Por Juan J. Paz y Miño Cepeda
Desde la época de las independencias a inicios del siglo XIX América Latina lleva dos siglos de construcción de los derechos humanos en sus distintas manifestaciones y en medio de procesos económicos, conflictos entre clases, vorágines políticas y hasta tragedias sociales.
Los derechos de primera generación surgieron bajo la influencia de la Ilustración y la Revolución Francesa (1789), centrados en la libertad individual, la igualdad ante la ley y la participación política. Estos ideales se concretaron en las primeras constituciones del siglo XIX, como las de Venezuela de 1811, México de 1814, Colombia de 1821 y Argentina de 1853. Ese avance fue impulsado por los liberales, mientras el conservadurismo defendía el orden tradicional y la influencia de la Iglesia. En ese contexto, Benito Juárez se convirtió en una figura clave, al ser artífice del Estado laico moderno en México. Sus Leyes de Reforma, (entre 1855 y 1863), separaron la Iglesia del Estado, establecieron el matrimonio civil y fortalecieron la educación pública. Con la Constitución de 1857 se aseguraron los derechos fundamentales. Juárez defendió la soberanía nacional ante la invasión francesa, sentando las bases del principio de autodeterminación de los pueblos. En Cuba destacó José Martí (1853-1895), quien abogó por la libertad política con justicia social, el antimperialismo y la dignidad del ser humano, unidos a la lucha por la independencia del país. Otro ejemplo está en la Revolución Liberal de Eloy Alfaro en Ecuador (1895), que consolidó el laicismo, la educación gratuita, la libertad de prensa y amplios derechos civiles en las Constituciones de 1897 y 1906 que, además, abolió la pena de muerte por delitos comunes y políticos.
Pero la expansión del capitalismo latinoamericano generó nuevas desigualdades que las libertades formales no resolvían. Surgió entonces el movimiento obrero, que cobró fuerza en México, Argentina, Chile y Brasil, reclamando condiciones de trabajo dignas, salario justo y protección social. Gracias a sus luchas nacieron los derechos de segunda generación, orientados a la justicia social, el trabajo digno y el bienestar colectivo. La Constitución mexicana de 1917 fue la primera en el mundo en incorporar derechos laborales, educación gratuita y propiedad social de la tierra. Este hito inspiró el constitucionalismo social de todo el continente, expresado en Ecuador en la pionera Constitución de 1929, continuada por la de 1945. Líderes como Lázaro Cárdenas, Getúlio Vargas y Juan Domingo Perón ampliaron el papel del Estado en la protección de los trabajadores con políticas de bienestar.
El auge del desarrollismo en las décadas de 1950 a 1970 consolidó los derechos sociales en la región. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) promovió un Estado planificador. En Ecuador y otros países andinos se impulsaron reformas agrarias y afianzó el ideal por un progreso con justicia. Además, el impacto de la Revolución Cubana de 1959 modificó de raíz el escenario regional, pues el giro hacia los derechos sociales y colectivos demostró significativos logros en educación y salud. Cuba también reivindicó el derecho de los pueblos a la soberanía y la autodeterminación, confrontando a los Estados Unidos.
En esas nuevas condiciones históricas provocadas por el desarrollismo, la Revolución Cubana y hasta las reacciones que ésta provocó, surgieron movimientos de liberación nacional, procesos de reforma social y nuevas constituciones y leyes que reconocieron los derechos colectivos y la equidad. De este modo se afirmaron los derechos de tercera generación, centrados en la solidaridad, la paz y el desarrollo económico. Se completó así un extenso cuadro de derechos humanos reconocidos en toda Latinoamérica, a pesar de las violaciones que continuaron con dictaduras y, sobre todo, con gobiernos militares anticomunistas, como ocurrió, en forma grave y sistemática, en el Cono Sur. A fines del siglo XX, además del tradicional movimiento obrero y de la constante presencia campesina, en países como Ecuador, Bolivia, Guatemala, Perú o México se definió la lucha reivindicativa de las poblaciones indígenas por sus territorios, identidad cultural y autonomía.
El panorama contemporáneo está marcado por la disputa entre neoliberalismo y progresismo. Desde la década de 1980, las políticas neoliberales redujeron el papel del Estado, privatizaron servicios públicos y alentaron la competitividad empresarial. Pero si bien atendieron las “libertades” del mercado, resultaron debilitados los derechos individuales, sociales y comunitarios, acentuando así las desigualdades y beneficiando a élites económicas. Como reacción, la “marea progresista” latinoamericana del siglo XXI, con líderes como Lula da Silva, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y José Mujica, logró recuperar el camino hacia economías sociales con bienestar, buscando conciliar el mercado con democracia, redistribución de la riqueza, inclusión social y soberanía. Estos gobiernos ampliaron derechos laborales, de género, indígenas y ambientales. Ecuador y Bolivia proclamaron Estados plurinacionales. Y la Constitución ecuatoriana de 2008 ha sido reconocida mundialmente como la primera en fijar derechos de la naturaleza e incorporar los principios del Sumak Kawsay o Buen Vivir.
Con el avance tecnológico y científico del siglo XXI se ha abierto un nuevo horizonte para los derechos de cuarta generación, que abarcan la protección de datos personales, el acceso universal a Internet, la identidad digital y la bioética. México reconoció el acceso a Internet como derecho constitucional en 2013, mientras Argentina, Chile y Ecuador avanzaron en leyes de protección de datos. A su vez, comienzan a formularse los derechos de quinta generación, orientados a garantizar la sostenibilidad planetaria, la paz y la preservación de las generaciones futuras. Aunque aún no plenamente codificados, América Latina ha sido pionera en su formulación.
El problema que enfrenta la región en la actualidad es el surgimiento de gobiernos civiles de origen electoral o por los congresos, pero que instalan regímenes autoritarios de orientación exclusivamente empresarial y derechista, que han afectado los derechos humanos originados en diversos ciclos históricos, como los laborales y económicos. No solo impiden el bienestar general, sino que incursionan abiertamente contra los derechos individuales, es decir, de primera generación: justifican el uso de la fuerza, utilizan el encarcelamiento arbitrario e ignoran las torturas, criminalizan todo movimiento social, ejecutan la persecución y marginación de cualquier progresismo, penalizan las opiniones críticas y hasta llegan a inclinarse por resucitar la pena de muerte.
En consecuencia, en América Latina se concentran los grandes desafíos ante la vulnerabilidad humana que proviene no solo del poder político, sino también del control tecnológico, la manipulación de la información, las geoestrategias neomonroístas y la pérdida de la conciencia histórica sobre el origen y trascendencia de los derechos y de las fuerzas que los promovieron y conquistaron.