Por Luis Varese
Durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, bajo la dirección del Presidente Rafael Correa, la tasa de homicidios sobre cada 100 mil habitantes bajó de un 63% (ver reciente informe del BID). Esto ocurrió y de 24 asesinatos, se bajó a 5.6 asesinatos. Un índice altísimo de descenso a nivel mundial. Cuba, Nicaragua, Chile y Uruguay andaban por esos índices. A los dos primeros nunca los mencionan, ni siquiera la UNODG, simplemente por razones ideológicas.
El concepto de seguridad ciudadana se diferencia sustantivamente del de Seguridad del Estado. El primero se refiere a la seguridad para los habitantes de la Nación como un conjunto. Sin privilegios ni discriminación, la seguridad ciudadana es compartida entre la población y sus diversas culturas y la Policía Nacional. La población, en todo aquello que es previsión (diagnóstico) y prevención. La Policía Nacional, trabaja junto con la población y genera la respuesta necesaria para derrotar los delitos e infracciones.
El otro enfoque, el de la seguridad del Estado, privilegia a un sector de la población, a una clase social, a los “dueños” del Estado, es militarizado y básicamente represivo. Desde este punto de vista el ciudadano es un potencial enemigo porque exige un Estado que lo beneficie. Esto se refleja en toda la construcción de una policía y fuerzas armadas equipadas para responder contra la población. Esta práctica desconectada de la ciudadanía y militarizada ha resultado un fracaso, tal como se demuestra en varios o casi todos nuestros países.
Para lograr el éxito arriba mencionado, se requiere un Estado fuerte y propositivo en relación a la redistribución y acceso a servicios y bienes. Salud, educación, crédito para pequeños y medianos emprendedores, fuentes de empleo. Es decir, un proyecto nacional que entienda que la Patria es el conjunto de sus habitantes y no solamente los límites fronterizos. Patria y Soberanía son dos conceptos profundamente ligados a la seguridad ciudadana.
El Ministerio del Interior, trabajó en tres grandes esferas de acción.
- La esfera del Marco teórico: la investigación científica y social, sobre las necesidades, las realidades y socializando las respuestas. Se construyó una teoría basada en la Constitución de Montecristi (2008) donde la Seguridad Ciudadana es un derecho Constitucional. Se enmarcó este concepto en el plan del Buen Vivir o Sumac Kawsay.
Se construyó un Plan Estratégico, con su marco Jurídico, con transversalidad de género y etárea.
En este mismo plano se incorporó plenamente al marco jurídico todo el plan estratégico con la direccionalidad de responder a las diversas áreas de acción del delito. “Se revisaron las competencias y atribuciones institucionales en lo concerniente a las temáticas de Seguridad Ciudadana, Seguridad Interna, Drogas Ilícitas, Migración, Orden Público, Violencia de Género e Intrafamiliar; Trata de Personas y Tráfico de Migrantes; y cuyos resultados constituyeron parte sustancial para la formulación de las líneas estratégicas (Coordinación Interinstitucional, Rectoría de la Política Pública en Protección Interna, Mantenimiento y Control del Orden Público , Fortalecimiento Institucional; y, Transparencia y Rendición de Cuentas) que permitirán canalizar las respuesta institucional a la demanda de servicios por parte de las diferentes instancias del Estado, del Ministerio y sus dependencias, así como desde la ciudadanía.” (PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 2013-2017 E INSTITUCIONALIDAD MINISTERIO DEL INTERIOR. Julio 2013)
En este Plan, se le asignó la responsabilidad al Ministerio del Interior, bajo la dirección de un Ministro Civil (José Serrano Salgado) desde el inicio, y su equipo de directores y asesores igualmente civiles, creando un área de planificación estratégica.
Se mantuvo el mando unificado y la responsabilidad única de las acciones punitivas responsabilidad del Estado, a la Policía Nacional.
- La esfera de la Reforma Policial
Un cambio radical, empezando por la descentralización de las fuerzas policiales, seguido de la nueva gestión doctrinal de la Policía Nacional, haciendo que sus miembros abandonen los cuarteles para que se integren a la sociedad. Es decir, crear una Policía civil y comunitaria, apegada a la realidad de su ciudad, pueblo, cantón, barrio.
Sin embargo, para reforzar esta doctrina policial fue necesaria la capacitación y formación del talento humano que forma parte de las fuerzas del orden y control público. Capacitación que requirió de peritos en el tema no solo legal, sino investigativo, respaldados en conocimientos técnicos, de inteligencia y valores humanos. Por ello, se decidió firmar un convenio para la creación de la Licenciatura en Ciencias Policiales y Seguridad Ciudadana, con la Universidad Central del Ecuador.
Se aumentaron sustantivamente los salarios de la PN, asegurando una vida digna. Se dio gratuidad a la enseñanza de la carrera y acceso a vivienda. Todo el equipamiento se renovó y entregó de manera gratuita (antes y ahora los policías pagan por sus balas para el entrenamiento, por ejemplo) (En 2008 un policía ganaba 389 dólares, en 2016 se actualizó a 1094 dólares, más beneficios sociales).
Se desarrolló un alto sistema tecnológico satelital propio, (Sistema David) para la previsión y seguimiento del delito, así como para, el seguimiento de los recursos materiales (vehículos y otros) sobre el buen uso de los mismo, vía chips instalados.
Se tecnificó y centralizó la Inteligencia preventiva y operativa. Se incorporó la “prueba de confianza” test de polígrafo, como requisito, para el ingreso y promociones.
Se realizó una depuración de elementos corruptos, llegando a dar de baja a 900 oficiales, sub oficiales y policías. Un elemento clave fue la evaluación de los “signos exteriores de riqueza”.
Se incorporaron pueblos y nacionalidades a las escuelas superiores y de policías. Una medida importante fue disminuir el requisito de estatura para el ingreso, aunque parezca de menor relevancia.
Se incorporó a un 30% de mujeres al servicio activo y se entregó la administración de la PN a civiles. “No más policías en los escritorios.”
- La Esfera de la participación ciudadana
Esta es el área determinante en el cambio y los resultados. Algunas medidas fundamentales, fueron las siguientes:
Se crearon 1 millón de módulos para reportar directamente a la Policía en las comunidades, barrio, manzana.
Se construyeron 800 Unidades de Policía Comunitaria, las UPC. Cada “comisaría” de este tipo tenía una sala de reuniones para representantes de la comunidad.
Se crearon las Asambleas Comunitarias de Seguridad Ciudadana donde, una vez cada 2 meses máximo, los policías de la comunidad se reunían con la población para analizar los temas de seguridad ciudadana. Esto incluía, salud, educación, áreas públicas, relación con la municipalidad e información preventiva sobre microtráfico, delitos menores, robos, y presencia de elementos violentos en el área de violencia de género. A estas Asambleas asistían muchas veces el Ministro, vice Ministro, directores, asesores a nivel nacional. Se contrataron 50 promotores de participación ciudadana a nivel nacional, entre ellos varios ex “pandilleros” que asumieron papeles organizativos muy importantes. Las Asambleas Comunitarias llegaron a tener 130 mil representantes acreditados a nivel nacional, convirtiéndose en una especie de veeduría ciudadana sobre el accionar de la Policía Nacional. Un ejercicio democrático de base para la veeduría de políticas públicas.
- Se creó y publicó la Guía de Seguridad, Solidaridad Ciudadana, un instrumento surgido de la población, que en forma de historieta, sirvió de manera fundamental para la organización de las Asambleas. (ver www.luisvarese.com Seguridad Ciudadana)
Se recuperaron 1350 espacios públicos, con participación juvenil y ciudadana en general y con la acción directa de los municipios para la iluminación y creación de áreas de recreo. Concursos nacionales en internacionales de grafitis, batallas de break dance, campeonatos de fútbol de la calle (Sácale la tarjeta roja a la violencia, Padre Maeso y “Nación de Paz”, Esmeraldas) fueron elementos determinantes para la movilización ciudadana alrededor de la seguridad, solidaridad ciudadana. (En el Perú hay una experiencia valiosa en El Agustino, con el Sacerdote Jesuita José Ignacio Mantecón, el Chiqui)
Legalización de las pandillas juveniles y su incorporación a áreas de estudio y productivas, en un proyecto directamente dirigido por el Ministro del Interior y el Presidente de la República.
Esto requiere de la comprensión de que las organizaciones juveniles, llamadas pandillas o bandas, son estructuras urbanas que no nacen “para delinquir”, sino básicamente “tribus urbanas”. Entender que son en parte, resultado de la marginación, exclusión, diferentes ritmos de desarrollo cultural, lentitud de respuesta ante las propuestas de sociedades materialmente más desarrolladas que proponen patrones de consumo inalcanzables para los países explotados o proveedores de materias primas, incluyendo la mano de obra. Debilidades de la propia sociedad conservadora en el ejercicio del poder. Todo ello exige organización para poder “incorporarse” o “ defenderse”
El primer punto de encuentro o desencuentro con el Estado es la Policía. Es fundamental desarrollar protocolos de comprensión con esta estructura, reformándola por un lado y abriéndole la perspectiva de comprensión hacia el fenómeno de la respuesta juvenil organizada. Es básico que se reúnan masivamente la policía y las pandillas para que se conozcan y elaboren de manera conjunta los protocolos.
La participación ciudadana a través de asambleas donde los jóvenes y sus propuestas se sientan y estén incluidos desde el acceso a cargos de dirección hasta la incorporación de expresiones organizativas y artísticas. Reconocer a la organización juvenil como parte de la sociedad civil organizada e incorporar sus propuestas u orientarlas hacia los intereses del bien común y sus propios intereses etarios.
Entender que la ocupación territorial es parte de este conjunto de intereses y que la disputa por este espacio físico debe ser en beneficio del conjunto y no solamente de un sector de la sociedad.
La ocupación del espacio público, el tiempo, libre, la disputa con el crimen organizado (microtráfico por ejemplo) en la ocupación de este espacio debe entenderse como una lucha civil y social y no solamente como policial-represiva.
La Comunicación estratégica entendida como parte de la participación ciudadana
El objetivo es ser parte de la conversación Existe muy poco margen de error en la comunicación estratégica de seguridad ciudadana. Se asume esta política pública como un escenario permanente de crisis, por la ausencia de un modelo de gestión conectado con la ciudadanía, y lento en la transmisión de mensajes así como en la narrativa de la gestión de seguridad. El modelo de comunicación estratégica para la seguridad ciudadana debe estar anclado a la evolución del consumo de masas de la información y la capacidad e comunicar sin aburrir al público objetivo, la sociedad civil.
No se trata de implementar guiones de show mediático o realitys, sino de convencer y persuadir con herramientas sencillas, pero didácticas e inmediatas a través de todas las plataformas, sin subestimar los medios tradicionales como la radio, la tv y la prensa cotidiana de la ciudadanía, por la gestión efectiva de las instituciones encargadas de la seguridad
Es fundamental entender la necesidad de combinar organización popular, generación de ingresos y los instrumentos propios de la prevención (inteligencia) y sanción del delito, los países que han levantado banderas de inclusión social, de redistribución de la riqueza, de ejercicio democrático auténtico, de soberanía, son los primeros destinados a conquistar la seguridad ciudadana elevando la calidad de la participación democrática a nivel de creación y supervisión de aplicación de las políticas públicas.
En 2016 se llegó a 5.6 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy en octubre del 2023, estamos en 45 homicidios por cada 100 mil habitantes. La lumpenoligarquía ha incorporado al crimen organizado como un elemento político, no solo de financiamiento para sus campañas y otros planes políticos, sino como un paramilitarismo disfrazado, que justifique la respuesta militar policial a lo Bukele como paso inicial a las dictaduras fascistas.
Solamente el control social podrá combatir estas formas. La expropiación de recursos de los tráficos, la repatriación de las fortunas que evaden impuestos en los paraísos fiscales, son formas de restablecer los derechos de los pueblos y de recuperación de la Soberanía.
Cada realidad es el espacio de creación, no son recetas. Son experiencias exitosas. Nada es irreversible. Ni lo bueno logrado, ni lo malo que pretende derrotarlo.