Por Romel Jurado Vargas
El caso de los cuatro niños de Las Malvinas, ocurrido en diciembre de 2024 en Guayaquil, donde Nehemías, Josué, Ismael y Steven fueron detenidos, torturados y posiblemente asesinados por una patrulla de 14 militares ecuatorianos, ofrece un contexto trágico para analizar cómo las dinámicas de poder, obediencia a la autoridad y deshumanización pueden conducir a actos de extrema crueldad.
Desde la perspectiva de los experimentos de la prisión de Stanford (1971) y de Milgram (1963), este análisis explora cómo las condiciones situacionales, los roles sociales y la obediencia a la autoridad pueden moldear conductas inhumanas, incluso en personas que no necesariamente tienen predisposiciones sádicas o que incluso son considerados por sus familiares y amigos como buenas personas.
Contexto del caso de los niños de Las Malvinas
Los cuatro niños, que regresaban de jugar fútbol en su barrio, fueron interceptados por militares en el marco de una estrategia de militarización de la seguridad pública impulsada por el decreto de «conflicto armado interno» emitido por el presidente Daniel Noboa.
Según reportes periodísticos basados en la reconstrucción de los hechos realizada por orden judicial, los menores fueron torturados brutalmente y sus cuerpos incinerados fueron encontrados posteriormente, lo que ha generado indignación y señalamientos de desaparición forzada. Organizaciones de derechos humanos han atribuido estos hechos a la criminalización de la pobreza y el perfilamiento racial, prácticas legitimadas por el gobierno y autoridades militares y policiales desde un discurso de «mano dura» contra el crimen. Se han formulado cargos contra 16 militares, con prisión preventiva para algunos, mientras la sociedad ecuatoriana enfrenta una crisis de confianza en las Fuerzas Armadas y el Estado.
El experimento de la prisión de Stanford (1971)
El experimento de Philip Zimbardo en la Universidad de Stanford buscó estudiar el impacto de los roles sociales y el entorno en el comportamiento humano. Veinticuatro estudiantes fueron asignados aleatoriamente como «guardias» o «prisioneros» en una prisión simulada. Los resultados fueron alarmantes: los guardias, sin instrucción explícita de usar violencia física, adoptaron conductas abusivas y sádicas, mientras los prisioneros mostraron sumisión y/o angustia extrema. El experimento, previsto para dos semanas, fue suspendido tras seis días debido al sufrimiento de los participantes. Zimbardo concluyó que las situaciones extremas pueden transformar a personas «buenas» en perpetradores de maltrato o víctimas pasivas, apoyando la teoría de la atribución situacional sobre la teoría disposicional de las conductas humanas.
Aplicación al caso de Las Malvinas
Roles sociales y poder: en el caso de los niños de las Malvinas, los militares asumieron el rol de «justicieros directos» en un contexto de militarización, donde se les otorgó autoridad sin límites para mantener el orden, incluso bajo la promesa del presidente Noboa de indultar a los miembros de la fuerza pública por actos de servicio que merecieran una pena privativa de libertad. Como en el experimento de Stanford, esta autoridad, combinada con la percepción de los niños como «sospechosos» debido a su origen socioeconómico y racial, pudo haber facilitado la deshumanización de las víctimas y de los perpetradores. Los militares, al identificarse plenamente con su rol de “justicieros”, podrían haber internalizado una dinámica de poder ilimitado que explica la realización sádica de los actos de tortura, similar a cómo los guardias de Stanford escalaron sus castigos, las humillaciones y el sadismo de sus actuaciones.
Deshumanización: en el experimento de Stanford, los prisioneros fueron despojados de su identidad (numerados, vestidos con batas humillantes, desnudados, separados), lo que facilitó el abuso. En el caso de los 4 niños de las Malvinas, el perfilamiento racial y la criminalización de la pobreza pudieron haber deshumanizado a los niños, convirtiéndolos en «enemigos» o «delincuentes» a los ojos de los militares y justificando, para los perpetradores, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que ejecutaron.
El entorno de «guerra interna» o “conflicto armado interno”, declarado por el gobierno ecuatoriano en abril de 2024, creó una atmósfera de “situación de excepcionalidad continua” que, como en Stanford, legitimó comportamientos extremos. La falta de supervisión directa (similar a la ausencia de control en el experimento) pudo haber permitido a los militares actuar sin restricciones, escalando la violencia hasta llegar al sadismo de la tortura y, posiblemente, del asesinato.
Sobre la predisposición al sadismo: algunos críticos al experimento de Stanford, como Erich Fromm, argumentaron que las personalidades individuales influyen más que la situación a la que son expuestos los individuos y que los test psicológicos, realizados para seleccionar a los participantes en el experimento, no lograron predecir el sadismo con que actuaron los estudiantes que desempeñaron el rol de guardias. En el caso ecuatoriano, no se sabe si los 14 militares tenían predisposiciones sádicas, las cuales no fueron detectadas por los exámenes psicológicos de ingreso las Fuerzas Armadas o por los controles psicológicos que periódicamente deberían realizarse a los militares en servicio activo, pero, el contexto de impunidad y legitimación social de la «mano dura», probablemente amplificó cualquier tendencia agresiva que pudieron tener estos militares.
Por lo expuesto en el párrafo anterior, pudo haber personas normales entre los 14 militares que detuvieron a los 4 niños de las Malvinas, así como personas con predisposición al sadismo, pero, el hecho cierto, es que todos ellos participaron, en diferente grado, en la detención y tortura de las víctimas; que todos ellos inicialmente negaron la realización de cualquier conducta inmoral o ilegal; y, que todos ellos defendieron su actuación como una conducta profesional adaptada a las exigencias del “conflicto armado interno” declarado por el gobierno nacional.
Las declaraciones de las autoridades estatales: en esa misma línea de defensa y justificación de las actuaciones de los militares involucrados, se produjeron las declaraciones del Ministro de Defensa, Gian Carlo Lofredo, y del jefe del Comando Conjunto, Gnral. Jaime Vela. En efecto, las declaraciones de estos altos cargos del Estado sostuvieron una postura inicial de negación de responsabilidad directa de las Fuerzas Armadas, intentos de justificar las acciones militares y promesas de transparencia, aunque con contradicciones y críticas realizadas por parte de la sociedad civil, universidades y organismos de derechos humanos.
Al respecto, el ministro Loffredo afirmó que los cuatro “menores” fueron detenidos por una patrulla de 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) el 8 de diciembre de 2024, en el sector de Las Malvinas, Guayaquil, por un supuesto «acto de flagrancia» relacionado con un presunto robo a una mujer cerca del Mall del Sur. Según él, la detención no fue parte de un operativo planificado, sino una acción improvisada de los militares que regresaban de escoltar un camión hacia la Aduana de Guayaquil.
Loffredo sostuvo que los menores fueron trasladados hacia la Base Aérea de Taura, pero que los militares decidieron «liberarlos» en el camino, debido a la falta de una denuncia formal por el supuesto robo. Esta decisión, según él, fue un error, ya que los menores debieron ser entregados a la Policía Nacional.
Además, Loffredo criticó repetidamente los intentos de calificar el caso como una «desaparición forzada», argumentando que hacerlo era «hacerle el juego al crimen organizado» y que no había evidencia de participación directa de las Fuerzas Armadas en actos posteriores a la detención. También acusó a sectores políticos, especialmente al correísmo, de usar el caso para desestabilizar al gobierno.
En las comparecencias ante la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, realizadas en diciembre de 2024, Loffredo prometió «no encubrir a nadie» y actuar con «total transparencia» para esclarecer el paradero de los menores. Ordenó al comandante de la FAE, Celiano Cevallos, entregar un informe detallando los hechos.
El 6 de enero de 2025, en una cadena nacional ordenada por la jueza Tanya Loor, Loffredo ofreció disculpas públicas a las familias de los menores, expresando que sentía «mucho lo acontecido» y que la sociedad había visto «la máxima degradación posible en este caso». Sin embargo, mantuvo que no había participación directa ni indirecta de las Fuerzas Armadas en una desaparición forzada y cuestionó la decisión judicial de Loor, acusándola de ser parte de una «persecución política».
Por su parte, el Gnrl. Jaime Vela, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas expresó, en diciembre de 2024, su «indignación» por la desaparición de los menores en mensajes publicados en X, pero enfatizó que el caso no debía «lesionar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas». Prometió no descansar hasta dar respuestas a los padres y al país, asumiendo un «compromiso personal».
Sin embargo, en una declaración conjunta del Bloque de Seguridad, realizada el 21 de diciembre de 2024, Vela reforzó la narrativa de Loffredo, asegurando que se descartaba cualquier participación de las Fuerzas Armadas en hechos posteriores a la detención inicial de los menores y atribuyó la desaparición de los 4 niños de las Malvinas a «grupos delincuenciales».
El experimento de Milgram (1963)
El experimento de Stanley Milgram en Yale investigó la obediencia a la autoridad, inspirado por los juicios de Nuremberg, donde nazis alegaron haber actuado bajo órdenes superiores como justificación última de sus atroces conductas.
Milgram reclutó a 40 voluntarios que, creyendo participar en un estudio sobre memoria, administraban «descargas eléctricas» (que realmente nunca se efectuaron, aunque simularon realizarse) a un «alumno» cada vez que este erraba, bajo las órdenes de un “investigador científico”.
Sorprendentemente, el 65% de los participantes aplicaron la descarga máxima de 450 voltios, a pesar de escuchar gritos de dolor, porque una autoridad (el investigador a cargo del experimento) asumía la responsabilidad moral del cumplimiento de la orden. Milgram concluyó que la obediencia a la autoridad puede anular los valores morales, convirtiendo a personas comunes en perpetradores de actos de crueldad.
Aplicación al caso de Las Malvinas:
Obediencia a la autoridad como causa de justificación: Los militares ecuatorianos operaban bajo una cadena de mando en un contexto de «conflicto armado interno», donde las órdenes de combatir el crimen organizado podrían haber sido interpretadas como un mandato para actuar con extrema severidad en contra de las personas que encajan en el perfil del “enemigo interno”.
De manera similar a lo sucedido en el experimento de Milgram, es probable que los soldados justificaran moral e incluso misionalmente sus acciones (detención arbitraria, tortura y posible asesinato) al considerarse agentes y/o representantes de una autoridad superior, encarnada en sus oficiales superiores, los ministros del gobierno nacional y/o del propio presidente de la República que declaró el conflicto armado interno, por lo que, desde su perspectiva, las actuaciones de los militares podían ser descargadas moralmente en las autorizaciones, instrucciones u órdenes que recibieron o creyeron recibir de quienes ejercen esta autoridad superior sobre ellos.
Legitimación de la violencia: en el experimento de Milgram se demostró que los participantes continuaban aplicando descargas porque creían contribuir a un bien mayor: el progreso de la ciencia. En Ecuador, la legitimación de las violaciones a los derechos humanos a la integridad, a la vida, a la libertad, al principio de inocencia, al debido proceso, al juicio justo e imparcial, parecen justificarse desde el discurso del conflicto armado interno, declarado por el gobierno nacional en abril de 2024. Es decir, que todas estas violaciones se validan moralmente en la idea de que ganar el conflicto armado interno es un fin superior a tales derechos y a las personas que son víctimas de las agresiones que realizan los agentes del Estado en el ámbito del control de la seguridad, la investigación fiscal, el procesamiento judicial e incluso en la producción y difusión de la comunicación social sobre estos casos.
El conflicto interno y la construcción expansiva del enemigo interno: La declaración de conflicto armado interno inicialmente focalizó el perfil del enemigo interno en 22 grupos de delincuencia organizada a los cuales se les denominó como “terroristas”, grupos que debían ser combatidos con la fuerza de las armas por los miembros de la Fuerza Pública. Sin embargo, progresivamente la denominación de “terrorista” se extendió a cualquier persona que cometa un delito común violento; y, la sospecha de ser terrorista se extendió a las personas que pertenecen o son identificadas con grupos humanos empobrecidos, marginalizados y racializados, como sucedió en el caso de los 4 niños de las Malvinas.
Lastimosamente, las dificultades sociales y políticas que debía enfrentar el gobierno del presidente Noboa, propició que la identidad de “terroristas” fuera extendida progresivamente a los miembros de los pueblos y nacionalidades indígenas que plantearon reivindicaciones de sus derechos colectivos y propusieron organizarse o movilizarse para defenderlos, como sucedió en los casos de Palo Quemado y Las Pampas, en la provincia de Cotopaxi, en marzo y abril 2024, en la que 70 comuneros fueron acusados de «terrorismo» por la minera canadiense Atico Mining, con el respaldo del gobierno, tras protestar contra el proyecto minero La Plata, las comunidades denunciaron que la consulta ambiental fue impuesta bajo condiciones de militarización, violencia policial y amenazas; otro caso, fue el rechazo que realizó la CONAIE y la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos a la criminalización a personas campesinas defensoras del agua, la naturaleza y derechos humanos que se oponen a la explotación minera del proyecto Curipamba el Domo, ubicado en el cantón Las Naves, que fue concesionado por el Estado ecuatoriano a la compañía Curimining S.A., sin un proceso de consulta previa, libre e informada; y, finalmente, las acusaciones iniciales de obstrucción y sabotaje que autoridades gubernamentales lanzaron contra los integrantes de las comunidades indígenas de Archidona que protagonizaron, en diciembre de 2024, protestas contra la construcción de una prisión de máxima seguridad en su territorio.
Las constantes declaraciones de los Ministros de Gobierno, Defensa y del propio Presidente de la República señalando que determinadas organizaciones sociales o políticas, determinados candidatos o actores políticos o determinados cargos de elección popular, como asambleístas alcaldes y prefectos, buscan desestabilizar al gobierno, que mantienen nexos u obtienen financiamiento de grupos de delincuencia organizada o que realizan junto a sus familias actos ilícitos, coloca a todos estos grupos y personas, por pertenencia o por conexidad, dentro del perfil del “enemigo interno”; y, al mismo tiempo, posibilita que las instituciones estatales de control, autoridades electorales, fiscales, jueces, los propios funcionarios del Ejecutivo e incluso miembros de la fuerza pública se sientan autorizados a no respetar sus derechos fundamentales o a aplicar discrecionalmente el poder del Estado en su contra, de forma arbitraria y violenta.
El valor de lo aprendido: los experimentos de la prisión de Stanford y de Milgram nos ofrecen valiosos elementos para analizar la conducta de los militares en el caso de las terroríficas violaciones de derechos producidas en contra de los 4 niños de las Malvinas que fueron detenidos ilegalmente, torturados, desaparecidos, asesinados e incinerados; y, también, sobre la crueldad e incluso el sadismo de quienes minimizan estos actos, los niegan, los justifican o ponen las culpas sobre los padres de los niños o sobre los propios niños.
También, nos proporcionan elementos para entender y explicar cómo y por qué es posible que personas normales, que son servidores públicos de las diferentes funciones del Estado, que tienen familias a las que tratan con respeto, cuidado y ternura, puedan hacer cosas horribles en contra de otras personas que ni siquiera conocen, pero que las identifican, por cualquier causa, como “el enemigo interno” al que hay que escarnecer, insultar, degradar, perseguir, encarcelar, empobrecer e incluso eliminar.
A esa legión de hombres y mujeres que internamente desean la destrucción de quien consideran “el enemigo interno” les dedico este artículo, con la esperanza de que todo acto de poder que realicen en uso de una potestad pública o privada sea evaluado desde la moralidad y la legalidad, antes de ser ejecutado.