vulnerabilidad emocional en los ecuatorianos, que pretende ser utilizado con fines de manipulación de la opinión ciudadana a favor de los candidatos oficialistas, en particular de Jean Topic, en un esfuerzo desesperado de los grupos de poder para intentar evitar el triunfo de Luisa González y la Revolución Ciudadana en primera vuelta electoral.
- Posibilidad de retorno por la puerta principal de la Revolución Ciudadana
Si las actuales tendencias se mantienen, el binomio de la Revolución Ciudadana podría obtener un triunfo en primera vuelta y regresar luego de seis años de hostigamiento y persecución por la puerta principal a Carondelet; si esto sucediera, deberían posesionarse, como dice el Código de la Democracia (Art. 91) y la Ley Orgánica de la Función Legislativa (Art.32) máximo 15 días después de la proclamación de los resultados electorales; sin embargo, esto debería ser reglamentado por el Consejo Nacional Electoral o consultado a la Corte Constitucional, puesto que, de acuerdo al calendario electoral del propio CNE, los resultados del binomio presidencial podrían ser proclamados en la tercera semana de septiembre, mientras que los de los asambleístas deberían esperar, al menos un mes más, hasta agotar todos los recursos electorales que pudiesen presentarse, con lo que la fecha de posesión se retrasaría hasta el mes de noviembre, sin considerar que la situación del país, agravada por la delincuencia y la amenaza del fenómeno del Niño requieren, de darse un triunfo en primera vuelta, que inmediatamente se produzca el recambio de un gobierno incapaz, corrupto y codicioso, despreciado en todo el país, como lo es el del presidente Guillermo Lasso, por el nuevo gobierno electo en las urnas, con legitimidad y sobre todo que recupere la autoridad para enfrentar los grandes y graves problemas que hoy tiene el Ecuador.
[1] Se ha aceptado una Reforma Tributaria para atenuar en 200 millones el excesivo incremento de 800 millones de impuestos sobre los sectores de ingresos medios y altos -producto de una anterior reforma promulgada arbitrariamente por el propio gobierno (diciembre de 2021)-, y se ha negado tres proyectos decreto ley, uno para cambiar el régimen de zonas francas, otro proyecto de decreto Ley para facilitar la reestructuración de deudas educativas y también un proyecto de decreto para facilitar la liquidación o reestructuración de empresas en situación de quiebra.