Por Pedro Cornejo Calderón
La crisis institucional en Ecuador ha dejado en evidencia cómo la Corte Constitucional, lejos de actuar como un árbitro independiente, ha sido utilizada al servicio de intereses privados y del poder de turno. Desde el escándalo de la llamada «Corte Cervecera», hasta la manipulación del Consejo de Participación Ciudadana bajo el denominado «Trujillato», las decisiones judiciales han respondido más a estrategias políticas que a principios constitucionales.
La denominada «Corte Cervecera» recibió este nombre debido a su vinculación con un escándalo de corrupción relacionado con la Cervecería Nacional, en el que se evidenció una clara injerencia del poder económico en las decisiones judiciales. Este caso mostró cómo el capital privado ha logrado influir en las resoluciones de la Corte Constitucional para favorecer intereses empresariales y consolidar su dominio sobre el aparato estatal.
Durante el gobierno de Lenín Moreno, el Consejo de Participación Ciudadana, liderado por el Dr. Julio César Trujillo, emprendió una reestructuración institucional bajo el pretexto de “descorreizar” el país. En ese proceso, se removieron magistrados y funcionarios clave, se clausuró temporalmente la Corte Constitucional y se designaron nuevos jueces, afines a los intereses del gobierno de turno. De igual manera, la fiscalía general y la Corte Nacional de Justicia fueron sometidas a cambios que privilegiaron la obediencia al poder por encima de la independencia judicial.
Las consecuencias de este proceso han sido devastadoras para la institucionalidad democrática. La manipulación de organismos como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral ha llevado a decisiones que afectan la participación política, restringiendo la competencia electoral en favor de quienes ostentan el poder. A su vez, la Corte Constitucional ha actuado como un actor político más, validando decisiones gubernamentales cuestionables y evitando pronunciarse con claridad en momentos críticos.
Existen múltiples casos que evidencian cómo la Corte Constitucional ha fallado en favor del poder de turno, legitimando decisiones gubernamentales que atentan contra la institucionalidad democrática. El blindaje a las resoluciones del trujillato, el juicio político a Lasso y la limitaciones al control político, la vista para otro lado mientras se abusaba del derecho para mantener en el cargo a la presidenta de la Asamblea Nacional, la falta de justificación del decretos de emergencia y su ausencia de seguimiento y control, por citar casos emblemáticos.
Un ejemplo reciente es la permisividad de la Corte frente a la designación irregular de una segunda vicepresidenta, permitiendo la coexistencia de dos figuras con el mismo cargo, algo sin precedentes y en clara violación de la Constitución. Asimismo, ha sido cómplice al no pronunciarse de manera contundente sobre decretos ejecutivos que consolidan la concentración del poder en el Ejecutivo, facilitando el uso arbitrario de la institucionalidad para fines políticos.
El reciente fallo de la Corte sobre los decretos ejecutivos que encargan la presidencia ha evidenciado estas dinámicas. En lugar de establecer una postura firme en defensa de la Constitución, la Corte ha emitido una resolución ambigua, permitiendo que el Ejecutivo continúe tomando decisiones que generan inestabilidad democrática e institucional. Esta falta de claridad solo contribuye a que el gobierno en funciones continúe gobernando con base en interpretaciones convenientes de la Constitución y la ley, sin un verdadero contrapeso judicial.
Los argumentos esgrimidos por la Corte en su fallo dejan vacíos estratégicos que el poder ha utilizado para justificar decisiones arbitrarias e inconstitucionales. La negativa a pronunciarse sobre lo que debe entenderse por “fuerza mayor” o “caso fortuito” ha permitido que el Ejecutivo use estos términos para justificar su actuar irregular. La omisión en abordar el problema de la coexistencia de dos vicepresidentas, una elegida legítimamente y otra designada por decreto, refleja una actitud de complacencia frente a la erosión institucional.
Bajo este modelo de gobierno neoliberal, en el que la democracia es vista como un mero instrumento para la acumulación de riqueza y poder, la garantía de derechos y el bienestar ciudadano quedan relegados a un segundo plano. La Corte Constitucional, en lugar de ser un guardián de la Constitución, se ha convertido en un mecanismo de validación de los intereses de las élites económicas y políticas.
La democracia, la estabilidad institucional y la defensa de lo público son esenciales para garantizar el bienestar de la población y el ejercicio pleno de sus derechos. Solo en un marco democrático sólido se pueden aplicar programas de gobierno que prioricen las necesidades del pueblo y resistan la influencia de poderes fácticos. Si se permite que la institucionalidad sea secuestrada por quienes buscan consolidar su dominio, cualquier intento de gobernar en favor de las mayorías estará condenado al fracaso.
Es urgente que la ciudadanía tome conciencia del peligro que representa esta instrumentalización de la justicia. Una Corte Constitucional verdaderamente independiente debe garantizar la plena vigencia y aplicación de la Constitución, frenar el abuso de poder y proteger los derechos de todos los ciudadanos. No puede, a través de argucias jurídicas, permitir la violación de normas fundamentales, la desestabilización de las instituciones y el debilitamiento de los valores democráticos.
Frente a las próximas elecciones, es fundamental que el electorado vote con conciencia, pensando en la defensa de la democracia, la estabilidad institucional y la protección de sus derechos. Si se quiere garantizar un futuro basado en la justicia y el bienestar colectivo, es momento de rechazar la manipulación de la justicia y exigir instituciones verdaderamente autónomas e imparciales.