Por Romel Jurado Vargas
La información es considerada el recurso más valioso para generar riqueza, poder y control social en el mundo contemporáneo. En efecto, sí se logra instalar determinadas ideas en la vida cotidiana de la mayoría de las personas, estas responden masivamente con las conductas, posiciones y actitudes que les resultan útiles y convenientes a quienes producen el relato informativo, publicitario, comercial o político. Así, quien controla el relato, controla a las personas y puede dirigir sus recursos y voluntades en su propio beneficio.
No importa mucho si las ideas que se busca instalar, con un determinado relato, sean realmente ciertas, consistentes o útiles para los ciudadanos. Lo que importa es seducir a las audiencias, activando para lograrlo, los resortes emocionales o aspiracionales que mueven a las masas a aceptar el relato, su contenido y los intereses que promueven esas narrativas. Desde esa perspectiva, el miedo, el odio y la esperanza son los activadores psicosociales que adquieren mayor peso en toda narrativa periodística en comparación con los argumentos racionales que se pueden integrar en cada relato.
Con ese antecedente, me permito poner a su consideración la hipótesis de que existen tres grandes relatos mediáticos o periodísticos en Ecuador que se disputan la aceptación de las audiencias: el relato oficialista, el otro relato y el relato de la criminalidad difusa.
El relato oficialista
Es el relato producido y presentado por quienes ejercen el poder de gobernar al país y los grupos de poder económico y político que los apoyan. Este relato es, generalmente, difundido por los grandes medios de comunicación de alcance nacional que son beneficiarios de la publicidad estatal; por los medios que han sido beneficiarios de la asignación de frecuencias para operar estaciones de radio y televisión; y por los medios cuyos propietarios tienen vínculos societarios, económicos o familiares con los grupos de poder cercanos a los gobernantes.
El relato oficialista tiene tres finalidades, la primera es promover toda actuación del presidente, de los ministros de Estado y de cualquier otro alto funcionario que pueda considerarse beneficiosa para la ciudadanía, lo cual es legítimo si los actos de gobierno efectivamente favorecen el ejercicio de los derechos establecidos en la Constitución y si las actuaciones gubernamentales se expresan en la implementación de políticas públicas financiadas y sostenidas que concreten el ejercicio de tales derechos.
El problema con este relato pro gobierno es que se incluyen asuntos que no tienen un impacto relevante o sostenido en la calidad de vida de los ciudadanos o incluso asuntos que carecen de efectos para resolver los problemas del país, algunos ejemplos al canto: que viene Starbucks a vender café en Ecuador; que la esposa del presidente entrega medicina a nombre del Estado a una niña con una enfermedad genética; o entrega, junto a funcionarios del Ministerio de Salud, unas pocas sillas de ruedas en bastión popular; que el presidente usa unas botas carísimas para ir a la Asamblea a presentar el Informe a la Nación; que el tercer hijo del presidente fue llamado Furio en honor del padre de su esposa, etc., etc.
Estos distractores y las emociones que movilizan, nada tienen que ver con la gestión de los gobernantes ni los derechos de los ciudadanos, pero se incluyen en el relato pro gobierno porque generan percepciones positivas entre los ciudadanos, mientras que los asuntos realmente importantes no son discutidos públicamente ni se exige que se tomen decisiones y se asigne recursos para atenderlos.
La segunda finalidad del relato oficialista o pro gobierno, es lavarle la cara y las manos a los gobernantes, es decir, limpiar las suciedades que su actuación produce, como cuando se dulcifican o “explican” la razones para invadir con uso de armas y violencia a la embajada de México; negarse a contrastar o poner en duda que el presidente haya salido o pedido que le lleven de farra en Madrid; naturalizar o justificar la ignorancia de la ministra de ambiente sobre los asuntos de su cartera de Estado; no hablar sobre los noventa millones que le debe el grupo familiar del presidente al SRI; naturalizar o justificar el maltrato y la persecución a su vicepresidenta y a su exesposa; ignorar e incluso ocultar las denuncias de corrupción que se han presentado sobre negocios inmobiliarios de la esposa del presidente o en la obtención de concesiones mineras por parte de familiares del gobernante, denunciadas por Leonidas Iza; ocultar los nombres de las empresas exportadoras de comodities en que llega la droga a Europa así como los nombres de sus dueños, etc., etc.
Finalmente, el relato oficialista tiene la intención de culpabilizar de todos los problemas del país a quienes considera enemigos o adversarios políticos, sociales, económicos e incluso personales de los gobernantes. Esta función del relato oficialista se expresa en promover acusaciones, a veces fundadas y muchas veces sin ninguna prueba o fundamento, en contra de personas u organizaciones que critican las actuaciones del gobierno tengan o no la pretensión de hacerse en lo futuro con el poder político de gobernar.
Así, se difunde la idea de que el aumento brutal de la tasa de muertes violentas y la inseguridad generalizada en que vivimos es de exclusiva responsabilidad de los que gobernaron antes; que el endeudamiento interno y externo (no la adecuada distribución de los recursos públicos) es la única salida para superar la crisis económica y social que sembraron sus adversarios políticos; que los derechos humanos y sus defensores son innecesarios e inconvenientes para la lucha contra el crimen organizado; que los críticos del gobierno deben ser considerados necesaria y obligatoriamente como pillos o que están vinculados a las mafias del país; que es necesario “limpiar” al país de izquierdistas porque impiden el desarrollo y el crecimiento del país desde su igualitarismo que promueve la vagancia, la obesidad del Estado y el paternalismo estatal, etc, etc.
Esta función del relato oficialista activa el odio y el miedo como recursos psicosociales para generar un enemigo interno frente al cual cierren filas las audiencias, para tener una cabeza de turco que expíe los errores del gobierno y, para frenar, por intimidación, a cualquiera que esté pensando en criticar a los gobernantes.
El otro relato
Este relato es producido y difundido por una amalgama difusa de actores políticos, sociales y ciudadanos que, por diversas razones, se oponen a la orientación y la actuación política y económica del gobierno. En tal sentido, el otro relato es producido y difundido por los opositores políticos; por los defensores de derechos humanos; por las organizaciones sociales y gremiales que se sienten perjudicadas por las actuaciones gubernamentales; por los analistas y académicos que juzgan las actuaciones gubernamentales por los datos que tienen respecto de los efectos que estas producen; y, por los ciudadanos que sienten o piensan que es injusto que sus derechos hayan disminuido o no puedan ser ejercidos con el alcance que establece la Constitución o, al menos, con el alcance que tenían hace unos años.
La difusión del otro relato se realiza en unos pocos medios públicos y comunitarios, así como en medios digitales que se auto denominan medios alternativos, los cuales no reciben publicidad estatal, ni han recibido frecuencias, ni tienen vínculos societarios, financieros o familiares con los grupos de poder cercanos a los gobernantes, pero que pueden tener vínculos políticos con los opositores al gobierno.
Las finalidades del otro relato, son, primero, poner en evidencia la banalidad y la irrelevancia de incluir en el relato oficial hechos o actuaciones que no tienen un impacto significativo para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos ni para el cumplimiento de los deberes que tiene los gobernantes respecto de la implementación de políticas públicas que procesen las necesidades, las demandas y las expectativas de los ciudadanos por las vías institucionales con uso de los recursos públicos. Desde esa perspectiva. La ironía e incluso la ridiculización de esas banalidades, que usa el otro relato, busca activar las emociones de indignación y decepción respecto de la narrativa y la conducta del oficialismo. Sin embargo, al darles cabida y hablar de ellas con cierto grado de reiteración, el otro relato contribuye al posicionamiento público de aquello que critica, ironiza o ridiculiza.
La segunda finalidad del otro relato es juzgar, con la mayor severidad posible, las actuaciones de los gobernantes que les parecen erróneas, inconvenientes o injustas, para provocar reacciones de repudio y condena por parte de las audiencias. Para tales efectos, el otro relato aprovecha la inconsistencia o incluso la falsedad evidente de los datos que proporciona la narrativa oficial, como por ejemplo, cuando el presidente anuncia que se han creado mas de ciento cinco mil empleos y los datos del Ministerio de Trabajo o del IESS indican que esto no es verdad y, que por el contrario, se han perdido casi ochenta y tres mil empleos; cuando el presidente afirma que se han reducido los femicidios en un 60% pero en realidad solo han disminuido en un 22%; cuando la ministra del interior señala que las muertes violentas se han reducido en un 99%, pero, en realidad se han reducido solo en 28% ( https://elpais.com/america/2024-05-24/la-popularidad-de-noboa-cae-12-puntos-entre-dudas-sobre-las-cifras-de-seguridad-y-empleo.html).
Asimismo, el otro relato usa los datos de analistas para demostrar la ilegitimidad o la inconveniencia de ciertas decisiones, como por ejemplo, los efectos perjudiciales y la falta de transparencia del endeudamiento externo con el FMI; el aumento de años para alcanzar la jubilación; los efectos reales del alza de combustibles en la economía familiar de las grandes mayorías; las consecuencias de los apagones; la magnitud y las consecuencias de reducir el presupuesto para los servicios públicos de salud o educación o de impedir la contratación de más médicos o educadores, etc., etc.
Sin embargo, la efectividad de esta función del otro relato está atada a dos condiciones. La primera es demostrar rigurosamente la validez de los datos que se usa, porque de lo contrario, se activan acciones judiciales o descalificaciones de los medios oficialistas en contra de los periodistas que difunden el otro relato; y, la segunda, que los datos solo pueden comunicarse realizando comparaciones o análisis racionales, es decir, que es más complicado establecer una narrativa emocional cuando casi la totalidad del contenido a comunicar es racional, por lo que llegan solo a los segmentos que están dispuestos a darse el tiempo de leer, ver o escuchar notas periodísticas que tienen una duración larga y compleja, si se las compara con las notas breves de televisión o de redes sociales que emplea el discurso oficial.
Finalmente, con cierta tangencialidad y timidez, la tercera función del otro relato es recoger y difundir las versiones, pruebas y argumentos de descargo que producen las personas que son acusadas por el relato oficialista de cometer infracciones, tener relaciones ilegitimas con actores delincuenciales, cometer actos de corrupción o ser culpables de los problemas sociales y económicos del país.
Sin embargo, al hacerlo, la racionalidad que implica el análisis exhaustivo de los elementos de descargo también dificulta la activación de los resortes emocionales, esos resortes que usa el relato oficialista para generar adscripciones masivas a narraciones superficiales basadas en afirmaciones, rumores o insinuaciones espectacularizadas, breves y superficiales. Concurrentemente, al poner en debate estas afirmaciones les dan una difusión masiva que contribuye a su posicionamiento público, a menudo, sin lograr desvirtuar las acusaciones y sospechas que promueve el relato oficialista.
El relato de la criminalidad difusa
Este es un relato nuevo, cuyo precursor más visible es el periodista Andersson Boscán, quien recientemente hizo públicos cinco videos de aproximadamente 25 minutos cada uno, a los que tituló “La confesión de Boscán”.
Este es un relato de acoso y derribo contra todo y casi contra todos, en el que se posiciona la idea de que el crimen organizado ha extendido sus tentáculos y cooptado adeptos con capacidad de decisión y de acción en el gobierno nacional, en los gobiernos locales, en el sector empresarial, en el sistema financiero, en la administración de justicia, en la Fiscalía, en la Policía Nacional, en las aduanas, en las Fuerzas Armadas, en los medios de comunicación, en los proveedores del Estado, en los prestadores de servicios públicos, en los ciudadanos empobrecidos e incluso en los negocios y actividades de los ciudadanos comunes.
Es un relato que destroza la legitimidad de toda la arquitectura política, comunicacional o económica que se reivindique a sí misma como democrática, lícita y respetuosa de la Constitución y las leyes. Es un relato que promueve una agresiva desconfianza y la inutilidad de toda vía institucional para procesar el conflicto y el desacuerdo, pues la única voluntad que realmente impera es la de los mafiosos y la pueden hacer valer por la fuerza contra cualquiera. Ellos son los dueños del país y todos los demás solo podemos ser sus rehenes, sus víctimas, sus cómplices, sus operadores o sus encubridores.
En ese sentido, tanto el relato oficialista como el otro relato carecen de verdadero valor, porque no importa lo que se diga, ni cómo se diga, pues en el fondo, de una u otra manera, nadie está a salvo de la poderosa injerencia de las mafias locales e internacionales, que son las que realmente controlan el Estado, la fuerza pública, el tejido económico y productivo, así como los silencios y las voces de quienes hablan en su representación.
De esta forma, el relato de la criminalidad difusa aumenta el miedo, la incertidumbre, la desconfianza y la incredulidad en todo lo que consideramos fundamental en el orden social, jurídico y político. Somos, en consecuencia, un Estado fallido, sin opciones ni normas. Somos un territorio tomado por la violencia, la delincuencia y la corrupción en la que solo caben estrategias de supervivencia como la simulación, el silenciamiento, la permisibilidad, la autopreservación a cualquier costo o a costo de cualquiera.
Este relato que circula progresivamente, con variaciones de énfasis y matices, en medios tradicionales y digitales, ha recibido un potente impulso por la crónica publicada el 17 de junio en New Yorker, titulada “La arriesgada guerra de Ecuador contra los narcos”, escrita por el reconocido periodista Jon Lee Anderson. Aunque el enfoque de esta crónica es distinto al de Boscán, lo cierto es que hay una serie de confluencias que consolidan la narrativa de la criminalidad difusa, apalancada, en esta ocasión, por las afirmaciones del propio presidente de la República en el marco de dicha crónica. Cito a continuación algunas de estas afirmaciones:
“Una semana después del ataque a TC Televisión, el fiscal asignado al caso fue asesinado. En una de nuestras conversaciones, Noboa predijo que habría muchos más asesinatos de este tipo. Ecuador estaba corrupto de arriba a abajo, dijo, infiltrado por los cárteles colombianos, sus homólogos mexicanos y pandillas albanesas.
(…) Noboa describió a Ecuador como un país secuestrado en la complacencia de sus funcionarios. Desde que asumió el cargo, había despedido a los jefes del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La fiscal general, Diana Salazar, había llevado a cabo una investigación denominada caso Metástasis, que descubrió amplias pruebas que supuestamente implicaban a decenas de jueces, fiscales, policías y funcionarios penitenciarios en connivencia con el narcotráfico.
(…) A medida que las sangrientas escaramuzas con los narcos se prolongaban, Noboa parecía cada vez más conspirador. En la conversación, insinuó que algunos de sus rivales políticos tenían relaciones sexuales con menores. Públicamente, se refirió a un juez que lo cuestionó por los derechos de los prisioneros como “antipatriótico” y sugirió que su oposición en la legislatura estaba tratando de “desestabilizar al gobierno”. (https://www.newyorker.com/magazine/2024/06/24/ecuadors-risky-war-on-narcos).
El relato de la criminalidad difusa puede tener un alto o un mediano grado de correspondencia con la realidad del país, eso nadie lo puede medir con exactitud. Por otro lado, tampoco está garantizado que las audiencias acepten las posiciones que Boscán y Noboa ocupan en este relato, en el cual ambos personajes se erigen (desde sus ámbitos de acción) como enemigos del crimen organizado y, por lo mismo, como sus principales objetivos militares. Sin embargo, lo cierto es que esta narrativa resulta altamente persuasiva porque, entre otras cosas, lleva al extremo el uso de los resortes emocionales más atávicos y, por eso mismo, es un relato que se ha vuelto verosímil para muchos y, no olvidemos que, quien controla el relato, controla también a las personas y puede dirigir sus recursos y voluntades en su propio beneficio.